/ jueves 26 de mayo de 2022

Enrarecen Federación y Estado caso Luis Enrique

Por segunda ocasión, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez le refutó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal los supuestos avances que registra la investigación sobre el asesinato del columnista Luis Enrique Ramírez Ramos, y en ese binomio de desencuentros, se refuerza la confusión que tira momentáneamente hacia el enredo.

Una línea de discordancia comenzó a marcar las diferencias que existen entre ambos niveles de autoridad en un caso que requiere de urgente solución, pero que emite luces indicativas muy rojas, que anticipan que algo no anda bien entre éstos.

En principio, creo que no logran ponerse de acuerdo en un tema tan delicado para el gremio periodístico de Sinaloa y de México.

La dama desmintió primero al Subsecretario Ricardo Mejía por alertar prácticamente a los probables responsables del crimen, de que estaban plenamente identificados.

Y luego, a la titular de la SSPF, Risa Icela Rodríguez que soltó sin miramientos que se libraron órdenes de aprehensión al respecto. Nada más falso o a la ligera, lo que ambos funcionarios dijeron solamente para presentar trabajo.

La ex jueza local salió a atajar lo que expresaron y que más parece que se trata de adelantar vísperas a lo que en realidad no existe. Asimismo el apuro con que se manejan desde la Ciudad de México, implica que en la labor investigativa, no hay una pizca de coordinación.

¿Por qué ese afán de acelerar lo que no se puede, cuando no se cuenta con los suficientes elementos para actuar?

Necesariamente tal actitud que despierta sospechas habrá que sopesarse con seriedad y responsabilidad por quienes realmente con honestidad intentan perseguir y castigar el ataque que privó de la vida al columnista.

Lo cierto es que ni en la capital del país ni en la entidad, logran algo en claro y al paso que va todo, lo volverán cuento.

Qué tristeza e impotencia para una sociedad y un sector de comunicadores que quisiera, más no puede festejar una Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado que pudo parirse como recién sucedió, sobre un pergamino de “letras muertas”.

Llega Jaime Montes a la antesala.

Jaime Montes, secretario de Agricultura del Gobierno del Estado, se ubica en la antesala de los aspirantes a salir del gabinete. Trae un desparpajo en su área que no le ayuda para terminar los meses que vienen.

Y no es de asombrar su falta de ánimo para gestionar y resolver las demandas de los productores del campo. Como coordinador de Programas Federales “nadó de muertito” durante toda su estancia y por derecho de cuota política le rebotó el cargo que hoy maneja sin darle la importancia que requiere.

Le gusta disfrutar de lo bueno y se pasea más por presunción que por cumplir con el encargo que tiene.

También le atiza al clima de tensión que el gobernador Rubén Rocha Moya, reconoció que existe en casi todas las dependencias, entre titulares y subordinados, que no le abona algo positivo al servicio que se pretende ofrecer a los ciudadanos.

No tardan en brotar las inconformidades a los espacios públicos contra este funcionario, que propaga su soberbia, por donde pasa.

La Liga Agraria, sin cuotas y sin edificio.

La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, yace sin cuotas y sin edificio. Y gradualmente se queda sin empleados que por años se acumularon en los tiempos de jauja, cuando como una poderosa central le tocó colocar candidatos al Senado, a diputados locales y federales, asi como a alcaldías en el estado.

Hay que recordar que con Víctor Gandarilla Carrasco en la estatal Confederación Nacional Campesina, se obtuvieron los resultados más más productivos en presidencias municipales. Donde pusieron abanderados arrasaron. Qué tiempos aquellos.

Sin embargo, como la manipularon los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional a su antojo, prácticamente es un cero a la izquierda. La prueba está en que uno de sus últimos directivos, puso a nombre del tricolor las instalaciones de la otrora LCA.

Los campesinos no pudieron escaparse de las garras de la corrupción y podredumbre que caracterizaron a muchos de los personajes priistas que se beneficiaron sin merecerlo del voto verde.

Actualmente, su directivo Miguel Ángel López Miranda, lucha contra corriente por un sueño que podría convertirse en pesadilla por la extinción a que se acerca.

Por segunda ocasión, la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez le refutó a la Secretaría de Seguridad Pública Federal los supuestos avances que registra la investigación sobre el asesinato del columnista Luis Enrique Ramírez Ramos, y en ese binomio de desencuentros, se refuerza la confusión que tira momentáneamente hacia el enredo.

Una línea de discordancia comenzó a marcar las diferencias que existen entre ambos niveles de autoridad en un caso que requiere de urgente solución, pero que emite luces indicativas muy rojas, que anticipan que algo no anda bien entre éstos.

En principio, creo que no logran ponerse de acuerdo en un tema tan delicado para el gremio periodístico de Sinaloa y de México.

La dama desmintió primero al Subsecretario Ricardo Mejía por alertar prácticamente a los probables responsables del crimen, de que estaban plenamente identificados.

Y luego, a la titular de la SSPF, Risa Icela Rodríguez que soltó sin miramientos que se libraron órdenes de aprehensión al respecto. Nada más falso o a la ligera, lo que ambos funcionarios dijeron solamente para presentar trabajo.

La ex jueza local salió a atajar lo que expresaron y que más parece que se trata de adelantar vísperas a lo que en realidad no existe. Asimismo el apuro con que se manejan desde la Ciudad de México, implica que en la labor investigativa, no hay una pizca de coordinación.

¿Por qué ese afán de acelerar lo que no se puede, cuando no se cuenta con los suficientes elementos para actuar?

Necesariamente tal actitud que despierta sospechas habrá que sopesarse con seriedad y responsabilidad por quienes realmente con honestidad intentan perseguir y castigar el ataque que privó de la vida al columnista.

Lo cierto es que ni en la capital del país ni en la entidad, logran algo en claro y al paso que va todo, lo volverán cuento.

Qué tristeza e impotencia para una sociedad y un sector de comunicadores que quisiera, más no puede festejar una Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado que pudo parirse como recién sucedió, sobre un pergamino de “letras muertas”.

Llega Jaime Montes a la antesala.

Jaime Montes, secretario de Agricultura del Gobierno del Estado, se ubica en la antesala de los aspirantes a salir del gabinete. Trae un desparpajo en su área que no le ayuda para terminar los meses que vienen.

Y no es de asombrar su falta de ánimo para gestionar y resolver las demandas de los productores del campo. Como coordinador de Programas Federales “nadó de muertito” durante toda su estancia y por derecho de cuota política le rebotó el cargo que hoy maneja sin darle la importancia que requiere.

Le gusta disfrutar de lo bueno y se pasea más por presunción que por cumplir con el encargo que tiene.

También le atiza al clima de tensión que el gobernador Rubén Rocha Moya, reconoció que existe en casi todas las dependencias, entre titulares y subordinados, que no le abona algo positivo al servicio que se pretende ofrecer a los ciudadanos.

No tardan en brotar las inconformidades a los espacios públicos contra este funcionario, que propaga su soberbia, por donde pasa.

La Liga Agraria, sin cuotas y sin edificio.

La Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos, yace sin cuotas y sin edificio. Y gradualmente se queda sin empleados que por años se acumularon en los tiempos de jauja, cuando como una poderosa central le tocó colocar candidatos al Senado, a diputados locales y federales, asi como a alcaldías en el estado.

Hay que recordar que con Víctor Gandarilla Carrasco en la estatal Confederación Nacional Campesina, se obtuvieron los resultados más más productivos en presidencias municipales. Donde pusieron abanderados arrasaron. Qué tiempos aquellos.

Sin embargo, como la manipularon los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional a su antojo, prácticamente es un cero a la izquierda. La prueba está en que uno de sus últimos directivos, puso a nombre del tricolor las instalaciones de la otrora LCA.

Los campesinos no pudieron escaparse de las garras de la corrupción y podredumbre que caracterizaron a muchos de los personajes priistas que se beneficiaron sin merecerlo del voto verde.

Actualmente, su directivo Miguel Ángel López Miranda, lucha contra corriente por un sueño que podría convertirse en pesadilla por la extinción a que se acerca.