Por abonar confusión al caso de las 66 personas que desaparecieron en marzo pasado a manos de grupos delictivos, entre los que se contabilizaron mujeres, infantes y varones, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, está en una posición muy grave. Al igual que la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez, que salió a enrarecer el curso del asunto, deberán pagar las consecuencias, porque le “echaron más leña al fuego”.
Los datos que el fin de semana reciente, reveló el primero a manera de festejo por exponer una primicia ante la sociedad, le rebotaron en su cara con un vertiginoso efecto de boomerang.
En el interés de ganar los espacios de la opinión pública o aparentemente por otros que lo hacen ver como sospechoso de una trama, manifestó sobre la aparición de 8 individuos restantes que fueron víctimas de secuestro por hombres armados en la fecha en cuestión y que al paso de los días su cautiverio se prolongó sin lograrse resultados positivos en la búsqueda que activaron las autoridades de todos los niveles.
En tanto, los familiares de las víctimas lo desmintieron con una rapidez inusitada al asegurar que jamás regresaron a sus casas.
La versión, se fue por la borda al ser descubierto que no confirmó ni cotejó con otras instituciones del área, la veracidad de los hechos.
El militar, lo puso sobre la Mesa de Seguridad que todos los días sesiona, y por desgracia, así lo sostuvo ante el gobernador Rubén Rocha Moya quien también salió a dar la cara.
La cadena de repercusiones no quedó allí, porque a su vez, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo ratificó en una de sus conferencias mañaneras. Cayó en la sucia jugada ante millones de mexicanos y de figuras internacionales que están pendientes de todo lo que hace y no hace el Gobierno Federal.
¿Por qué el titular de la SSPE, no informó correctamente a sus superiores de una temática tan delicada que preocupa y angustia a la ciudadanía?
Es lo que precisamente, las instancias en la materia tendrán qué investigar, particularmente cuando a este personaje lo recomendaron los mandos del Ejército Mexicano para que el mandatario local lo nombrara en el cargo que actualmente desempeña y además lo hace con ineficacia y yerros.
¿Qué lo obligó a ventilar informaciones que no son ciertas?
O, ¿Qué otra cosa hay detrás de ello?
Sin que la cosa terminara asi, juntos de nuevo con la representación de la Fiscal General del Estado, convocaron a una conferencia en la que contaminaron más el ambiente social y político.
La dama se concretó a leer un comunicado sin sustancia y no aceptó preguntas de los medios de comunicación. Para los presentes, fue prácticamente imposible entender lo que en el fondo, ella quiso comunicar.
Porque lo que hizo, fue enredar más el tema. Sara Bruna Quiñónez se basó en hipótesis o supuestos de que no se interpusieron recursos para abrir carpetas de investigación a solicitud de los afectados o de sus familias y por eso no actuaron. Manejó como un gran descubrimiento jurídico comunitario, la posibilidad de que los captores del más de medio centenar de vecinos, recibieron amenazas de los criminales para que callaran y mintieran.
Más nunca asumió que sus consideraciones no pueden limitarse a las cómodas suposiciones.
¿Qué no tiene el equipo humano y material moderno, la metodología y la experiencia para procesar en limpio que es lo que sucedió antes, durante y después de los sucesos en mención?
Para saber científicamente, ¿quiénes los plagiaron, cómo, en dónde y quienes son los que retornaron con sus familias y quienes no?
Porque asomarse entonces a dificultar más el momento.
Aunque la FGE presume de su autonomía, el Congreso del Estado, deberá actuar por fuerza. La posición errática de la dama, está para que igualmente, sea objeto de una consecuencia contundente por su pasividad y desgano.
