/ lunes 25 de abril de 2022

El juicio político contra Estrada Ferreiro podría ser antes de 60 días

El presidente de la Junta de Coordinación Política aclaró que la Ley establece un plazo legal de hasta 60 días hábiles, pero depende del dinamismo de la Comisión Instructora

Culiacán, Sin.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendrez, aclaró que la ley establece un plazo legal de hasta 60 días hábiles en el procedimiento de juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pero aclaró que este periodo pudiera ser menor de acuerdo a la dinámica y al ritmo con que se maneje la Comisión Instructora.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena precisó que los trabajos que siguen corresponden precisamente a la Comisión Instructora, quien tendrá que hacer la investigación correspondiente, y esta, con el desahogo de todo el proceso, va a determinar si existen o no los elementos a partir de los cuales se pueden establecer que hubo la comisión de agravios que afectan los intereses públicos.

También puedes leer: Estrada Ferreiro buscará apoyo de AMLO ante el juicio político

Le corresponde a una instancia muy concreta y vamos a ser muy respetuosos para garantizar justamente la presunción de inocencia, el derecho de audiencia. Así como lo decía hace un momento, vamos a observar de manera irrestricta las atribuciones y facultades del Congreso, a partir de lo que establece la Ley. Ni más ni menos”, dijo.

Aclaró que una de las consecuencias del juicio, podría ser la destitución del alcalde de Culiacán, aunque aseguró que no entrarán en lógicas o dinámicas de acusaciones de ningún tipo, sino que asumirán el proceso con total apertura y madurez.

El juicio político puede llevar a la destitución del funcionario, según el cargo que tenga. Esa puede ser la consecuencia, pero, reitero, esto será un asunto que resultará de la investigación. Esa es la consecuencia que establece la ley”, dijo.

Justificó que la sesión secreta con la que se condujo el Pleno el viernes pasado es porque así lo mandata la ley de mantener la información en reserva para garantizar el respeto y el cumplimiento del procedimiento legal, de no hacerlo, aclaró, se podría traducir en actos que violan la propia normatividad, además de que la Ley Orgánica del Congreso establece la posibilidad de realizar las sesiones de modo secreto.

Culiacán, Sin.- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Feliciano Castro Melendrez, aclaró que la ley establece un plazo legal de hasta 60 días hábiles en el procedimiento de juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pero aclaró que este periodo pudiera ser menor de acuerdo a la dinámica y al ritmo con que se maneje la Comisión Instructora.

El también coordinador del grupo parlamentario de Morena precisó que los trabajos que siguen corresponden precisamente a la Comisión Instructora, quien tendrá que hacer la investigación correspondiente, y esta, con el desahogo de todo el proceso, va a determinar si existen o no los elementos a partir de los cuales se pueden establecer que hubo la comisión de agravios que afectan los intereses públicos.

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Le corresponde a una instancia muy concreta y vamos a ser muy respetuosos para garantizar justamente la presunción de inocencia, el derecho de audiencia. Así como lo decía hace un momento, vamos a observar de manera irrestricta las atribuciones y facultades del Congreso, a partir de lo que establece la Ley. Ni más ni menos”, dijo.

Aclaró que una de las consecuencias del juicio, podría ser la destitución del alcalde de Culiacán, aunque aseguró que no entrarán en lógicas o dinámicas de acusaciones de ningún tipo, sino que asumirán el proceso con total apertura y madurez.

El juicio político puede llevar a la destitución del funcionario, según el cargo que tenga. Esa puede ser la consecuencia, pero, reitero, esto será un asunto que resultará de la investigación. Esa es la consecuencia que establece la ley”, dijo.

Justificó que la sesión secreta con la que se condujo el Pleno el viernes pasado es porque así lo mandata la ley de mantener la información en reserva para garantizar el respeto y el cumplimiento del procedimiento legal, de no hacerlo, aclaró, se podría traducir en actos que violan la propia normatividad, además de que la Ley Orgánica del Congreso establece la posibilidad de realizar las sesiones de modo secreto.

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