Culiacán, Sin.- Luego de una jornada en donde prevaleció el hermetismo y los cambios en varias comisiones, el Pleno del Congreso del Estado inicio el proceso para realizar el juicio político contra el alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.
Durante la mañana la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación presentó un dictamen elaborado a partir de las denuncias interpuestas por la asociación Pueblo Unido, que recabo tres mil firmas ciudadanas como respaldo, así como una segunda denuncia presentada por viudas de policías a quienes no se les han homologado su pensión como lo establece la Ley de Seguridad Pública de Sinaloa.
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Posteriormente en una sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso hizo cambios en tres comisiones permanentes, incluyendo la Comisión Instructora, la cual se convierte en el órgano que dará seguimiento al caso de Estrada.
De esta comisión salió el diputado de Morena Jesús Ibarra, para quedar a cargo de Marco César Almaral.
Una vez reconfigurado este órgano colegiado, se llevó al pleno la votación de los dos dictámenes en contra del alcalde de Culiacán, quedando la votación 32 votos a favor y siete en contra.
Fueron 21 legisladores de Morena, 8 del PRI, una de Movimiento Ciudadano, uno del Partido del Trabajo y uno sin partido quienes estuvieron a favor en ambos dictámenes.
Los votos en contra estuvieron encabezados por las y los legisladores del Partido Sinaloense, así como Victoria Sánchez de Morena y Aurelia Leal.
El único legislador que se excusó y abandonó la sesión fue Jesús Ibarra, quien tampoco quiso participar en la Comisión de Instructora.
Diputados consultados señalaron que no pueden ofrecer comentarios debido a que sería entorpecer el proceso de eventual destitución del alcalde de Culiacán.
El área de comunicación social también rechazó hacer comentarios sobre esta sesión de carácter privado.
Una vez aprobado el inicio del juicio contra Estrada, la Comisión Instructora realizará el desahogo del proceso y será la encargada de notificar al presidente municipal que tiene abierto el caso, y también se le notificará al Poder Judicial y Ejecutivo vía oficios como terceros interesados.
Una vez notificado el alcalde Jesús Estrada de la decisión del Pleno, tendrá una semana para presentar por escrito, en audiencia o con su representante (como mejor le convenga a derecho) las pruebas o evidencias de su defensa.
En este punto podrá defenderse y argumental legalmente lo que le corresponda. Incluso, si así lo decide, podrá omitir su respuesta a la soberanía del Legislativo.
La Comisión Instructora tendrá entonces la responsabilidad de continuar con el proceso hasta llegar a una deliberación con todos los argumentos legales vertidos en un plazo de 20 días hábiles o incluso podrá ampliar el tiempo de justificarse.
Es decir, será en el transcurso del mes de mayo cuando se dirimirá en el Poder Legislativo si el alcalde es destituido o no de su cargo.
Desde este viernes, Estrada Ferreiro comenzó a buscar reuniones para dejar sin efecto el juicio político en su contra, por la mañana se reunió con el diputado Ambrosio Chávez de la Comisión de Puntos Constitucionales para dialogar.
Activistas confirmaron además que este viernes pidió a viudas de policías y agentes jubilados una reunión urgente para el lunes para solventar sus pagos y proponer un esquema económico.
Sin embargo, comentarios de fuentes del Legislativo señalan que el proceso se desahogará conforme a la ley, es decir, ya no se detendrá de facto.
