En el mes de abril del presente año, se venció el plazo para que Sinaloa tuviera el Reglamento de la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, en dicho ordenamiento jurídico se permitiría reglamentar la aplicación de 472 artículos previstos en dicha ley así como la operación del Consejo de Movilidad que tuvo que funcionar a partir del 11 de noviembre de 2018. Hasta la fecha ninguna de las dos disposiciones jurídicas se han aplicado.
Conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, el 23.1% de la población en México, a partir del 2018 dejó de usar el transporte público, esto como medida preventiva por miedo a ser víctima de algún delito.
ONU MUJERES en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, realizó una encuesta sobre la violencia sexual en el transporte y otros espacios públicos en la Ciudad de México, donde se registró que el 54.4% de las mujeres se sienten muy inseguras e inseguras en el transporte público, mientras que el 69.1% se sienten muy inseguras o inseguras en las calles y espacios públicos. De los principales temores de las mujeres, es que durante los traslados sufran ataques sexuales, toqueteos en el cuerpo sin su consentimiento y persecuciones con la intención de atacarlas sexualmente, donde el 92.3% manifestaron haber sufrido una violación derivada de una persecución.
Del análisis que realizó esta encuesta, se desprende que solamente el 14.6% de las mujeres que le ocurrió algún acontecimiento violento durante su traslado en transporte o espacios públicos acudió a denunciar ante las autoridades correspondientes, ya que consideran que no confían en las autoridades o bien tenían desconocimiento que esto se podía denunciar.
En Sinaloa, de los 2.9 millones de habitantes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política para el Desarrollo Social (CONVEVAL) dio a conocer que en 2018, el 71.9% de la población se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad por ingresos o carencias sociales. Esto quiere decir que esta población, además de las carencias sociales que tiene, necesita trasladarse todos los días a diferentes puntos en los 18 municipios del Estado mediante el transporte público.
Por lo que independiente a las tarifas estratosféricas que comentamos en mi columna “Aumento del Transporte Público: “una Raya más al Tigre”, ahora es importante reflexionar sobre la vulnerabilidad que se encuentran las y los pasajeros de este servicio público.
Este año, el gobierno del estado de Sinaloa ha invertido en más de 250 unidades de transporte con un costo de 469.6 millones de pesos, de los cuáles el gobierno de Quirino Ordaz ha aportado 46.9 millones de pesos (Excelsior, 2019). Estas unidades tienen un botón de pánico y cámara de video vigilancia, ambos conectados al Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4) en Sinaloa ¿Usted sabía?
Sin embargo, de acuerdo con información oficial de las autoridades gubernamentales estatales, en lo que va de este 2019 se han presentado 28 denuncias por parte de mujeres, donde se han manifestado intentos de agresión, poco tiempo para descender y abordar de la unidad, poco tiempo para abordar a personas DISCAPACITADAS, señales obscenas y palabras altisonantes, quebrar la credencial de estudiante, burlas, cobros excesivos a personas discapacitadas, no ceder el paso al peatón, negar el servicio a personas discapacitadas y agresión física (jaloneos). Entre usted y yo sabemos, que, por supuesto que son 28 casos los denunciados, pero… ¿cuántos serán los que a diario suceden, pero que se quedan como mala o terrible experiencia?
Esto quiere decir, que adicional a los registros por robo en transporte público, las y los pasajeros se encuentran vulnerables a delitos de acoso sexual y discriminación, ambos penalizados por el Código Penal del Estado de Sinaloa, donde las sanciones pueden ascender hasta 600 días de multa o bien hasta 3 años de prisión y solamente lo que se ha realizado son amonestaciones a transportistas y suspensiones, de las cuáles de estar activo el mencionado, al principio de esta columna, Consejo de Movilidad tendría que conocer y solicitar a las autoridades competentes la investigación de los presuntos delitos cometidos a las y los pasajeros. Sin embargo, de esto no se encontró registro público.
Esto quiere decir que en Sinaloa, las mujeres y las personas con alguna discapacidad se encuentran en un vulnerabilidad extrema, aunque en cinco municipios del estado (Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato), hace 30 meses se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres y precisamente una de sus medidas de seguridad consiste en diseñar y ejecutar una estrategia para la recuperación de los espacios públicos, entre ellos el uso del transporte público geo referenciado, sin embargo la violencia y la discriminación va en aumento. El pasado mes de septiembre se convirtió en el horror de las violaciones, fueron 38 casos de los que se tiene registro. Dicho en otras palabras, se consumaron 1.26 violaciones en 30 días. Por ello septiembre tiene el récord más violento en 8 años. Necesito mencionar que estas “estadísticas” como las llaman las autoridades, son de personas que denunciaron la agresión, pero está ese número invisible de aquellas que por alguna razón o circunstancia se mantienen en silencio.
Sin embargo, de acuerdo a la ENVIPE, somos unos de los Estado con el menor índice de denuncia de delitos cometidos, ya que solamente el 3.7% de los delitos cometidos se denuncia o se inició una carpeta de investigación, esto derivado a que las personas comentan que es una pérdida de tiempo realizarla o bien no confían en las autoridades.
Es evidente que las autoridades estatales no han coordinado sus funciones para garantizar la seguridad de las personas usuarias del transporte público, porque ni la Ley de Movilidad Sustentable del Estado de Sinaloa, las denuncias interpuestas, La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, los cientos de quejas de las y los usuarios han logrado accionar a quienes por su naturaleza pública (SEDESU, SGG, ISMUJERES, AYUNTAMIENTOS) deben trabajar en sinergia y llevar esas políticas públicas hasta las y los pasajeros.
¿Estos funcionarios y funcionarias habrán utilizado en alguna ocasión, las rutas que pasan por Palacio de Gobierno?
Nathalie Elizabeth Henderson Inzunza, es abogada postulante desde hace 12 años. Es consultora en proyectos sociales y catedrática en las materias de derecho fiscal, ambiental, laboral y comercio exterior. Estudió en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, la licenciatura en derecho y posteriormente especialidad en derecho fiscal y maestría en derecho en el Posgrado de Derecho de la Universidad Nacional.
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