Mientras en el mundo discuten por las políticas públicas en materia ambiental, Alfredo construye, con basura, un nuevo artefacto que lo ayude en su labor de mantener limpio, ordenado y, sobre todo, hacer de ese lugar, un espacio que invite al conocimiento. Así todos los días, la inventiva y la creatividad del INTENDENTE Alfredo, repercute en la conciencia de los jóvenes que toman clase en esas aulas y que, sin saberlo, está procurando que esta comunidad de estudiantes ejerza su derecho a un medio ambiente sano.
Conforme al artículo 4 constitucional, se prevé que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque; “El que daña, paga”.
Con el objetivo de garantizar un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar público hace más de 20 años se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente cuyos objetivos principales es garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, salud y bienestar, la preservación, restauración y mejoramiento del ambiente, mediante la participación corresponsable de las personas, en forma individual o colectiva.
Para ello, esta ley propone realizar programas de educación ambiental por medio de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo es facilitar la percepción integrada del ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del ambiente. El propósito de esta educación es garantizar la preservación de la vida.
Durante el 2019, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 12/2019 cuyo objetivo es garantizar un medio ambiente sano a la población de Chiapa de Corzo, por la falta de acciones para la protección y preservación del parque nacional cañón del sumidero y sus alrededores, ocasionada por las emisiones a la atmósfera de polvo y gases de combustión que genera “La Empresa” en agravio de la salud de quienes habitan y transitan en la región. Esta recomendación de la CNDH, vincula a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y al Gobierno del Estado de Chiapas, proponiendo revocar la licencia de funcionamiento de “La Empresa”; así como iniciar juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para promover la nulidad de la licencia de funcionamiento de “La Empresa”. Además, prevé la reparación de daño para toda la población que se ha visto afectada con el impacto ambiental que ha ocasionado dichas prácticas.
Otra recomendación muy esperada por los grupos ambientales acaba de ser publicada por la CNDH, referente a proteger, conservar y recuperar la vaquita marina, totoaba y especies endémicas de la reserva de la biósfera alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado. Donde de acuerdo con la información proporcionada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) su precio en México gira alrededor de 8 mil dólares por kilogramo, cuya cantidad pueda aumentar al norte de Tijuana y Mexicali. Este criterio de la CNDH, vincula a SEMARNAT, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) Comisión Nacional de Pesca (CONAPESCA) y PROFEPA para que, conforme al ámbito de sus competencias, realicen lo siguiente:
1. Programa Sectorial en materia ambiental para garantizar la protección del Norte de Golfo de Baja California;
2. Determinar métodos de pesca sustentables;
3. Garantizar a los pescadores de la región, el apoyo continuo y permanente de las compensaciones por el retiro de sus redes dentro del área natural protegida;
4. Intensificar las acciones de vigilancia y monitoreo en la zona.
El reconocimiento del impacto ambiental que causa a la salud de la población que habita en estas zonas por las malas prácticas ambientales o licencias otorgadas para realizar prácticas corporativas que dañan el medio ambiente, es una clara violación a los derechos humanos de la población, es por ello que estas recomendaciones que emite la CNDH, buscan garantizar la salud y el bienestar de la población.
La normatividad aplicable en materia ambiental, debe fortalecerse no solamente con permisos, licencias, multas o sanciones por el daño ambiental, si no a través de programas de educación ambiental que permitan a la población orientar sus actividades para conservar el medio ambiente. Es por ello, que desde el año 2001, se conmemora la Semana Nacional de la Conservación, donde por iniciativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se realizan actividades de educación ambiental, la premiación del Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza y este año su lema es “Conservar produciendo y produciendo para conservar”.
Ciudad de México, Colima, Veracruz, Oaxaca, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Baja California, Guanajuato y Puebla, son algunas de las entidades federativas que tiene publicados programas de educación ambiental, en escuelas y comunidades en sus entidades.
¿Qué está pasando en Sinaloa?
A seis años de la publicación de la ley ambiental para el desarrollo sustentable del estado de Sinaloa, donde se prevé la formulación, ejecución y evaluación de programas de educación ambiental y desarrollo de proyectos de investigación e innovación tecnológica ambiental, no se ha publicado y menos evaluado un programa de educación ambiental, sin embargo, las comunidades educativas, organizaciones civiles y algunas empresas han implementado sus propias políticas ambientales para formarla.
Sin saberlo, el intendente Alfredo pone en práctica parte del Plan Institucional de su centro de trabajo ya que la línea estratégica Formación Integral en Ambientes de Paz en su objetivo 2.3. dice: Certificar al Colegio como una Institución Socialmente Responsable e Inclusiva. Y dentro de este objetivo 2.3 se determina el Componente 3, Responsabilidad Social Implementada, la cual define acciones y una de ellas es Fomentar una Cultura de Calidad, Cuidado del Medio Ambiente a través de programas de prácticas en pro de la naturaleza. Y otra de las acciones es promover los valores fundamentales como el respeto, la inclusión, la tolerancia y la paz.
Con cada uno de sus inventos Alfredo promueve la conservación del medio en el que vive. Alfredo está en el mejor lugar para sus iniciativas, rodeado de la juventud que atenta lo siguen y que seguramente socializarán lo que han aprendido en su institución; que no está escrito en los pintarrones de sus aulas y que se llama ejemplo.
Políticas van, vienen o cambian de nombre... afortunadamente Alfredo no depende de ellas para todos los días contribuir por un ambiente sano.
¿Qué hacen los órganos públicos estatales?
Estarán esperando alguna recomendación de la CNDH o continuarán dejándolo a la voluntad cívica ambiental de las personas como Alfredo; a comunidades educativas u organizaciones civiles…
Nathalie Elizabeth Henderson Inzunza, es abogada postulante desde hace 12 años. Es consultora en proyectos sociales y catedrática en las materias de derecho fiscal, ambiental, laboral y comercio exterior. Estudió en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, la licenciatura en derecho y posteriormente especialidad en derecho fiscal y maestría en derecho en el Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Correo: puntosresolutivos09@gmail.com
