/ lunes 18 de marzo de 2024

Sin interés por controlar robo vehicular

Desde hace años que los grupos criminales tomaron como negocio el robo de vehículos, en Sinaloa se tiene la costumbre de “doblarlos” para revenderlos, pero este delito era uno de los que cuando recién entró Rubén Rocha Moya a la administración estatal, iba a la baja, pero a partir del año pasado en que sucedió la captura de Ovidio Guzmán López, en el evento conocido como el Culiacanazo 2.0, la situación en este rubro se ha sostenido.

Una interesante observación por parte de las compañías aseguradoras, es que las autoridades sinaloense sólo simulan el combate al robo de vehículos, pero en realidad no aplican estrategias convincentes para bajar la incidencia de forma real, y es que según Oficina de Riesgos Asegurados, las corporaciones no cuentan con un verdadero apoyo tecnológico que ayude a detectar autos robados o incluso para darle seguimiento a las unidades que despojan.

Sabemos que como casa del Cártel de Sinaloa, en Culiacán se tiene la costumbre de tumbar a balazos los equipos de vigilancia, se tiene la insoslayable realidad de cuerpos policiacos infiltrados por el crimen y como al final del día este delito es negocio, pues alguien lo tiene que controlar para que siga funcionando.

Otro punto que en estas páginas se precisa es que la impunidad es rampante, ya que se castiga a muy pocas personas por este delito, con una sentencia en firme. Nada más en los últimos 3 años, en los juzgados de han judicializado menos de 300 casos, muchos de ellos con sentencia condenatoria, pero otros en proceso, otros más sobreseídos o con la resolución de no vinculación.

Es decir, que las autoridades no atienden las causas del problema, ni gestionan una mejor tecnología para un eficiente combate ni menos castigan a los perpetradores. Es común que digan que se recupera un número importante de unidades, autoridades han dicho que más del 40 por ciento, pero en realidad si analizamos, no hay detenidos en la mayoría de las recuperaciones.

Y sin detenidos quiere decir que quienes están al frente del negocio, seguirán en las calles delinquiendo. ¿Cómo parar los delitos patrimoniales? Es una pregunta simple que desde hace muchos años las autoridades en turno no pueden ni parecen querer contestar.

Lo que sigue tras el cierre del basurón de Mazatlán

Al parecer ahora sí será una realidad la clausura del basurón municipal de Mazatlán, el cual opera fuera de la norma ambiental desde hace muchos años sin que ningún Ayuntamiento se interesara en resolver esta grave problemática ambiental.

Entre la adquisición de un terreno y la construcción del relleno sanitario que se piensa empiece a operar en el mes de agosto, se estima una inversión global de 140 millones de pesos.

Pero a la par de que el nuevo relleno sanitario empiece a funcionar en la comunidad de Palmillas, lo que sigue en la zona en la que se encuentra el actual basurón es una restauración total que incluye siembra de árboles regionales, herbáceas, leguminosas y pastos, que también ayudará a estabilizar el suelo y asegurar mayor éxito en las actividades de restauración ecológica.

Y es que este sitio no es apto para la construcción de viviendas, por lo que se busca es dejarlo como un área verde y regresarlo a sus condiciones naturales lo más que se pueda.

De hecho la Norma 083 Semarnat señala que se debe elaborar y operar un programa de monitoreo post clausura por un periodo de al menos 20 años, el cual puede ser reducido siempre y cuando se demuestre que ya no existe riesgo para la salud y el ambiente.

Después de muchos años de espera, Mazatlán tendrá ahora sí un lugar adecuado para la disposición final de las 604 toneladas de basura que se generan en promedio diario, tras más de 25 años de operación del tiradero a cielo abierto que actualmente se tiene.

Desde hace años que los grupos criminales tomaron como negocio el robo de vehículos, en Sinaloa se tiene la costumbre de “doblarlos” para revenderlos, pero este delito era uno de los que cuando recién entró Rubén Rocha Moya a la administración estatal, iba a la baja, pero a partir del año pasado en que sucedió la captura de Ovidio Guzmán López, en el evento conocido como el Culiacanazo 2.0, la situación en este rubro se ha sostenido.

Una interesante observación por parte de las compañías aseguradoras, es que las autoridades sinaloense sólo simulan el combate al robo de vehículos, pero en realidad no aplican estrategias convincentes para bajar la incidencia de forma real, y es que según Oficina de Riesgos Asegurados, las corporaciones no cuentan con un verdadero apoyo tecnológico que ayude a detectar autos robados o incluso para darle seguimiento a las unidades que despojan.

Sabemos que como casa del Cártel de Sinaloa, en Culiacán se tiene la costumbre de tumbar a balazos los equipos de vigilancia, se tiene la insoslayable realidad de cuerpos policiacos infiltrados por el crimen y como al final del día este delito es negocio, pues alguien lo tiene que controlar para que siga funcionando.

Otro punto que en estas páginas se precisa es que la impunidad es rampante, ya que se castiga a muy pocas personas por este delito, con una sentencia en firme. Nada más en los últimos 3 años, en los juzgados de han judicializado menos de 300 casos, muchos de ellos con sentencia condenatoria, pero otros en proceso, otros más sobreseídos o con la resolución de no vinculación.

Es decir, que las autoridades no atienden las causas del problema, ni gestionan una mejor tecnología para un eficiente combate ni menos castigan a los perpetradores. Es común que digan que se recupera un número importante de unidades, autoridades han dicho que más del 40 por ciento, pero en realidad si analizamos, no hay detenidos en la mayoría de las recuperaciones.

Y sin detenidos quiere decir que quienes están al frente del negocio, seguirán en las calles delinquiendo. ¿Cómo parar los delitos patrimoniales? Es una pregunta simple que desde hace muchos años las autoridades en turno no pueden ni parecen querer contestar.

Lo que sigue tras el cierre del basurón de Mazatlán

Al parecer ahora sí será una realidad la clausura del basurón municipal de Mazatlán, el cual opera fuera de la norma ambiental desde hace muchos años sin que ningún Ayuntamiento se interesara en resolver esta grave problemática ambiental.

Entre la adquisición de un terreno y la construcción del relleno sanitario que se piensa empiece a operar en el mes de agosto, se estima una inversión global de 140 millones de pesos.

Pero a la par de que el nuevo relleno sanitario empiece a funcionar en la comunidad de Palmillas, lo que sigue en la zona en la que se encuentra el actual basurón es una restauración total que incluye siembra de árboles regionales, herbáceas, leguminosas y pastos, que también ayudará a estabilizar el suelo y asegurar mayor éxito en las actividades de restauración ecológica.

Y es que este sitio no es apto para la construcción de viviendas, por lo que se busca es dejarlo como un área verde y regresarlo a sus condiciones naturales lo más que se pueda.

De hecho la Norma 083 Semarnat señala que se debe elaborar y operar un programa de monitoreo post clausura por un periodo de al menos 20 años, el cual puede ser reducido siempre y cuando se demuestre que ya no existe riesgo para la salud y el ambiente.

Después de muchos años de espera, Mazatlán tendrá ahora sí un lugar adecuado para la disposición final de las 604 toneladas de basura que se generan en promedio diario, tras más de 25 años de operación del tiradero a cielo abierto que actualmente se tiene.