El presidente de la República criminaliza la labor de los diputados que votaron en contra de su contrarreforma constitucional eléctrica, pide que los tachen de traidores a la patria y amenaza con aplicarles el código penal. Infundir miedo es la intención. Advertencia ominosa de quien ostenta la máxima magistratura del país, ya que sabe que esa declaración “política” de un hombre poderoso, sus adversarios –y todo aquel que no piense como él y actúe en contra de sus designios- deben tomarla como una amenaza más que una vendetta, a sabiendas que nuestro ordenamiento jurídico, en el caso concreto, no admitiría ni un juicio penal ni uno de procedencia contra los legisladores. López Obrador ya ha mostrado que puede entregar zanahorias a los condescendientes (Lozoya), a los aliados (Ovidio, Gertz Manero, Bartlett, Irma Eréndira Sandoval), a los normalizadores premiarlos con puestos, con embajadas, con impunidad; lo mismo que no duda en sacar el garrote y machacar a quien disiente (ahí está el caso de Rosario Robles), porque tiene el control en buena medida en los aparatos de procuración de justicia, con sus mayorías obedientes en las cámaras legislativas y un cierto e importante manejo en la administración de justicia en la Corte. Es un hombre de poder y le gusta exhibirlo, en su vertiente legal y también en la extralegal, así todos pueden saber quién es el puede bajarles el pulgar o quien puede dispensarles protección.
Sus aliados se encargan de amplificar el mensaje. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, llamó a “fusilar de manera pacífica” a los legisladores que votaron contra la reforma eléctrica. La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum respalda que se haga una consulta para “enjuiciar” a diputados que votaron contra reforma eléctrica. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, propondrá una consulta popular, “para que el pueblo decida si son enjuiciados los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica, como traidores a la patria”.
Encubrimiento o complicidad. Pese a que las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, la Ministra Yazmín Esquivel concedió una suspensión de amparo a la Fiscalía General de la República para que ésta no entregue al INE el expediente del caso de Pío López Obrador, hermano del presidente, a quien se investiga por probable delito electoral respecto a un presunto financiamiento ilícito. Esto que hace la ministra se asemeja a una omertá, a un “pacto de silencio”. En la novela de Mario Puzo del mismo nombre, se define a la dialectal omertá siciliana como un “código de honor que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben solo a las personas implicadas”.
Muchas de las decisiones de este gobierno, al no respetar el Estado de Derecho (“no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”, decía hace poco López Obrador), e imponer antijurídicamente su voluntad, provoca conscientemente que no haya confianza ni de los ciudadanos en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, ni de los particulares y empresas en nuestro país.
La forma en que se conduce el gobierno de López Obrador, a través de sus decisiones y de sus omisiones, se asemeja a mi parecer a la manera en que opera la mafia, la mafia siciliana en particular. En una muy interesante investigación de la forma en la que opera la mafia siciliana, Diego Gambetta* dice que “la mafia es el opio de la gente que desconfía”. El combate a la corrupción es un mal chiste en este gobierno, ya que no existe un solo caso importante que esté abierto, y, pese a que ha habido casos a considerar dentro del gobierno, no existe un solo caso de responsabilidad jurídica o de responsabilidad política atribuido a nadie de la esfera gubernamental. Los gobernantes no se hacen responsables ante los ciudadanos. Nos creen vasallos, sino es que clientes cautivos: por eso, escribe Gambetta, “la similitud con un Estado democrático es aún más tenue: los mafiosos no son responsables ante sus súbditos y la mafia no tiene ciudadanos sino, en el mejor de los casos, clientes. La contrapartida más precisa a la mafia es un negocio”.
El actuar como la mafia también tiene graves implicaciones económicas y sociales y explica muchos de los problemas que enfrentamos. México se quedó fuera de los 25 países más atractivos para invertir a nivel mundial por tercer año consecutivo, de acuerdo con el ranking de la consultora Kearney. Ante la guerra de Rusia, el FMI anticipaba un panorama mundial mucho menos favorable. El crecimiento mundial se revisa 0.8 puntos porcentuales a la baja para situarlo en 3.6% este año. México crecerá 2.0% (y 2.5% para 2023). También el FMI anticipa más inflación para 2022: 5.7% para países desarrollados y 8.7% para emergentes. En el caso específico de México el instituto prevé 7.4% este año y 5.9% para 2023. Según los pronósticos del FMI, el 70% de los países tendrán en 2022 un PIB mayor al del 2019 (pre pandemia), en términos reales. En América Latina (excluyendo el Caribe) solamente no lo lograrán: Ecuador, México, Belice y Venezuela. El estudio sobre la mafia siciliana se aboca a dar respuesta a la pregunta de por qué el sur de Italia manifestaba una incapacidad tan persistente para desarrollarse tanto social como económicamente. “En el sur –en especial en las regiones de Campania, Calabria y Sicilia en el Tirreno- han coexistido por mucho tiempo tres situaciones infaustas: la gente no suele cooperar, aunque le resultara beneficioso hacerlo; suele competir de maneras perjudiciales y considera que la violencia es una opción nunca demasiado remota para resolver sus disputas; por último, se abstiene de involucrarse en esa clase de competencia de la que todos podrían salir ganando”. La confianza y la confiabilidad –afirma Gambetta- al escasear en el sur de Italia, obstaculizan el desarrollo económico, por eso “la mafia es una institución que explota y medra con la falta de confianza proveyendo protección, en buena medida haciendo cumplir contratos, resolviendo controversias y disuadiendo a la competencia”.
La Iniciativa Mundial (Global Initiative), una organización independiente de la sociedad civil contra la Delincuencia Organizada Transnacional con sede en Ginebra, Suiza, emitió un reporte en el que México es el mercado número uno del mundo para actividades criminales (debajo de México quedaron países como Colombia, Nigeria, Myanmar, Irán, Arabia Saudita y Afganistán), y es cuarto lugar del índice de criminalidad internacional. Al mismo tiempo y pese a la terrible inseguridad que se vive y a la comprobada participación del crimen organizado en los procesos electorales, López Obrador irresponsablemente cierra la unidad antinarcóticos mexicana (una unidad de colaboración y cooperación de seguridad con la DEA para combatir a los grupos del crimen organizado dentro del país) con más de 50 oficiales, la cual trabajó durante 25 años con la DEA. “Políticos de más de un partido –citando a Gambetta- han formado asociaciones con mafiosos con el propósito de explotar la capacidad de éstos para actuar como garantes de ventas complejas de votos y de arreglos ilícitos entre partidos. Por tanto, es casi nula la expectativa de que cuando lleguen al poder dirijan instituciones estatales contra la mafia”.
La tesis medular sostenida por Gambetta es que la protección extralegal es la clave para entender las actividades de la mafia y los acuerdos organizacionales. Es la impunidad con la que en México actúan los aliados del gobierno y el crimen organizado sin que nadie lo pare. La mafia siciliana –describe Gambetta- sí existe y “es una organización sumamente centralizada y jerárquica (en México, acota este columnista, se concentra el poder en un solo individuo), comparable a una corporación, más afín a una federación de ‘familias’ independientes que tienen sobre todo una cosa en común: comparten una reputación como proveedores de protección, una marca registrada que los distingue de otros grupos similares”.
“La mafia refuerza la desconfianza también indirectamente, fomentando la delincuencia. De hecho, los que más necesitan protección son los que trafican bienes ilegales… recurriendo al contrabando, a la corrupción o a la colusión. Ambos tipos de operadores, por razones obvias, no pueden recurrir a la ley para resolver sus disputas sobre ganancias mal habidas, y por lo tanto se benefician de que la mafia les provea ‘servicios gubernamentales’. Para ellos, un mundo sin la mafia sería un mundo de anarquía, y muchos ni siquiera escogerían en principio una vida de delincuencia. Pero si se puede disponer de la mafia, los delincuentes prosperan y corroen aún más el tejido de la sociedad”.
Al trastocar –con el modo de actuar de la mafia- los fundamentos de la democracia y del Estado de Derecho, el presidente y sus aliados eliminan las motivaciones intrínsecas para mantener fuerte la relación entre desarrollo económico y la supervivencia de los regímenes democráticos. Como sostiene Huntington**, para que se mantenga la democracia, es necesario el compromiso con los valores democráticos por parte de las élites políticas. Del lado del gobierno, no hay ese compromiso. Con los instrumentos de la democracia y del Estado de Derecho, los ciudadanos democráticos debemos hacerle una oferta que no pueda rechazar.
- Diego Gambetta, La mafia siciliana. El negocio de la protección privada, Fondo de Cultura Económica, México, 2007.
- Samuel P. Huntington, La tercera ola. La democratización a finales del siglo XX, Paidós, Barcelona, 1994.
