Acusan a Quirino de entregar estadio a particulares sin autorización del congreso

Legisladores de Morena tronaron contra el gobernador al advertir que hasta el momento no ha presentado una solicitud de enajenación del estadio de Mazatlán.

Irene Medrano Villanueva │El Sol de Sinaloa

  · miércoles 10 de junio de 2020

Foto: Jesús Guzmán │El Sol de Mazatlán

Culiacán, Sin.- Diputados de Morena advirtieron que el gobernador Quirino Ordaz Coppel incurrió en omisión de la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios al poner a disposición de particulares el nuevo estadio de futbol construido con recursos públicos, sin autorización del Congreso del Estado.

En conferencia virtual, la presidenta de la comisión de la Juventud y el Deporte, Yeraldine Bonilla y el presidente de la Comisión de Fiscalización Marco Antonio Zazueta advirtieron que hasta el momento el gobernador no ha presentado ninguna solicitud de enajenación del inmueble.



Le pedimos al gobernado que atienda el requisito previsto en la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios para que el Congreso del Estado conozca y resuelva el destino del estadio de futbol profesional en Mazatlán y segundo se sirva usted brindar de manera pública la más amplia explicación sobre los acuerdos celebrados o por celebrar con particulares que ocuparían dicho inmueble estatal Yeraldine Bonilla y Marco Antonio Zazueta



A las diputadas y diputados del grupo parlamentario de morena de LXIII Legislatura del Congreso del Estado y, de manera particular a quienes integramos la Comisión de la Juventud y el Deporte y la Comisión de Fiscalización, nos preocupan las omisiones constitucionales y legales en la disposición de bienes inmuebles estatales, en virtud que hasta ahora no ha presentado solicitud alguna de enajenación del estadio de futbol profesional en Mazatlán Yeraldine Bonilla y Marco Antonio Zazueta



Destacaron que la preocupación es mayor, debido a la versión que señala un supuesto acuerdo del Gobierno del Estado con particulares que implican además de cederles el inmueble estatal sin retribución alguna, también cubrirles una especie de compensación, comisión o pago mensual porque ocupen dicho inmueble.

Los legisladores explicaron que según las actas de los fallos de adjudicación de los concursos de licitación SOP-C-LP-EF-1152017 y OPU-EST-LP-072-2018, fechadas el 15 de agosto de 2017 y 30 de septiembre de 2019, respectivamente, a la construcción del estadio de futbol profesional en Mazatlán, se le habrían destinado 652 millones 288 mil 447 pesos.

Aclararon que aunque dicha obra iniciada en 2017, todavía continúa en 2020, la inversión pública no se ha ajustado a las condiciones de plurianualidad prevista en el artículo 37 de la Ley de Presupuesto y responsabilidad Hacendaria, ni a las de inscribirse en el Programa Anual de Obra Pública que el Ejecutivo haya presentado al Congreso del Estado, como lo ordena en el artículo 11 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, toda vez que la LXIII Legislatura no ha conocido programa alguno.

El estadio de futbol profesional en Mazatlán, explicaron, es un bien inmueble propiedad del Gobierno del Estado, según se desprende de la información que aportan los concursos de licitación señalados y por lo tanto sujeto a la Ley Sobre Inmuebles del Estado y Municipios.

Los diputados de Morena precisaron que esta Ley ordena en su artículo 25 que la enajenación de bienes estatales, ya sea por venta, permuta, cesión u otro título, requiere para su validez la aprobación del Congreso del Estado. Lo anterior, sin menoscabo de la exclusiva facultad del Congreso del Estado contenida en el artículo 43, fracción XXXII, de la Constitución Política del Estado de fijar las bases para las Concesiones que deba otorgar el Ejecutivo.

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Además, recordaron, el antecedente de la concesión del estadio de los dorados en Culiacán, también inmueble propiedad estatal, concluida el 31 de julio de 2018, pero sin renovarse o cancelarse hasta la fecha por parte del Gobierno del Estado, profundiza el temor de que el costoso estadio de futbol profesional en Mazatlán, con independencia de su construcción violatoria a los procesos en materia de presupuestación y de Obras Públicas, sea cedido sin beneficio alguno a las arcas públicas.










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