El pasado 14 de noviembre, la hoy precandidata y entonces senadora Xóchilt Gálvez, presentó a los medios de comunicación su “iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Gobierno de Coalición, reglamentaria de los artículos 76 fracción II y 89 fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Su intención es edificar una nueva estructura institucional para México, alejando al país de la polarización y centrando los esfuerzos del nuevo gobierno en fortalecer la democracia y el estado de derecho.
Esta es una posibilidad que existe desde hace nueve años, pero no se ha avanzado lo que se debiera, pues la omisión legislativa es moneda común en el parlamento mexicano. Recordemos que el duodécimo artículo transitorio de la reforma constitucional de 2014 en la materia, cuyos términos implicaban haber cumplido antes del primero de diciembre del 2018, la necesaria promulgación de la Ley del Gobierno de Coalición.
La base constitucional está desde el 2014 en el artículo 89 sobre “Las facultades y obligaciones del Presidente: XVII) En Cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores”.
La propuesta de Xóchilt Gálvez tiene como punto de partida el reconocimiento de un país plural, diverso y fragmentado. Y una realidad política que se repite en cada elección: ningún partido en lo individual puede tener la mayoría parlamentaria para llevar a la práctica su plataforma de gobierno. Una vez que el antiguo partido hegemónico perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en 1997, todas las mayorías congresuales han sido producto de coaliciones surgidas al vapor, empezando por el histórico G4 (PAN, PRD, Verde y PT) de esa última legislatura del siglo XX.
En ese sentido, para nuestra candidata presidencial, el gobierno de coalición representa una importante pieza que otorga base constitucional a la armonización pluralista en ejercicio del poder, entre el Ejecutivo, el Legislativo, los partidos políticos y la ciudadanía. Una ruta virtuosa, pertinente, moderna que ahora exige avanzar hacia la promulgación de su ley reglamentaria. Tarea pendiente en el plano federal, pero que en lo local ya tenemos dos legislaciones vigentes en el Estado de México y Coahuila.
Y es muy importante poner manos a la obra desde el inicio de la próxima legislatura, por los tres méritos relevantes que nos recuerda Xóchilt respecto a un gobierno de coalición:
Uno, permite resolver la problemática de los gobiernos divididos, al abrir y compartir la tarea pública de manera plural, lo cual incentiva la generación de mayorías estables que vigorizan las capacidades presidenciales de gestión.
Dos, fortalece la solvencia del gobierno para garantizar el cumplimiento de las demandas ciudadanas asumidas por los partidos políticos y sus candidaturas, cuando piden el voto con base en su plataforma electoral, al tiempo que asegura que los cargos de responsabilidad sean ocupados por los perfiles idóneos, las mejores mujeres y hombres, sancionados por protocolos imparciales de selección.
Tres, convierte a la Plataforma Electoral de la Coalición en el Programa de Gobierno, y éste en el corazón de ese gobierno, base para la nominación y operación del gabinete plural, en tanto que cuerpo colegiado con capacidad de toma colectiva de decisiones y sujeto a responsabilidad jurídica y política en su conjunto, destinado a la generación e implantación de las políticas públicas surgidas de los compromisos hechos con la ciudadanía.
Por lo anterior, el Gobierno de Coalición en sí mismo constituye un arreglo de conciliación política y acuerdo social que garantiza una mayor eficacia democrática de gobierno. El gobierno de coalición tiene la virtud de armonizar las tareas del Ejecutivo y del Legislativo, por la interacción de los partidos políticos, en una relación transparente, exigible y eficaz con la ciudadanía, cuyas demandas se constituyen en la motivación esencial de las políticas públicas.
Diversos países en el mundo han tenido experiencias exitosas con los gobiernos de coalición, pues tienden a ser regímenes más estables y democráticos, y menos propensos a tomar decisiones impulsivas, arbitrarias o francamente autoritarias (v.g. Aeropuerto de Texcoco, reformas constitucionales fast track, mega obras sin estudios de viabilidad financiera, productos legislativos con prohibición de no quitarle “ni una coma”).
En México tenemos mucha experiencia en coaliciones electorales pero no en gobiernos de coalición. El futuro nos ha alcanzado. Si bien es una figura típica del régimen parlamentario, podemos adaptar sus virtudes al modelo presidencial mexicano. Parlamentarizar nuestro sistema político. Nos ayudaría a democratizar la toma de decisiones, ejercer un poder incluyente y darle rumbo a un país que tiene todo para ser grande pero que lamentablemente le ha faltado un gobierno a la altura.
04/Dic/2023.
