Culiacán, Sin.- Con la determinación del pleno del Congreso del Estado de iniciar el proceso de juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, también se soltaron una serie de especulaciones y confrontaciones, pero estos son los tres puntos clave del caso que se ventilará en las próximas semanas:
1) Las denuncias interpuestas por la organización Pueblo Unido y viudas de policías contribuyeron a elaborar dos dictámenes en sentido aprobatorio del juicio, al encontrar elementos de que el alcalde ha violentado disposiciones de leyes, así como la constitución sinaloense.
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2) La inaplicación de los descuentos del agua aprobados por el Congreso del Estado, aprobado a fines de enero por los diputados y publicado por Rocha en el Periódico Oficial, también forman parte de los argumentos legales.
3) La no aceptación de tres recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por parte del alcalde y el ayuntamiento de Culiacán.
DERECHOS HUMANOS
En el caso de las recomendaciones emitidas por la CEDH, el presidente municipal siempre se negó a aceptarlas bajo el argumento de que él no hizo nada malo, pero el órgano autónomo comprobó que su conducta fue inadecuada.
Se trata de la recomendación 11/2021 emitida el 11 de octubre de 2021 en agravio de Diana Giselle Piña Padilla y José Alberto Piña Soto.
Luego está la 16/2021, fue emitida el 15 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos del honor y la seguridad jurídica, ocasionadas por las declaraciones públicas pronunciadas por el mismo presidente municipal en contra de familias de policías caídos.
La tercera recomendación fue emitida el 16 de diciembre de 2021 por violaciones a los derechos humanos, a la legalidad y a la seguridad pública, con motivo del incumplimiento de la obligación que le fue impuesta por el artículo 44 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, en agravio de Jesús Javier Félix Cervantes.
En los tres casos, Estrada informó que no las aceptaba, contraviniendo con esto el párrafo tercero del artículo 77 Bis de la Constitución de Sinaloa, que a la letra dice:
“Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que emita la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar, y hacer pública su negativa; además, el Congreso del Estado”.
De última hora, el miércoles 20 de abril pasado, Estrada mandó al Congreso un documento diciendo que siempre sí las aceptaba, como una forma de parar el juicio político, sin embargo, está por verse si aceptan el cumplimiento formal de las mismas.
IMPAGO A VIUDAS
La segunda causal que mantiene el Congreso para gestionar el juicio político es la negativa a homologar las pensiones de las viudas de policías, conforme lo establece el Decreto 645 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de junio de 2021.
Bajo la consigna de que es inconstitucional y además no hay dinero, Estrada se ha negado a homologar las pensiones de las viudas, recayendo en incumplimiento de aplicar la Ley de Seguridad de Sinaloa.
El alcalde presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia que sigue en trámite. Por otro lado, el gobernador Rubén Rocha ofreció 20 millones de pesos para saldar la deuda atrasada y que el Ayuntamiento pagara a partir de marzo las pensiones, cosa que rechazó Estrada.
El grupo de viudas liderada por Andrea Félix interpuso la segunda demanda de juicio político el 29 de marzo pasado por este motivo.
DESCUENTOS DEL AGUA
El tercer punto que se analizará en el Congreso del Estado es la inaplicación del artículo 50 de la Ley Estatal de Agua Potable, que otorga el 50 por ciento de descuento en la tarifa a pensionados, jubilados y personas con discapacidad.
El alcalde se negó debido a que alega que el Poder Legislativo invadió facultades exclusivas del Ayuntamiento en cuando a la gestión autónoma de sus ingresos.
Por este motivo, interpuso otra controversia constitucional ante la Corte, la cual hasta el momento ha admitido el trámite, pero no una resolución.
Sobre esta última impugnación, el gobernador Rubén Rocha Moya se dijo en desacuerdo que el alcalde esté litigando en contra de beneficios otorgados a las personas en estado de vulnerabilidad.
Además, mencionó un punto clave: el presidente municipal no puede dejar de aplicar una ley, sino hasta que la Corte declare su invalidez. Es decir, Estrada debería estar cumpliendo con lo que está legislado hasta que la autoridad jurisdiccional le dé la razón.
TEMA POLÍTICO
Por lo pronto, estos son los puntos que se dirimirán primero en la Comisión Instructora, que mandará citar al presidente municipal, para luego establecer si se genera un dictamen que sea votado en el Pleno.
Sin embargo, diputados consultados advierten el trasfondo político que existe en la materia, ya que Estrada Ferreiro se ha negado a transitar en la mayoría de los temas.
“Al gobernador y al secretario de Gobierno los amenazó con hacer públicas supuestos actos de corrupción, de Rocha dijo que no ganó la elección limpiamente, y de Inzunza acusó corruptelas en el Supremo Tribunal por una demanda de acoso sexual”, señaló una fuente legislativa que pidió que se reservara su identidad.
Lo mismo ha pasado con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, a quien no ha dejado de tachar de corrupto, pandillero, corriente y perverso.
Morena, por lo pronto, goza del apoyo del PRI, MC y PT en el Congreso para procesar a Estrada y llevarlo al banquillo, pero por lo pronto la moneda sigue en el aire.
SIN MARCHA ATRÁS
Diputados comentaron que no habrá marcha atrás en el juicio, aunque la partida la puede ganar Estrada Ferreiro.
Andrea Félix
Líder de viudas de policías
“Desde el viernes han comenzado a citar a viudas de policías en el ayuntamiento, pero ya no es hora de hablar con el alcalde, lo tienen que destituir”.
