Este 2024 por ser año electoral se va a incrementar significativamente el ya excesivo financimiento público que reciben los partidos políticos en nuestro país. Nomás en nuestra tierra Sinaloa se van a destinar para los partidos 210.7 millones de pesos, pero a nivel nacional la cifra alcanzará niveles francamente insultantes: 10,444 millones de pesos, para repartirse entre los siete partidos “nacionales” con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE). Como diputado federal, voy a continuar la ferrea lucha del Partido Sinaloense (PAS) por disminuir el dinero públicos a los partidos, reduciéndolo a la mitad y eliminando el doble financiamiento que reciben sólo por el hecho de acreditarse en cada entidad para competir en los procesos electorales locales.
Este excesivo dinero hacia los partidos ya tiene larga data. Se remonta a la macro reforma electoral de 1996, aquella que el expresidente Ernesto Zedillo calificó como “definitiva” porque según atendía todas las materias pendientes de nuestra “transición” a la democracia y además daba respuesta todos los reclamos de la oposición política, en ese momento representada por el perredismo cardenista y el panismo tradicional que durante 57 años venía jugando el demócrata papel de “oposición leal” (a la Constitución).
Si bien en términos legales el financiamiento público tiene su germen en la mítica reforma electoral de 1977 impulsada por don Jesús Reyes Heroles en su calidad de secretario de Gobernación, donde se les reconoce a los partidos el carácter de “entidades de interés público”, tanto el financimiento público como el llamado “registro condicionado” a los nuevos partidos, eran cuestiones que se resolvían de manera un tanto discrecional y en función de los intereses del partido hegemónico y el gobierno federal de ese momento.
Para darnos una idea del incremento del dinero público a partir de 1996, es cuestión de comparar lo recibido en procesos electorales anteriores. Por ejemplo, en 1978 fueron 16 millones de pesos para todos los partidos políticos; para 1989, subió a 40 millones; en 1991, ya eran 65 millones; en 1994, llegó a 127 millones, y para el proceso federal de 1997, ya con la nueva legislación vigente, se destinó a los partidos un total de 948 millones, se multiplicó por siete el financiamiento público entre un proceso y otro.
La principal justificación fue “equilibrar la condiciones de la competencia”. Veníamos de un año electoral muy convulso en 1994, con el alzamiento del ejército zapatista el primero de enero de ese año, el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta el 23 de marzo, una reforma electoral a la carrera para nombrar nuevos consejeros “ciudadanos” en el IFE (hoy INE) y el asesinato en septiembre del diputado federal electo José Francisco Ruiz Massieu, que se perfilaba para ser el coordinador del grupo mayoritario priísta en la Cámara de Diputados.
A pesar de ese ambiente, la participación electoral fue inédita y recórd hasta el día de hoy: 78% de los mexicanos salieron a votar, eligiendo a Ernesto Zedillo presidente, quien al celebrar la victoria reconoció que siendo legal su triunfo, éste se dio en condiciones de “inequidad”, por la gran cantidad de recursos que dispuso como candidato oficialista del gobierno.
Para compensar dicha “inequidad” en la competencia política, es que se decidió hacer causa común con todos los partidos para incrementar el financiamiento público en general, y desde entonces se ha generado una espiral de recursos públicos que no ha parado, al grado de que hoy los partidos manejan cantidades dignas de un conglomerado empresarial de respetable tamaño, y el dinero lo gastan fundamentalmente en las pesadas burocracias internas que han creado.
Por ejemplo, este año sólo de financiamiento federal Morena recibirá (mediante ministraciones mensuales) un total de 3,257 millones de pesos. La pregunta que nos hacemos los mexicanos es qué hacen con ese dineral, pues en Sinaloa ni siquiera tienen comités municipales, ya no se diga una agenda social que incluya actividades de gestión en las colonias o comunidades rurales a favor de la gente.
En el PAS este 2024, el financimiento público tanto para el sostenimiento de actividades ordinarias permanente, gastos de campaña y la realización de actividades específicas (educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política, y tareas editoriales) se recibirán un total solo de 21 millones de pesos, el 0.6% de lo que recibe Morena a nivel nacional. Pero con mucha convicción y vocación de servicio lo hacemos rendir trabajando a favor de los sinaloense los 365 días del año, con muchísimas actividades de servicio gratuito a la gente, gracias al excepcional trabajo voluntario de nuestros más de 167 mil militantes afiliados.
Este abuso de derroche y excesos como el de Morena, debe detenerse. En el PAS hemos demostrado que se puede hacer política con presupuestos justos y moderados. Por eso hoy les reitero el compromiso que llevé a los hechos cuando fui diputado local en la 61 Legislatura: Eliminar el doble financiamiento a los partidos y modificar la fórmula para el cálculo del financiamiento federal: que el padrón electoral se multiplique por el 30% (y no el 65% actual) de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para reducir así en poco más de la mitad el financiamiento federal a los partidos. La democracia es una inversión necesaria, pero no debe ser tan costosa para los mexicanos, habiendo tantas necesidades sociales en el país.
Excelente inicio de semana.
01/Abr/2024.
