La violencia es el miedo a los ideales de los demás
Mahatma Gandhi
En Sinaloa aún estamos distantes de hacer realidad el derecho a la no violencia política contra las mujeres en razón de género, a pesar de que desde agosto de 2019 se cuenta con el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres, su aplicación no ha rendido resultados, como se refleja en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), en donde Sinaloa se encuentra dentro de los ocho estados que no reportan ningún caso de este tipo de violencia.
¿Realmente no existe violencia política en el Estado o qué está pasando? Siendo la violencia política una forma de ejercer la violencia de género suena poco creíble considerando el cierre 2023 en materia de seguridad así consignado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Nacional (SESNSP) en el que Sinaloa ocupó el lugar número nueve en casos de feminicidio, el número 10 en víctimas de homicidio culposo y el nueve en lesiones dolosas.
En ese análisis me parece que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) nos ofrece mayores respuestas, ya que, durante el 2021, se denunció e inició una carpeta de investigación en 6.8% del total de delitos. En 93.2% de delitos no hubo denuncia o no se inició una carpeta de investigación, siendo Sinaloa el estado con la cifra más alta es, donde menos se denuncia.
En el ámbito de lo político hay muchas más razones que explican la falta de denuncias, en las encuestas anónimas es consistente el llamado “costo político” castigando a través de la falta de acceso a los espacios públicos, las amenazas y hostigamiento, por sobre todo la falta de instrumentos al interior de los partidos que permitan una justicia rápida, o de simple justicia, esto a pesar de las quejas, y denuncias ante las autoridades por parte de mujeres al haber sido violentadas en sus derechos político-electorales.
Que mujeres lleguen a los espacios de poder del Estado y de los partidos políticos ha derrumbado la falsa expectativa de que mujeres no violentan a otras mujeres, o que reconozcan a otras mujeres y luchen por la agenda que las represente, especialmente la de combatir la violencia y generar mejores condiciones para la igualdad, en un proceso histórico de participación de candidaturas en paridad, lo histórico resulta seguir encubriendo acosadores, minimizar la violencia, obstaculizar el acceso a mujeres activistas en los espacios que desnudan la visión política patriarcal que no distingue género.
Se acerca otra lucha y esperanzas, con la aprobación del acuerdo para la implementación del programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico en la elaboración de las quejas y las denuncias a las mujeres en situación de violencia política con enfoque de interseccionalidad e interculturalidad, de tal forma que, esta atención integral se brindará a mujeres indígenas en el ámbito federal.
Ante ello, es un momento de oportunidad de diseñar estrategias efectivas desde lo local, y los mecanismos de atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género se fortalezcan en primero para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia al interior de los partidos, los principales violentadores y segundo garantizar procesos electorales pacíficos.
