La constante parece ser que en los municipios con poco presupuesto, hay alcaldes y alcaldesas con sueldos de lujo, lo que los convierten en parte de la burocracia dorada que habita estas tierras sinaloenses.
El Sol de Sinaloa realizó el ejercicio de transparencia al comparar los salarios de los 18 alcaldes con el que tiene asignado el gobernador Rubén Rocha Moya, que ronda en los 78 mil pesos con impuestos incluidos.
La sorpresa es que hay alcaldes como Armando Camacho, a quien conocen como El Iguano, de Salvador Alvarado, que aparece en Transparencia con un ingreso total de poco más de 200 mil pesos, o al menos eso reportan sus trabajadores del área de acceso a la información.
De confirmarse ya con las transferencias y talones de cheque que ya han sido solicitados por este medio, estamos frente a un monumental derroche con un alcalde tan caro, para resultados tan mediocres.
Pero la peor grosería al pueblo alvaradense es que se trata de un municipio con un presupuesto modesto, que debería servir para resolver los servicios inmediatos a los ciudadanos.
En Sinaloa, la Constitución y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reformada en 2018 por el Congreso de mayoría morenista, fijó como tope el sueldo del jefe del Ejecutivo en turno para los salarios, aunque desde luego, los alcaldes señalados en estas páginas podrán decir que el artículo 115 constitucional le da a los Municipios autonomía para disponer del presupuesto.
En Sinaloa de Leyva, el alcalde Rolando Mercado, quien busca ser reelecto por Morena, además de cobrar su sueldo en el Ayuntamiento también va el Hospital Integral a firmar, pero no atiende, de acuerdo con diversos testimonios recabados por este semanario.
En Elota, Ana Karen Val también tiene un cheque junto con compensaciones de 90 mil pesos y la lista se amplía con otros casos. En este municipio, las carencias están a flor de piel en sus habitantes, pero bueno, la presidenta municipal va por su segundo periodo. Urge poner el foco en los gastos de los municipios.
Quién lo diría
Si se pensaba en Sinaloa las encuestas del INEGI eran difíciles para la zona serrana, castigada por el estigma de la delincuencia organizada y el control de los grupos, lo cierto es que en donde los trabajadores que van de casa en casa levantando las encuestas, se encuentran con muchas trabas cuando llegan a los residenciales privados.
Es de esperar que si las familias se amurallan en estas fortalezas, es por temas de seguridad y que los guardias quizá no permiten el acceso fácil a cualquier persona, por eso el INEGI llama a los ciudadanos que colaboren para que las personas trabajadoras realicen su trabajo.
Parece cosa de nada, pero gracias a las encuestas de este Instituto es que los ciudadanos podemos revisar las políticas públicas de nuestros gobiernos, también nos ayudan a tomar decisiones y para los del poder, también debería servir para accionar planes y programas.
Por eso en la 4T parece todo improvisado, nada más hace falta ver al presidente López Obrador y su desprecio por los datos que no le benefician a su narrativa propagandística, de ahí la frase del sexenio de tener siempre otros datos.
Otro dato sobre el difícil acceso a las privada por parte de los encuestadores: en esos habitáculos suelen vivir no solo políticos, sino toda clase de persona que también tiene un interés de ocultarse. ¿O han visto seguido operativos en privadas?
