/ martes 17 de septiembre de 2019

Proyectan 7 MDP más para Género ¿Cómo se gastarán?

Un total de 267 millones se van a distribuir entre los Estados con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, entre ellos Sinaloa, ya que ocupamos un doloroso 5to lugar en feminicidios a nivel nacional.

Además, una parte de los 63 mil millones que se destinarán para promover la igualdad entre mujeres y hombres, será para Sinaloa.

Estas cifras indican que por “voluntad política” federal, no va a quedar, ¿podremos esperar lo mismo de las autoridades estatales? O continuarán “invirtiendo” en las mismas fórmulas que terminan costándonos más.

A partir del 2017 y hasta la fecha, se han registrado 124 feminicidios, ESTA ES LA CIFRA MÁS “CARA” DE TODAS.

Las cifras, para el 2020.

El paquete económico para el ejercicio 2020, fue entregado hace unos días por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, ante la Cámara de Diputados en San Lázaro, el cual contiene entre otras cosas, los proyectos sociales, políticas hacendarias, ingresos y egresos de las dependencias y órganos públicos del estado para su gestión gubernamental, en cumplimiento a la obligación constitucional prevista en el artículo 74.

En cuanto a los proyectos sociales, se encuentra Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual tendrá un recorte del 27.3%; así como el gasto en pensiones que representa el 4.2% respecto al Producto Interno Bruto (EL ECONOMISTA, 2019).

En materia de seguridad se destinará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 59 mil 150 millones de pesos, en virtud de que las funciones que tenía la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, se reasignaron a este órgano de Seguridad, dentro de ellas la prevención del delito, el registro de automóviles y la Guardia Nacional.

En cuanto al presupuesto destinado a la Secretaría de Gobernación, de quien depende la Comisión Nacional para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) se destinan 267.6 millones de pesos, 7 millones más que este año, el cual se distribuirá en un programa de subsidios a los estados y municipios que tienen Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Centros de Justicia para las Mujeres, siempre y cuando las y los gobernadores suscriban el Acuerdo Nacional para la Vida y la Seguridad de las Mujeres.

En cuanto al Anexo 13 del mencionado proyecto, prevé erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, por 63 mil millones de pesos, distribuyéndose entre las Secretarías de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Educación Pública, entre otras.

En este mismo anexo se destinan dos programas fundamentales: el Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres cuyo monto asciende a 362 millones de pesos y el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con un recurso de 210 millones de pesos. El primero de ellos, se destinará a PROIGUALDAD y PROGÉNERO y el segundo a contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM) en los estados y municipios promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo.

Las titulares de las dependencias federales, le apuestan a que las y los gobernadores estatales, reciban el subsidio federal para atender y prevenir la violencia contra las mujeres y lo destinado para el fortalecimiento para la igualdad, a través de la suscripción de “ACUERDOS NACIONALES”.

Es de recordar que ha pasado un año desde que el gobierno del estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de las Mujeres suscribió un convenio con la CONAVIM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuyo objeto era la creación del protocolo millonario para la Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de Sinaloa, por un monto de 1 millón 500 mil pesos, en el cuál solamente han recibido capacitación para su aplicación 29 policías, para 1 millón 500 mil mujeres que habitamos el Estado.

Sorprendentemente meses después de recibir dicho recurso federal, el año 2018 cerraba con 38 feminicidios, periodo en el cuál se registró uno de los feminicidios que causó más consternación, la profesora de COBAES Aída Rodríguez fue encontrada asesinada después de una intensa búsqueda por 4 días y haber pedido cambio de adscripción de plantel, motivado por la relación violenta con su expareja.

La titular del Instituto Nacional de Mujeres, Nadine Gasman en su reciente visita a Sinaloa dio a conocer que de cada 100 mujeres que fallecen por feminicidio, 4 son de este estado; lo que coloca a nuestra entidad federativa en el nada honroso 5to lugar a nivel nacional.

Con la visita de las titulares de CONAVIM e INMUJERES al estado, se dio a conocer que ambas dependencias destinarán los subsidios federales a través de “ACUERDOS NACIONALES”, en este sentido vale la pena citar el trabajo periodístico de Reporte Índigo: “Proigualdad, costoso e ineficiente…” el cuál además señala que de los 31 indicadores del programa para la igualdad hasta el 2017, solamente se cumplieron 10 de ellos, por lo que destaca como minúsculos los resultados obtenidos, con un presupuesto millonario.

Es evidente la imposibilidad de que los indicadores de dicho programa de igualdad se cumplan, si las entidades federativas como Sinaloa, destinan los presupuestos federales a lograr certificaciones costosas, como el que se “compró” en este año el Instituto Sinaloense de las Mujeres por un monto de 134 mil pesos.

¿Les parece a las titulares federales que así avanzarán los Estados en las estrategias del Presidente de la República?

En caso de que las titulares federales dejen al arbitrio de las entidades federativas, la aplicación de estos recursos federales para la atención y no establecen nuevas políticas de aplicación de recursos federales, seguirán destinando estos recursos para documentos millonarios, foros sin contenido, talleres, y a las mujeres sinaloenses afectadas ¿Cuándo?

En cuanto al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa de este año, se destaca en el anexo 43 el Presupuesto para las Mujeres y la Igualdad de Género, un monto de 866 millones de pesos, destinado a múltiples secretarías de estado, entre ellas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, con un monto de 46 millones de pesos.

Sin embargo, es muy doloroso darnos cuenta que con todo y presupuesto, estos hechos de violencia ocurren, como el caso reciente de las menores de la primaria Juan de Dios Batiz Paredes, que en el baño de la escuela, fueron víctimas de acoso sexual. ¿Dónde está la transversalidad? ¿Y los esfuerzos coordinados?

Ni en los hechos, ni en el ejercicio del presupuesto que destina la federación, ni el estado, se demuestra la transparencia del ejercicio del gasto a los programas de violencia e igualdad de género. ¿Seguirán aumentando estos presupuestos, sin transparencia, ni lineamientos operativos coercitivos?, sin poner en el centro del beneficio presupuestal a las mujeres y niñas sinaloenses.

Nathalie Elizabeth Henderson, es abogada postulante desde hace 12 años. Es consultora en proyectos sociales y catedrática en las materias de derecho fiscal, ambiental, laboral y comercio exterior. Estudió en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, la licenciatura en derecho y posteriormente especialidad en derecho fiscal y maestría en derecho en el Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Un total de 267 millones se van a distribuir entre los Estados con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, entre ellos Sinaloa, ya que ocupamos un doloroso 5to lugar en feminicidios a nivel nacional.

Además, una parte de los 63 mil millones que se destinarán para promover la igualdad entre mujeres y hombres, será para Sinaloa.

Estas cifras indican que por “voluntad política” federal, no va a quedar, ¿podremos esperar lo mismo de las autoridades estatales? O continuarán “invirtiendo” en las mismas fórmulas que terminan costándonos más.

A partir del 2017 y hasta la fecha, se han registrado 124 feminicidios, ESTA ES LA CIFRA MÁS “CARA” DE TODAS.

Las cifras, para el 2020.

El paquete económico para el ejercicio 2020, fue entregado hace unos días por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, ante la Cámara de Diputados en San Lázaro, el cual contiene entre otras cosas, los proyectos sociales, políticas hacendarias, ingresos y egresos de las dependencias y órganos públicos del estado para su gestión gubernamental, en cumplimiento a la obligación constitucional prevista en el artículo 74.

En cuanto a los proyectos sociales, se encuentra Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual tendrá un recorte del 27.3%; así como el gasto en pensiones que representa el 4.2% respecto al Producto Interno Bruto (EL ECONOMISTA, 2019).

En materia de seguridad se destinará a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 59 mil 150 millones de pesos, en virtud de que las funciones que tenía la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, se reasignaron a este órgano de Seguridad, dentro de ellas la prevención del delito, el registro de automóviles y la Guardia Nacional.

En cuanto al presupuesto destinado a la Secretaría de Gobernación, de quien depende la Comisión Nacional para Prevenir y Atender la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) se destinan 267.6 millones de pesos, 7 millones más que este año, el cual se distribuirá en un programa de subsidios a los estados y municipios que tienen Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y Centros de Justicia para las Mujeres, siempre y cuando las y los gobernadores suscriban el Acuerdo Nacional para la Vida y la Seguridad de las Mujeres.

En cuanto al Anexo 13 del mencionado proyecto, prevé erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, por 63 mil millones de pesos, distribuyéndose entre las Secretarías de Gobernación, Secretaría de Salud, Secretaría del Bienestar, Secretaría de Educación Pública, entre otras.

En este mismo anexo se destinan dos programas fundamentales: el Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres cuyo monto asciende a 362 millones de pesos y el Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con un recurso de 210 millones de pesos. El primero de ellos, se destinará a PROIGUALDAD y PROGÉNERO y el segundo a contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM) en los estados y municipios promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo.

Las titulares de las dependencias federales, le apuestan a que las y los gobernadores estatales, reciban el subsidio federal para atender y prevenir la violencia contra las mujeres y lo destinado para el fortalecimiento para la igualdad, a través de la suscripción de “ACUERDOS NACIONALES”.

Es de recordar que ha pasado un año desde que el gobierno del estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de las Mujeres suscribió un convenio con la CONAVIM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, cuyo objeto era la creación del protocolo millonario para la Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia en el Estado de Sinaloa, por un monto de 1 millón 500 mil pesos, en el cuál solamente han recibido capacitación para su aplicación 29 policías, para 1 millón 500 mil mujeres que habitamos el Estado.

Sorprendentemente meses después de recibir dicho recurso federal, el año 2018 cerraba con 38 feminicidios, periodo en el cuál se registró uno de los feminicidios que causó más consternación, la profesora de COBAES Aída Rodríguez fue encontrada asesinada después de una intensa búsqueda por 4 días y haber pedido cambio de adscripción de plantel, motivado por la relación violenta con su expareja.

La titular del Instituto Nacional de Mujeres, Nadine Gasman en su reciente visita a Sinaloa dio a conocer que de cada 100 mujeres que fallecen por feminicidio, 4 son de este estado; lo que coloca a nuestra entidad federativa en el nada honroso 5to lugar a nivel nacional.

Con la visita de las titulares de CONAVIM e INMUJERES al estado, se dio a conocer que ambas dependencias destinarán los subsidios federales a través de “ACUERDOS NACIONALES”, en este sentido vale la pena citar el trabajo periodístico de Reporte Índigo: “Proigualdad, costoso e ineficiente…” el cuál además señala que de los 31 indicadores del programa para la igualdad hasta el 2017, solamente se cumplieron 10 de ellos, por lo que destaca como minúsculos los resultados obtenidos, con un presupuesto millonario.

Es evidente la imposibilidad de que los indicadores de dicho programa de igualdad se cumplan, si las entidades federativas como Sinaloa, destinan los presupuestos federales a lograr certificaciones costosas, como el que se “compró” en este año el Instituto Sinaloense de las Mujeres por un monto de 134 mil pesos.

¿Les parece a las titulares federales que así avanzarán los Estados en las estrategias del Presidente de la República?

En caso de que las titulares federales dejen al arbitrio de las entidades federativas, la aplicación de estos recursos federales para la atención y no establecen nuevas políticas de aplicación de recursos federales, seguirán destinando estos recursos para documentos millonarios, foros sin contenido, talleres, y a las mujeres sinaloenses afectadas ¿Cuándo?

En cuanto al presupuesto de egresos para el estado de Sinaloa de este año, se destaca en el anexo 43 el Presupuesto para las Mujeres y la Igualdad de Género, un monto de 866 millones de pesos, destinado a múltiples secretarías de estado, entre ellas, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, con un monto de 46 millones de pesos.

Sin embargo, es muy doloroso darnos cuenta que con todo y presupuesto, estos hechos de violencia ocurren, como el caso reciente de las menores de la primaria Juan de Dios Batiz Paredes, que en el baño de la escuela, fueron víctimas de acoso sexual. ¿Dónde está la transversalidad? ¿Y los esfuerzos coordinados?

Ni en los hechos, ni en el ejercicio del presupuesto que destina la federación, ni el estado, se demuestra la transparencia del ejercicio del gasto a los programas de violencia e igualdad de género. ¿Seguirán aumentando estos presupuestos, sin transparencia, ni lineamientos operativos coercitivos?, sin poner en el centro del beneficio presupuestal a las mujeres y niñas sinaloenses.

Nathalie Elizabeth Henderson, es abogada postulante desde hace 12 años. Es consultora en proyectos sociales y catedrática en las materias de derecho fiscal, ambiental, laboral y comercio exterior. Estudió en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, la licenciatura en derecho y posteriormente especialidad en derecho fiscal y maestría en derecho en el Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.