/ martes 14 de junio de 2022

 #JEF, de lord baches a prófugo

Durante 43 meses fue alcalde de la capital de Sinaloa, hasta que fue desaforado por el Congreso del Estado para que enfrentara, sin privilegios, a la justicia sinaloense.

Después de veinte años el Congreso del Estado de Sinaloa registra el segundo proceso de desafuero de un servidor público al frente de una alcaldía del Estado.

Recordemos que en 2002 el alcalde de Mazatlán Jorge Alberto Rodríguez Pasos fue denunciado por su esposa por violencia familiar, por lo que la entonces legislatura número 57 dirigida por la Gran Comisión presidida por el Diputado Jesús Alberto Aguilar Padilla, recibieron la solicitud de la Procuraduría General del Estado para que retirarán el fuero al titular del Ayuntamiento (le suena familiar el caso). La estrategia de este funcionario, fue solicitar licencia por seis meses y posteriormente, el cabildo de Mazatlán nombró como Presidenta Municipal Interina a María Dolores Altamirano, quien duró 24 horas en el cargo, en virtud de que el Congreso del Estado nombró a Gerardo Rosete Ramírez, quién rindió protesta el 12 de junio de 2002.

El Presidente Municipal nombrado por la legislatura 57 de Sinaloa, duró en su cargo 10 meses, en virtud de que renunció y posteriormente el mismo parlamento local nombró a Ricardo Ramírez González, quién termino la gestión del trienio municipal hasta el 2004.

Un golpeador del PT, una mujer, un perredista y un priista dirigieron el puerto de Mazatlán en el periodo 2001 a 2004.

A diferencia de hace veinte años, en esta ocasión fueron 47 denuncias de viudas de policías y el ciudadano Mario Eduardo Rodríguez Kato, quienes denunciaron ante la Fiscalía General del Estado los hechos que cometió el ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro, los cuáles pueden ser vinculantes a los delitos de abuso de autoridad y discriminación. Estas investigaciones, se integran a otras dos carpetas de investigación abiertas por la comisión de supuestos hechos que atentan contra la dignidad de las personas y agravios en el servicio público, según notas periodísticas.

El delito de abuso de autoridad esta previsto en los artículos 301, 301 Bis y 301 Bis A del Código Penal del Estado de Sinaloa y se actualizan los supuestos cuando el o la servidora pública:


  • Realice un hecho arbitrario o indebido;
  • Violente de palabra o de obra a una persona sin causa legitima;
  • Sin causa justificada retrase o niegue a los particulares la protección o servicio que sea su obligación prestar, o impida la presentación o el curso de una solicitud;
  • Cuando se niegue auxiliar a alguna autoridad competente con la fuerza pública;
  • Sin orden de autoridad competente, obligue a particular a presentar documentos o realice la inspección en bienes de su propiedad o posesión; y
  • La autoridad que fomente, tolere, autorice o intervenga en la imposición indebida de sanciones o de medidas de seguridad con motivo de la aplicación de la normatividad de tránsito del Estado.


En caso de comprobarse alguno de estos supuestos que prevé el Código Penal del Estado, al ex funcionario se le podrá condenar por la comisión de este delito de abuso de autoridad entre 2 a 8 años de prisión y se podrá inhabilitar hasta por 16 años para desempeñar algún empleo, cargo o comisión público.

Es por ello que en sesión del pleno la legislatura 64 dirigida por la Junta de Coordinación Política que preside el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, conforme a sus facultades constitucionales emitieron la declaratoria de que SÍ ha lugar proceder penalmente en contra del alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro, para que la Fiscalía General del Estado proceda conforme a sus atribuciones y lleve a juicio al servidor público.

Este proceso de retirar el fuero constitucional solamente es para que él ex alcalde enfrente la justicia como ciudadano y con ello, este en oportunidad de articular su defensa correspondiente; pues el juicio político iniciado en su contra en el Congreso del Estado de Sinaloa continua su curso en la Comisión Instructora de la Legislatura 64 ¡esperemos más!

Los puntos resolutivos de este análisis son:

  • De ser uno de los alcaldes más populares, pasa a ser el más buscado por la justicia en los próximos días.
  • La legislatura 64 todavía tiene pendiente resolver el juicio político instaurado contra Jesús Estrada Ferreiro.
  • En una semana Culiacán tuvo tres alcaldes al frente del Ayuntamiento: Jesús Estrada Ferreiro, María del Rosario Valdez Páez y Juan de Dios Gámez Mendívil.

AUTORA: Nathalie Henderson

CORREO: puntosresolutivos09@gmail.com

REDES SOCIALES: Facebook: @NathalieHenderson-Puntos Resolutivos

https://twitter.com/abg_henderson

Durante 43 meses fue alcalde de la capital de Sinaloa, hasta que fue desaforado por el Congreso del Estado para que enfrentara, sin privilegios, a la justicia sinaloense.

Después de veinte años el Congreso del Estado de Sinaloa registra el segundo proceso de desafuero de un servidor público al frente de una alcaldía del Estado.

Recordemos que en 2002 el alcalde de Mazatlán Jorge Alberto Rodríguez Pasos fue denunciado por su esposa por violencia familiar, por lo que la entonces legislatura número 57 dirigida por la Gran Comisión presidida por el Diputado Jesús Alberto Aguilar Padilla, recibieron la solicitud de la Procuraduría General del Estado para que retirarán el fuero al titular del Ayuntamiento (le suena familiar el caso). La estrategia de este funcionario, fue solicitar licencia por seis meses y posteriormente, el cabildo de Mazatlán nombró como Presidenta Municipal Interina a María Dolores Altamirano, quien duró 24 horas en el cargo, en virtud de que el Congreso del Estado nombró a Gerardo Rosete Ramírez, quién rindió protesta el 12 de junio de 2002.

El Presidente Municipal nombrado por la legislatura 57 de Sinaloa, duró en su cargo 10 meses, en virtud de que renunció y posteriormente el mismo parlamento local nombró a Ricardo Ramírez González, quién termino la gestión del trienio municipal hasta el 2004.

Un golpeador del PT, una mujer, un perredista y un priista dirigieron el puerto de Mazatlán en el periodo 2001 a 2004.

A diferencia de hace veinte años, en esta ocasión fueron 47 denuncias de viudas de policías y el ciudadano Mario Eduardo Rodríguez Kato, quienes denunciaron ante la Fiscalía General del Estado los hechos que cometió el ex alcalde Jesús Estrada Ferreiro, los cuáles pueden ser vinculantes a los delitos de abuso de autoridad y discriminación. Estas investigaciones, se integran a otras dos carpetas de investigación abiertas por la comisión de supuestos hechos que atentan contra la dignidad de las personas y agravios en el servicio público, según notas periodísticas.

El delito de abuso de autoridad esta previsto en los artículos 301, 301 Bis y 301 Bis A del Código Penal del Estado de Sinaloa y se actualizan los supuestos cuando el o la servidora pública:


  • Realice un hecho arbitrario o indebido;
  • Violente de palabra o de obra a una persona sin causa legitima;
  • Sin causa justificada retrase o niegue a los particulares la protección o servicio que sea su obligación prestar, o impida la presentación o el curso de una solicitud;
  • Cuando se niegue auxiliar a alguna autoridad competente con la fuerza pública;
  • Sin orden de autoridad competente, obligue a particular a presentar documentos o realice la inspección en bienes de su propiedad o posesión; y
  • La autoridad que fomente, tolere, autorice o intervenga en la imposición indebida de sanciones o de medidas de seguridad con motivo de la aplicación de la normatividad de tránsito del Estado.


En caso de comprobarse alguno de estos supuestos que prevé el Código Penal del Estado, al ex funcionario se le podrá condenar por la comisión de este delito de abuso de autoridad entre 2 a 8 años de prisión y se podrá inhabilitar hasta por 16 años para desempeñar algún empleo, cargo o comisión público.

Es por ello que en sesión del pleno la legislatura 64 dirigida por la Junta de Coordinación Política que preside el Diputado Feliciano Castro Meléndrez, conforme a sus facultades constitucionales emitieron la declaratoria de que SÍ ha lugar proceder penalmente en contra del alcalde con licencia Jesús Estrada Ferreiro, para que la Fiscalía General del Estado proceda conforme a sus atribuciones y lleve a juicio al servidor público.

Este proceso de retirar el fuero constitucional solamente es para que él ex alcalde enfrente la justicia como ciudadano y con ello, este en oportunidad de articular su defensa correspondiente; pues el juicio político iniciado en su contra en el Congreso del Estado de Sinaloa continua su curso en la Comisión Instructora de la Legislatura 64 ¡esperemos más!

Los puntos resolutivos de este análisis son:

  • De ser uno de los alcaldes más populares, pasa a ser el más buscado por la justicia en los próximos días.
  • La legislatura 64 todavía tiene pendiente resolver el juicio político instaurado contra Jesús Estrada Ferreiro.
  • En una semana Culiacán tuvo tres alcaldes al frente del Ayuntamiento: Jesús Estrada Ferreiro, María del Rosario Valdez Páez y Juan de Dios Gámez Mendívil.

AUTORA: Nathalie Henderson

CORREO: puntosresolutivos09@gmail.com

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