El dolor en medio de la incertidumbre, de una búsqueda sin fin, de preguntas que se multiplican, ¿en dónde están?, ¿quién se las llevó?, pero no siempre llegan las respuestas.
Las mujeres, las desaparecidas, nos faltan: hijas, madres, hermanas, amigas, en sus hogares, en la ciudad, en todas partes, a pesar de la búsqueda incesante de las familias, y personas que suman cariño y voluntad, y cuando pienso en ello, no dejo de pensar y en reconocer a las rastreadoras, las que, con su valentía, nos han hecho ver la magnitud del problema de las desapariciones en nuestro Estado.
Sinaloa ocupa el quinto lugar entre los estados del país en el que reportan más personas desaparecidas, de las cuales, de diciembre de 2018 a julio de 2020, han llegado a 1,165 esto de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y el abordaje de este problema aún carece de perspectiva de género para reconocer e incorporar estadística, protocolos, sanciones, instituciones y garantías de acceso a una vida libre de violencias a las mujeres.
Por desgracia la acción inmediata se ensombrece ante el estigma social de que las mujeres desaparecen para huir con su pareja, esta falta de abordaje con perspectiva de género ha pasado por alto e invisibilizado su relación con los delitos de feminicidio, trata, explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, entre otros, sumando a la creciente utilización del cuerpo de las mujeres como venganzas del crimen organizado.
Sin apoyo institucional, sin una nueva perspectiva y en la impunidad, poco puede hacerse para cambiar esta realidad, aunque se reconocen esfuerzos tardíos como el Protocolo Alba en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, este mecanismo aún en perfeccionamiento no resuelve ni informa adecuadamente la desaparición de las mujeres, por ello es vital incorporar una visión integral para cumplir a cabalidad su misión y hacer valer el subsidio entregado para el 2020 por un monto de 18 mil millones de pesos al Estado.
Las desapariciones son una herida abierta en los hogares sinaloenses, y no solo la vida de niñas, mujeres y adolescentes se ve ensombrecida ante este flagelo, son todas las víctimas y las familias que levantan la voz y exigen justicia, ante la indiferencia, pero esta particular invisibilización se demuestra al no incorporarlo en el catálogo de la incidencia delictiva que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su reporte mensual para comprender de mejor manera la violencia de género y generar acciones que apunten a su total erradicación, con sensibilidad, con profesionalización de los cuerpos encargados de investigar y de prevenir la violencia. Mientras tanto, hoy nos siguen faltando.
