El proyecto de dictamen de presupuesto de egresos que el gobierno federal pone a consideración de la Cámara de Diputados cada año, es el catálogo concreto de prioridades del sexenio, su hoja de ruta y el proyecto de país que se está impulsando. Lo que no esté en el presupuesto, es discurso hueco. De nada sirven las palabras bonitas y las buenas intenciones, si no tiene un registro presupuestal que confirme su relevancia.
Parafraseando el dicho popular de que la “reconocimiento que no se refleja en la nómina es pura demagogia”, en materia hacendaria podemos decir que compromiso político que no se refleja en el presupuesto es populismo puro y duro, atole con el dedo o por “medios digitales” como dicen los informáticos.
El pasado jueves nueve de noviembre, la Cámara de Diputados, ejerciendo su constitucional facultad exclusiva de aprobar el presupuesto (no participa el Senado) procedió a legitimar la iniciativa del Ejecutivo federal, pues durante cinco años prácticamente ha jugado el papel de oficialía de partes, dado que las modificaciones realizadas de tan mínimas resultan irrelevantes.
Este ritual presupuestario tiene sus formas y sus tiempos, y es importante recordarlo pues es un protocolo constitucional que se repite todos los años y pronto estaremos ejercitándolo nuevamente. Empieza la primera semana de abril cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envía al Congreso los Pre-criterios Generales de Política Económica.
Luego la última semana de junio, el Ejecutivo federal remite a la Cámara de Diputados la estructura programática a emplearse en el proyecto de presupuesto de egresos. A más tardar el 8 de septiembre, el Ejecutivo envía al Congreso de la Unión el Paquete Económico del año fiscal correspondiente (Criterios Generales de Política Económica, Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos).
El 20 de octubre debe estar aprobada la Ley de Ingresos por la Cámara de Diputados y a más tardar el 31 de octubre debe hacer lo propio la de Senadores, y finalmente, cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a más tardar el 15 de noviembre debe estar aprobado el Presupuesto de Egresos federal por la cámara de Diputados.
Todo este ritual legislativo se cumplió este año incluso con algunos días de anticipación, ahora sólo resta publicarse en el Diario Oficial de la Federación, para lo cual se tiene un plazo de 20 días naturales. Finalmente, los fundamentales del Presupuesto enviados por el Ejecutivo no tuvieron modificación como ha sido costumbre en este sexenio: se prevé un gasto neto total de 9 billones 66 mil 45.8 millones de pesos, equivalente a un incremento real de 4.2 por ciento comparado con el 2023, estimando un déficit presupuestario de un billón 693 mil millones de pesos.
Para Sinaloa, de acuerdo al estudio particular que realizó el Instituto Belisario Domínguez, en el 2024 el Ejecutivo federal propone un gasto federalizado para el estado de Sinaloa de 61,871.3 millones de pesos, cifra superior sólo en 0.6% (prácticamente nada) en términos reales respecto a lo aprobado en 2023.
Uno de los episodios lamentables de este Presupuesto fue no etiquetarle dinero a Acapulco. El huracán sucedió justo durante la discusión del presupuesto y se estuvo a tiempo de asignar recursos para esta grave contingencia que siniestró al puerto. Sólo se aprobó una reserva que menciona utilizar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial para tal objetivo. Sin embargo se trata de fideicomisos en litigio, que difícilmente la ministros de la Corte dejarán ir en perjuicio propio. Ahora el balón está en la cancha de Poder Judicial y van a ejercer toda su capacidad para defender los intereses de su institución.
En este presupuesto destaca también la persistente reducción de recursos a los órganos constitucionales autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la Comisión Federal de Competencia Económica, et al, que entre todos recibirán 13,262 millones de pesos menos.
A los únicos que no perjudican los recortes y la política de austeridad selectiva es a las grandes obras del presidente: Tren Maya, 120 mil millones para el 2024; refinería de Dos Bocas, 170 mil millones y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec 20,845 millones, incluso se incluye al Aeropuerto Internacional Felipe Angeles con un subsidio de 1,500 millones de pesos.
La actual mayoría legislativa ha sido humillada e ignorada por el Ejecutivo, imponiéndole la política de “no quitarle ni una coma al presupuesto”, reduciéndolos al papel de simples ratificadores de lo que se decide en Palacio Nacional. Disfrazada de política de austeridad y combate a la corrupción, el gobierno está malgastando el dinero de todos los mexicanos, el cual debe aplicarse con criterios de eficiencia, responsabilidad social y pronto retorno de
la inversión. México tiene remedio, y el próximo presupuesto de egresos debe estar diseñado con visión de estado, sentido estratégico y en línea con el futuro que queremos, sin dogmas, caprichos ni resabios del pasado.
Excelente inicio de semana.
13/Nov/2023.
