Es necesario sacar el ábaco, la sumadora, los contratos y todos aquellos documentos que el Ejecutivo Estatal necesite para solventar la cantidad de observaciones vertidas en el dictamen referente a las Cuentas Públicas del ejercicio 2017 que presentó al Pleno del Congreso Estatal la Comisión de Fiscalización, para prepararse para el mes de octubre.
Como lo mencioné en la columna de la semana pasada: ¡Y qué auditó la auditora! la Auditoria Superior de la Federación (ASF), realiza el proceso de auditorías de fiscalización y desempeño conforme a los términos y plazos que la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, establece sobre aquellos recursos públicos que la Federación destina u otorga a las Entidades Federativas, como las previstas en el ramo 33 del Presupuesto de Egresos.
En este caso, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas previsto en el ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinó en 2018 $40,638,106,600 para las 32 Entidades Federativas, otorgando a Sinaloa la cantidad de $1,001,773,391, recurso que la ASF dentro de sus atribuciones tiene obligación de revisar conforme al artículo 1° y 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
La misma legislación establece que la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la ASF se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejercicio fiscal, es por ello que derivado del informe que presentó dicho órgano técnico autónomo de la Federación, se desprende que el monto total observado a nivel nacional del Ramo 33 del fondo antes referido, ascendió a 33 mil 872 MDP, de los cuales se formularon observaciones por irregularidades de recursos por 2 mil 471.7 MDP, cifra que representa el 7.3% respecto de la muestra auditada.
En dicho informe, se destaca que Sinaloa es uno de los Estados que obtuvo el 0% de observaciones, junto con Baja California Sur, Colima, Chiapas, Morelos, Baja California, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas y se observa que los tres primeros lugares en observaciones realizadas por la ASF en el Ramo 33 son el Estado de Nayarit, seguido de Oaxaca y Ciudad de México, sumando un total del 43.7% del monto total observado en el Fondo.
Lo anterior, quiere decir que los recursos públicos federales otorgados al Estado de Sinaloa, se utilizaron bajo medidas que coadyuvaron a mejorar o fortalecer la gestión de los recursos del Fondo, cumpliendo con las metas y objetivos propuestos; situación contraria a lo que está aconteciendo con la Cuenta Pública Estatal ¿Por qué será?
Un dato importante es que la ASF en su facultad de promover acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por causas graves, ha promovido en 21 años un total de 981 denuncias penales en contra de diversas Entidades Fiscalizadas, de las cuáles destacan para los Gobiernos Estatales: 74 a Veracruz, 30 a Michoacán, 13 Guerrero y 10 a Sinaloa, derivado de las irregularidades detectadas en las revisiones a Cuenta Públicas de ejercicios anteriores de esas Entidades Federativas.
Basta un ejemplo de las facultades de la ASF para identificar cuáles son, ya que la reciente captura de la ex secretaría de Estado Rosario Robles, es derivado de esta misma facultad del órgano técnico federal, de la cual se han presentado 10 denuncias del mencionado caso “La Estafa Maestra”.
¿Qué va a hacer la auditoria estatal? se dedicará a revisar con escrutinio los informes que presenten los órganos estatales durante este periodo de receso del Congreso del Estado, o realmente fungirá como el órgano técnico autónomo para promover acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas.
Porque la adquisición de productos, como son las placas y engomado o alimentos y medicamento para los presos, ya se consumieron; el estadio de futbol en Mazatlán se encuentra en plena construcción con la firme promesa de concluir en el verano del 2020, pero ¿Usted acudirá después de enterarse que quien lo hace carece de experiencia profesional para desarrollar la obra?
La cuenta pública estatal, se determina por las contribuciones estatales, es decir la Secretaría de Administración y Finanzas estatal, es el conducto para el manejo de estos recursos públicos del Poder Ejecutivo estatal y justamente estas son las cuentas de Quirino Ordaz Coppel que se encuentran pendientes por justificar mediante las observaciones detectadas por la ASE Sinaloa.
Que de acuerdo el dictamen de la Comisión de Fiscalización el gasto aprobado resultó 3 mil 903 millones de pesos mayor que el autorizado por el constituyente, gastos registrados por 141 millones 943 mil 613 pesos en el concepto de Edificios Públicos, además de que el gasto de la propia Secretaría de Administración y Finanzas se elevó en un 18% del autorizado.
El principal objetivo de la ASE Sinaloa, es revisar el ejercicio de la cuenta pública estatal, para que justamente el Ejecutivo estatal, realice “buenos manejos” de nuestras propias contribuciones, situación que en Sinaloa, no ha ocurrido, ni en Jalisco y Nuevo León.
Ante la federación el manejo de los fondos federales ha sido impecable, pero resulta que según el dictamen de la Comisión de Fiscalización los programas que se auditaron ni si quiera cuenta con el principio de confiabilidad previsto en la Constitución estatal y mucho menos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación de género.
Esto es, que aunque el alumnado se saque cinco en el examen y esto sea suficiente para reprobar, si la auditora califica, aprobaría todo, ya que ni con 94 pliegos de observación y desacato a una ley estatal, es suficiente para presentar denuncias, pero qué se puede esperar si de los 130 pliegos de observaciones que menciona en su informe 2018, solamente en 10 casos se inició Procedimiento para el Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones Resarcitorias.
Nathalie Elizabeth Henderson Inzunza, es abogada postulante desde hace 12 años. Es consultora en proyectos sociales y catedrática en las materias de derecho fiscal, ambiental, laboral y comercio exterior. Estudió en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, la licenciatura en derecho y posteriormente especialidad en derecho fiscal y maestría en derecho en el Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: puntosresolutivos09@gmail.com
