A partir de que el secretario de Hacienda entrega el Paquete Económico a la Cámara de Diputados a inicios de septiembre de cada año, empieza una dinámica legislativa de análisis en comisiones a cada uno de los tomos que detallan los rubros y las cantidades del proyecto económico anual. Esta dinámica tiene dos fechas fatales: para la aprobación de la Ley de Ingresos, a más tardar el 31 de octubre, y para el Presupuesto de egresos, máximo el 15 de noviembre.
Ambos documentos constituyen el tema de debate más álgido en todos los parlamentos del mundo. Tanto las fuentes de financiación fiscal y sobre todo las prioridades del gasto contenidas en el presupuesto representan la materialización concreta de las propuestas de política pública que hacen los partidos políticos a sus votantes o clientelas electorales.
Y cada país, según su régimen político y sistema electoral, procesa la discusión y aprobación de acuerdo a sus mecanismos particulares y temporalidad propia. Por ejemplo, en Estados Unidos esta es una deliberación que resuelven en el primer semestre del año y no en el último trimestre, como lo hacemos nosotros. El caso de España, que es una monarquía constitucional con un régimen parlamentario, el presupuesto se convierte en una verdadera batalla por construir mayorías aprobatorias, al grado de que el país ibérico, a falta de acuerdo en el Congreso de los Diputados, lleva tres años accionando un dispositivo constitucional que le permite ratificar el actual presupuesto en operación en lo que los parlamentarios resuelven sus diferencias.
Para el caso de México, y una vez analizados los rubros de la propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su calidad de jefe del Ejecutivo, son seis programas muy concretos donde se observa tiene particular interés, muy reiterados tanto en su campaña como en sus discursos políticos diarios, con asignaciones económicas bastante significativas: Bienestar de las personas adultas mayores, 135,000 millones; Becas para el bienestar Benito Juárez, 65,108 millones; Sembrando vida, 28,930 millones; Jóvenes construyendo el futuro, 20,600 millones; Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, 15,456 millones; Jóvenes escribiendo el futuro, 10,176 millones.
En el documento del presupuesto federal, a nuestro estado de Sinaloa se le etiquetan recursos específicos para cuatro obras de particular importancia: 1) La carretera San Ignacio-Tayoltita, con 250 millones de pesos “para continuar con los trabajos de construcción de 14.2 kilómetros de camino rural”, 2) La carretera Badiraguato-Parral con la asignación de 450 millones de pesos, “planeando en 2021 darle continuidad a la construcción de 37 km del tramo carretero” que conectará vía terrestre a Sinaloa con Chihuahua, 3) Zona de riego de la presa Picachos, con una asignación de 600 millones de pesos “para continuar con la construcción de la zona de riego y obras complementarias de la Presa, concluida en 2014; con dichos recursos comenzarán la sobreelevación de la presa derivadora Siqueiros y la adecuación de la obra de toma”, y 4) Presa Santa María, un total de 1,100 millones para “continuar con la construcción de esta obra y los trabajos en la zona de túneles. Estos trabajos permitirán desviar el río Baluarte, además se iniciará y terminará la construcción de ataguía aguas arriba”.
En lo que se refiere a los grandes conceptos generales y dado el año difícil que estamos viviendo, el presupuesto en el fundamental rubro educativo se mantendrá en términos reales. La iniciativa plantea pasar de 326,282.7 millones de pesos del año 2020 a asignar 338,046.9 en 2021, es decir, un aumento del 3.6%, que es muy cercano a la proyección de inflación que ha hecho Banco de México para el próximo año (3.5%).
Es importante destacar que a partir del presente año, a través de una reforma constitucional al artículo 3°, es una obligación del Estado mexicano la impartición y garantía de la educación en todos los niveles, desde prescolar hasta el nivel superior. Y en esa magnitud debemos exigir los recursos económicos que hagan realidad este derecho y que no se trate, como muchas veces los hemos visto, de solo un acto de populismo legislativo de nuestros senadores y diputados federales.
Como acertadamente lo advierte el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Dr. Raúl Contreras Bustamante (Excélsior, 19/Sep/2020), “Es necesario comenzar a invertir recursos para el establecimiento de un fondo federal especial —que está previsto por los artículos transitorios de la reforma— para asegurar a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios educativos a nivel superior. Tratándose de educación nos encontramos ante un gigantesco reto, pues no basta con que se haya aceptado que la educación es un derecho humano para que sea una realidad plena, sino que se requiere que el Estado le proporcione viabilidad financiera necesaria.”
Por ultimo, no quiero dejar de mencionar los apartados preocupantes que se están “comiendo” el presupuesto del Estado mexicano: pensiones y jubilaciones, así como el servicio de la deuda pública. Es la primera ocasión en que el pago de pensiones supera ligeramente el billón de pesos (1.064), y el servicio de la deuda (interna y externa) llega a 724,000 millones de pesos. El presupuesto total será de 6.3 billones y con tantas necesidades no es posible que el 28% del presupuesto se erogue de esta manera. Urge una política de Estado para superar y mejorar el perfil de nuestro presupuesto para convertirlo en un verdadero factor de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos.
