Culiacán, Sin.- Contrario al discurso que pregona el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en cinco secretarías de Estado y en el Congreso no se cumple con la paridad de género que exige la constitución sinaloense en los cargos principales, por lo que la Red por la Igualdad Sustantiva Sinaloense promueve una serie de amparos en los juzgados federales.
Desde junio de 2020, es obligatorio para todos los entes públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial que la conformación de sus estructuras sean paritarias, incluyendo puestos de relevancia, no solamente aquellos en donde las mujeres no puedan tomar decisiones.
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De hecho, en la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la frase “paridad de género” se usa 28 veces, pero según la Red por la Igualdad Sustantiva Sinaloense, es una situación que no se cumple a cabalidad, pues el papel de las mujeres continúa siendo relegado en la administración pública.
Eso sí, desde el viernes 25 de noviembre pasado, Gobierno y Congreso comenzaron con sus 16 días de activismo por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con eventos sociales, el llamado Antiviolentón, caminatas y hasta una vigilia en memoria de las mujeres asesinadas y desaparecidas.
Además, en su Primer Informe de Gobierno, Rocha Moya destacó la creación de la primera Secretaría de las Mujeres, cuya titular Teresa Guerra Ochoa, exigió siempre desde sus años de activista un trato paritario para las mujeres, aunque hoy no criticó la falta de paridad en la función pública de Sinaloa.
Ante el incumplimiento del Artículo 41 constitucional en materia de paridad de género, la Red por la Igualdad Sustantiva Sinaloense emprendieron una serie de amparos que pretenden sentar un precedente.
Victoria Herrera, una de las abogadas de la Red de Feministas que promueve la demanda colectiva, señaló en entrevista a El Sol de Sinaloa que tanto en Gobierno como en el Congreso, se sigue dando la simulación para pretender cumplir con este principio constitucional.
“A las mujeres nos siguen dando puestos-floreros, puestos en donde no se toman decisiones importantes, porque las decisiones las siguen tomando los hombres”, comentó Herrera.
Tres amparos
Herrera detalló que desde noviembre de 2021 en que se conformó el nuevo gobierno encabezado por Rocha Moya y la 64 Legislatura, el colectivo de feministas del que es integrante, presentó tres demandas en los juzgados federales, con la finalidad de que por la vía de amparo, el Poder Judicial obligue al Ejecutivo y al Legislativo cumplir con la norma constitucional vigente.
De manera adicional, se presentó un tercer amparo por la falta de paridad en la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome, ya que a decir de las colectivas, los cargos que tienen las mujeres distan mucho de ser relevantes en la estructura.
En el caso del Congreso del Estado, si bien las diputaciones cumplen más que sobrados con la disposición legal (son 23 diputadas y 17 legisladores), el artículo 33 constitucional establece que también la estructura orgánica y administrativa, así como las comisiones se deben regir por este principio, situación que no se cumple de manera cabal.
“El Congreso no cumple con este principio, y no es algo que nosotras lo digamos, está en la constitución que el mismo Poder Legislativo avaló hace dos años”, apuntó Victoria Herrera
En el Gobierno del Estado, por su parte, si bien la integración de las Secretarías de Estado quedaron en un principio con 7 mujeres y 8 hombres, en cinco entidades los puestos como subsecretarías y direcciones, no son paritarios.
En la SSP de Ahome, también impera la misma situación, de no tener una repartición de cargos de manera paritaria y con perspectiva de género, otro principio que opera en la carta magna local.
¿Cuáles secretarías?
En el análisis de la colectiva, se encontró que en la Secretaría de Administración y Finanzas (titular Enrique Díaz Vega), Secretaría de Salud (Cuitláhuac González Galindo), Secretaría de Educación Pública y Cultura (que tiene a una mujer de titular, Graciela Domínguez Nava), la Secretaría de Agricultura, a cargo de Jaime Montes y la Secretaría General de Gobierno, cuyo titular es Enrique Inzunza Cázares, tienen repartidos a más varones en los puestos de relevancia.
El juicio de amparo 1460/2021, sin embargo, le ha dado reveses a las feministas que litigan, pues hasta ahora las juezas de Distrito han rechazado otorgar la suspensión definitiva bajo argumentos que, para la abogada Victoria Herrera, no son válidos.
“Lo más lamentable es que son juezas quienes intentan sobreseer los juicios, bajo argumentos como que no se cuenta con personalidad jurídica u otras situaciones”, indicó Herrera.
De hecho el caso se tuvo que ir a queja ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Mazatlán, ya que en primera instancias la jueza del Cuatro Distrito intentó darle carpetazo al caso declinando competencia.
Al negar la suspensión definitiva, es decir, la petición de que el gobernador Rubén Rocha cumpla con la disposición constitucional de paridad, la jueza alegó que habría un “perjuicio al interés social”.
“De suspender los nombramientos de los funcionarios: subsecretarios, directores y coordinadores de las secretarías del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, se obstaculizaría el cumplimiento de la función administrativa encomendada a esas entidades estatales, en el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de asuntos del orden administrativo que tiene encomendado a través de esos entes”, señaló la jueza.
Una situación curiosa en la que hizo hincapié la abogada Herrera, es que en realidad bastara con la voluntad política de quienes ostentan el poder, para hacer el equilibrio entre mujeres y hombres.
“Hemos encontrado mucha resistencia, no sólo en el Congreso y en Gobierno, sino de parte de las juezas de que no entienden que se trata de un mandamiento constitucional y nada más, no tiene que ver si tenemos interés jurídica o no, es cumplir con una exigencia”, apuntó.
El disimulo de género
Desde hace años se acuñó el término “techo de cristal” para referirse al conjunto de normas no escritas al interior de la administración pública que obstaculiza el acceso a las mujeres a puestos de alta dirección.
No solo ocurre en los gobiernos y poderes legislativos y judicial, también se da en empresas y organizaciones que tienden a la invisibilización de las mujeres ante la ausencia de leyes y códigos visibles que puedan aplicarse.
El gobierno de Sinaloa de la Cuarta Transformación creó la Secretaría de las Mujeres, según el gobernador, para combatir esas viejas taras y atrasos en la materia, pero un año después, la titular de Semujeres, Teresa Guerra Ochoa, dejó el activismo que antes usaba para pronunciarse en contra de estas desigualdades para encabezar, para entrar en el bucle favorito de las instituciones: eventos, congresos, fotos y discursos.
Ante algunos feminicidios ocurridos en los últimos meses, tanto Tere Guerra como el gobernador se han apersonado para brindar el pésame a familiares, llevando promesas de no más impunidad, sin embargo, la violencia de género se ha disparado.
De un lado, los delitos contra las mujeres siguen imparables, mientras que en algunas estructuras de la administración pública, los modelos masculinistas se siguen propagando, creando un círculo vicioso.
