Esta semana se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA, y algunos dicen que es solo un aeródromo), uno de los proyectos insignia de la administración de López Obrador, al que como a las demás mega obras, como Dos Bocas y el Tren Maya, se le canalizaron ingentes y muy crecientes recursos públicos. Una obra inconclusa que se inauguró con prisas solamente porque el presidente necesita propaganda pública como esa antes de que ocurra el ejercicio de la revocación de mandato. En teoría, las políticas públicas que cristalizan en obras de infraestructura, contribuyen o debieron ser pensadas para que un país desarrolle ventajas competitivas y alcance un mayor grado de especialización productiva, integren el sistema económico y territorial del país, generen crecimiento económico y articulen las economías nacionales con la economía mundial.
Nada de esto ha sido justificado ni con el proyecto inicial del AIFA ni mucho menos con la entrada en operaciones del mismo. No se ha justificado su rentabilidad social ni aquella económica, amén que es una obra realizada por militares y cuyos aprovechamientos serán también para ellos. Con solo 7 vuelos nacionales –ninguno internacional, salvo el vuelo que se pactó con la dictadura de Venezuela que se hará cada quince días- frente a los casi 900 del AICM, el AIFA no resuelve la saturación del aeropuerto de la capital del país. Es un aeropuerto local, regional si se quiere, que cumplirá en todo caso la función de un aeropuerto auxiliar, como los de Toluca, Querétaro o Cuernavaca. En el AIFA, las autoridades pretenden alcanzar 2.3 millones de pasajeros en este año, que equivale solamente al 5.2% de lo que actualmente se opera en el AICM. Lógicamente, el AIFA no es un centro de conexiones (hub, en inglés) de transferencia de pasajeros, ni tampoco tiene las certificaciones internacionales sobre su infraestructura aérea y terrestre, lo que implica que las aseguradoras no cubren operaciones desde instalaciones que no cuentan con el aval internacional. Opacidad en su construcción, que indica alta probabilidad de corrupción y abuso de poder, tanto desde la presidencia como de los mandos militares devenidos en constructores de obra civil. No se tiene acceso a los datos duros de construcción del AIFA porque el gobierno los clasificó como “Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional” de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para construir instalaciones militares. Más del 90 por ciento de los contratos, los militares los adjudicaron sin licitación. De los contratos revisados, el 77.24% se asignaron por invitación restringida a proveedores elegidos por los mandos militares y el 22.76% por asignación directa. Pese a que López Obrador aseguró que el AIFA tendría un costo máximo de 75 mil millones de pesos (mmp), sucesivas ampliaciones del presupuesto destinado han elevado el sobrecosto en un 36%. Nada barato, el costo total asciende a 229,309 millones de pesos. El NAIM tenía una inversión prevista de 285 mil millones de pesos, esto para 70 millones de pasajeros, no los 19.5 millones previstos con cuentas alegres del AIFA. El despilfarro en esta obra sin utilidad, es inmenso, máxime que para hacerlo, López Obrador decidió cancelar el NAIM en Texcoco y pagar –con dinero de todos los contribuyentes- por su destrucción. La suma del costo del AIFA y de la destrucción del NAIM es algo así como 450 mil millones de pesos. Es el tamaño del despropósito.
En los primeros dos días de marzo (en cifras oficiales) salieron 9,222 millones de pesos en capitales extranjeros que estaban en México invertidos en instrumentos gubernamentales. Esto se da después de que en febrero salieran 8,021 millones de pesos. No hay confianza en el país inducida por el propio gobierno que no respeta las reglas y tiene una política de rechazo a la inversión privada, nacional e internacional, la que crea empleos. Este debilitamiento de la inversión explica en buena medida la caída del índice de productividad. No somos productivos, y no es porque algo falle en los mexicanos, sino porque el gobierno no propicia el crecimiento haciendo más eficientes los recursos siempre escasos que se disponen. El Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE) por hora trabajada se ubicó en 95.4 puntos al cierre de 2021, lo que implicó una contracción anual de -6.4% y llegó a su nivel más bajo de los últimos 12 años, según datos del INEGI. El índice de productividad laboral se posicionó en su cifra más baja desde el cuarto trimestre de 2009, año de la crisis financiera global, cuando alcanzó un nivel de 96.2% en cifras desestacionalizadas. La productividad laboral, que se obtiene de la relación entre el Producto Interno Bruto (PIB) y datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), hiló seis trimestres de decrementos. La contracción anual reportada al cierre de 2021 se explica por una reducción en el subíndice de actividades industriales (-5%) y de actividades de servicios (-8%). Los bajos niveles de inversión fija en la economía, que está en niveles de hace 10 años, han hecho que caiga la productividad laboral. La proporción de inversión sobre PIB de 2021 de 19.7%, para los tres primeros trimestres, representa, contra el pico de 2016, la caída más pronunciada desde 1995.
No es de extrañar que como dice el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova, que México viva “tiempos de tramposos” que buscan violar la ley y que corroen el entramado de democrático que ha construido el país a lo largo de muchos años. Los tramposos –dijo Córdova- son “todos aquellos actores públicos que tienen prohibiciones en la ley y están violando la ley, son todos aquellos que pusieron reglas, hoy no les gustan y las burlan; son todos aquellos que no tienen un compromiso democrático”.
Ya lo decía Norberto Bobbio*, en cuanto a la razón por la que tiene lugar el cambio, ésta debe buscarse sobre todo en la corrupción del principio en el que todo gobierno se inspira. “Para una ética como la griega, acogida y defendida por Platón, del ‘justo medio’, la corrupción de un principio está en su exceso: el honor del hombre timocrático (que no se preocupa por nadie a su cargo, sumiso a las autoridades, amante de los honores, deseoso del mando no en virtud de la propia palabra, sino de la propia actividad bélica, por su talento militar) se corrompe cuando se transforma en ambición inmoderada y deseo de poder; la riqueza del oligárquico cuando se vuelve avidez, avaricia, ostentación descarada de bienes que provoca la envidia y la revuelta de los pobres; la libertad del democrático, cuando se convierte en licencia, creer que todo está permitido, que toda regla pueda ser transgredida impunemente; el poder del tirano, cuando se vuelve arbitrariedad y violencia”.
Junto con otros elefantes blancos, el AIFA representa las obras de infraestructura concebidas solo por el capricho, la ocurrencia y los delirios de un solo hombre, obras hechas sin estudios de impacto ambiental, sin estudios de rentabilidad social ni económica. Muestra, como se sabe desde tiempos de Platón, que la corrupción de un principio está en su exceso y ese consiste en haber borrado las líneas divisorias de los atributos constitucionales del poder, en la desnaturalización de las funciones entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. Maquiavelo –citado por Bobbio*-, en un capítulo de los Discursos, entendió muy bien la naturaleza del poder y la diferencia entre tiranía y dictadura conforme se entendían en la antigua Roma: “La dictadura era un cargo temporal y no perpetuo; nombrábase dictador para resolver determinado conflicto y hasta que desapareciera; su poder alcanzaba a determinar por sí mismo los remedios al urgente peligro, a ponerlos en práctica sin necesidad de consulta, y a castigar sin apelación; pero no podía hacer cosa alguna que alterase las instituciones del Estado, como lo sería privar de su autoridad al senado o al pueblo, o derogar la antigua constitución política para establecer otra nueva”. Cuando –como ahora- se ataca desde el poder a las instituciones del Estado, se pone en peligro a la República.
*Norberto Bobbio, La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, Fondo de Cultura Económica, México, 1987.
