A un mes del arresto de dos jóvenes señalados por la Secretaría de la Defensa Nacional de ser escoltas del grupo criminal de Los Chapitos, un juez federal admitió una demanda de amparo para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza en el operativo ocurrido el sábado 23 de septiembre en una privada del Desarrollo Urbano Tres Ríos.
Se trata de Kevin Noé, de 24 años, y Cristian Rafael, de 27 años, quienes fueron arrestados en un domicilio de la privada Alegranza, luego de que elementos del Ejército y la Guardia Nacional irrumpieron en el complejo habitacional.
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Ambos jóvenes fueron vinculados particularmente con Jesús Alfredo Guzmán Salazar, “El Alfredillo”, quien habría estado horas atrás en uno de estos domicilios de la privada ubicada frente al edificio Tres Afluencias.
En trámite
De acuerdo con el expediente 114/2023 radicado en el Juzgado Tercero de Distrito de Culiacán, los acusados reclamaron de la Guardia Nacional, del Ejército y de la FGR la “intromisión al domicilio, detención, incomunicación, violación al debido proceso, traslado y tortura.”
Y es que de acuerdo con personal del residencial, los elementos de la Guardia Nacional entraron a la privada tumbando el portón. En el interior de uno de los domicilios, la FGR indicó que encontró una camioneta Ram y una Land Rover Defender, así como un fusil automático.
Para ingresar, con una camioneta de la guardia abrieron a la fuerza el portón y la pluma, y de inmediato otros elementos de apoyo rodearon la propiedad ubicada cerca del río Humaya.
No hubo un solo disparo. Por los aires fue visto un helicóptero militar ofreciendo apoyo al personal de tierra, que así como llegó a la privada se fue tras arrestar a los dos jóvenes presuntamente vinculados con Los Chapitos.
El deslinde
Nueve días después del operativo, en Sinaloa aparecieron alrededor de 11 lonas con un mensaje atribuido a Los Chapitos en donde obligaban a los grupos criminales a dejar de producir, traficar y vender fentanilo.
Estos mensajes en los que se lanzaba una advertencia, también fue replicado en varias ciudades de Sonora y en Tijuana, Baja California, en donde células aliadas de los Guzmán también amenazaron a quien continúe con la producción de esta droga.
Los Tapia
Por otro lado, un presunto hermano de Lupe Tapia, de nombre José Luis, también presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en contra de una “orden de aprehensión o de detención”.
Fue el 29 de agosto, semanas después del arresto de César Tapia en la colonia Revolución, cuando José Luis comenzó a tramitar el amparo para evitar ser detenido.
De acuerdo con la relatoría, el 10 de agosto agentes de la Policía Federal Ministerial dependiente de la delegación de la Fiscalía General de la República de Sinaloa acudieron a su domicilio acompañados de elementos de la Guardia Nacional.
Sin embargo, no especificó el domicilio, solamente que el personal de la FGR le informó que llevaban por cumplimentar una orden de aprehensión, situación que no ocurrió.
Tres días atrás, el 7 de agosto pasado, elementos del Ejército detuvieron a César Tapia Quintero en un operativo realizado en la colonia Guadalupe Tapia, la FGR indicó que el hermano de Lupe Tapia detenido, también estaba vinculado con la organización que comanda Ismael “El Mayo” Zambada.
La FGR atribuyó a César, al igual que su hermano Lupe, ser productores de metanfetamina y fentanilo en laboratorios clandestinos instalados en la zona rural de Culiacán.
Lupe Tapia fue detenido el 9 de febrero del año en curso en un operativo militar lanzado en la sindicatura de Tacuichamona, durante el transcurso de la madrugada. La DEA vincula a Tapia con el trasiego de este tipo de drogas sintéticas y cuenta con una orden de extradición a los Estados Unidos.
La detención de Lupe ocurrió un mes después de la de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, quien ahora enfrentará un juicio en el Tribunal Federal de Chicago, Illinois, en los próximos meses.
