De acuerdo a la investigadora Sandra Hincapié, en un estudio de "Acción colectiva de las mujeres y derechos humanos en México: Movilizando el dolor en medio del conflicto armado", identifica que la actual crisis de derechos humanos se presenta en dos sentidos diferentes: el primero mediante agresiones directas como los feminicidios o daños colaterales y el segundo con victimas indirectas del conflicto armado de nuestro país.
Conforme al artículo 21 Constitucional una de las funciones del Estado es la seguridad pública por medio de la Federación, entidades federativas y Municipios para salvaguardar la vida, libertades, integridad y patrimonio de las personas. Esta debe comprender la prevención, investigación y persecución de los delitos. La actuación de las corporaciones de seguridad pública se debe regir por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.
Para ello, el Estado garantiza la seguridad a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en la Federación y Secretarías de Seguridad en las entidades federativas y fortalece la capacitación y adiestramiento de sus elementos mediante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Instituto de Ciencias Penales y Seguridad y otros órganos encargados de la prevención de violencia contra la familia y mujeres.
Sinaloa, ha programado para el ejercicio fiscal de este año más de 19 millones de pesos para el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad, cuyas funciones principales es la profesionalizacion del personal de seguridad pública y procuración de justicia.
Sin embargo, no es el único órgano del estado cuyo objetivo es la profesionalización del funcionariado público, en esta tarea ha intervenido el Consejo Ejecutivo para Prevenir y Atender la Violencia Familiar (CEPAVIF) y el Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres), para PREVENIR la violencia contra las familias y mujeres respectivamente. En 2017, CEPAVIF, impartió capacitación a 1,500 elementos de seguridad pública, mientras que ISMUJERES, certificó a elementos de seguridad pública en atención presencial del primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.
El pasado 27 de enero de este año, se registró alrededor de las 2:00 horas a la altura de la presa Sanalona, hechos de extrema violencia. Lo que se ha escrito en textos periodísticos es que cuatro jóvenes viajaban en un vehículo gris; cuando llegaron a la altura de la presa Sanalona, presuntamente no se detuvieron en un retén que estaba instalado en esa zona; de acuerdo a la versión de la autoridad correspondiente, en este retén estaban 20 elementos de la Policía Estatal de Sinaloa. Según lo que se ha consignado en medios de comunicación hubo un presunto enfrentamiento donde resultaron muertas dos jovencitas de nombre Andrea Candelaria de 20 años y Ana Carolina de 18 años.
Las jóvenes estudiantes originarias del Estado de Durango, habían sido trasladadas por sus familiares un día antes a Sinaloa, ya que regresaban para asistir a sus actividades escolares; Andrea se encontraba estudiando en la Universidad Autónoma de Sinaloa la licenciatura en Derecho y Ana Carolina comenzaba sus estudios profesionales en la Universidad Casa Blanca, en la Ciudad de Culiacán.
De acuerdo con declaraciones de la Fiscalía General del Estado, se inició una carpeta de investigación por feminicidio que después calificaron como homicidio doloso, derivado de esto se han estado tomando las declaraciones de los elementos de seguridad que estuvieron en el lugar de los hechos.
Por su parte, familiares de las víctimas se acercaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para solicitar los servicios que brinda este órgano estatal; con motivo de la visita comenzó una investigación de oficio sobre el caso.
Por su parte, ISMujeres declaró a través de su entonces directora general, Reyna Araceli Tirado Gálvez, que se acercó a la Fiscalía General del Estado para solicitar información de las mujeres que perdieron la vida en un SUPUESTO ENFRENTAMIENTO con elementos de la Policía Estatal Preventiva y que posteriormente "ya que pasen su duelo" buscarían a la familia para brindarle asesoría y orientación.
Para garantizar la seguridad pública a través de los elementos de la policía estatal su actuar debe ser analizado conforme a los principios de: legalidad (funciones), honradez, objetividad y eficiencia de las pruebas que en esta investigación se desahoguen, pero sobre todo con el debido respeto a los derechos humanos, de lo contrario nos encontraríamos en una flagrante violación de diferentes legislaciones internacionales, nacionales y estatales, transgrediendo acuerdos internacionales cuya creación se ha motivado en hechos de extrema violencia, a convenciones internacionales donde México forma parte.
La aparente escasa construcción de la verdad ocasionada por una carente integración de una carpeta de investigación podría conducir a que las familias víctimas de violencia jamás obtengan la reparación de daño.
Qué importante lo que el ISMUJERES ha venido planteando acerca de la profesionalización del funcionariado de seguridad con perspectiva de género y de acuerdo con sus informes se ha destinado un importante presupuesto para ello. Entonces ¡QUÉ PASÓ! AQUÍ LA PROPIA AUTORIDAD PRESUNTAMENTE LASTIMÓ IRREPARABLEMENTE A MUJERES. ¿DÓNDE QUEDÓ LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA QUE LAS AUTORIDADES PRESUMEN HABER CAPACITADO A LOS ELEMENTOS DE LAS POLICÍAS DE SINALOA?
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