Culiacán, Sin.- Contrario a los que aseguró Salvador Reynosa Garzon, ni un solo peso de los 40 millones autorizados por el Congreso del Estado para el programa de vivienda de las personas desplazadas, se ha ejercido hasta el momento, esto a pesar de que el secretario de Desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez, ha presumido la “dispersión” de este recurso para edificar casas que le den descanso a víctimas del desplazamiento forzado en Sinaloa.
El director de la Comisión de Vivienda, Reynosa Garzon, declaró que no hay trabas en la aplicación del recurso, pero en una respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, donde El Sol de Sinaloa le requirió a la Sedeso los documentos que acrediten los avances del gasto presupuestado por los diputados, así como los comprobantes de depósitos bancarios, la dependencia a cargo de Madrid Pérez respondió:
“La Secretaría no ha ejercido el recurso etiquetado para el programa de desplazados por la violencia, ya que la Secretaría de Administración y Finanzas no ha radicado el recurso”, señala la respuesta dada en el oficio SEDESO/DNR/096/2020.
De hecho, este 2020 Gobierno del Estado no ha destinado recursos ni materiales ni en especie para apoyar a las familias en situación de desplazo, a pesar que el titular de la Sedeso se ha paseado por Mazatlán, Salvador Alvarado y Guasave asegurando que trabajan en los proyectos de vivienda y ayudas a las víctimas de este nuevo delito, tipificado en el Código Penal de Sinaloa.
Los gastos en materia de desplazo se dieron entre 2018 y 2019, cuando la Sedeso reportó un ejercicio de 5 millones 255 mil 536.08 pesos para despensas, bultos de lámina negra, lámina galvanizada y estufas. Estas ayudas llegaron sobre todo a las víctimas de desplazo de la zona serrana de Concordia y Mazatlán, expulsados por la violencia y el hambre.
Esta situación de inoperancia de los presupuestos autorizados contraviene a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, en vigor desde el pasado 22 de agosto (Periódico Oficial del Estado), en la cual se establece que las víctimas de desplazamiento contarán con ayudas sociales por parte de Gobierno y los Municipios.
PURO SINALOA, PURO DISCURSO
Los proyectos de vivienda han quedado en puro discurso y en la compra de lotes en los que no hay nada fincado. En Guamúchil, la Comisión Estatal de Vivienda adquirió en diciembre de 2019 un total de 60 lotes para la construcción de casas para las familias desplazadas, pero a casi un año, los terrenos siguen baldíos.
En Guasave, ni siquiera consolidó la compraventa de la reserva territorial, aunque sí se presumió la adquisición en febrero pasado, en una reunión con la alcaldesa Aurelia Leal.
El 26 de octubre pasado, la Comisión de Vivienda informó que los terrenos de este municipio están pendientes de autorización.
“Se encuentra en proceso de ejecución ya que dicha reserva está pendiente de la autorización del cabildo del municipio de Guasave”, señala la respuesta vía Infomex.
De hecho, a través diversas solicitudes de acceso, no se ha logrado obtener pruebas del avance de estos proyectos.
Se compran terrenos, pero no se construye nada. En Mazatlán se ha desmontado una franja de reserva. Sin embargo, el director de Bienestar y Desarrollo Social del Ayuntamiento, Tonatiuh Guerra Martínez, confirmó que las casas se harán hasta el próximo año, ya que apenas “se inició con la limpieza de los terrenos y plataformas y de los cuadrantes”.
De acuerdo con la póliza 1082, la Secretaría de Desarrollo Social entregó el 30 de diciembre de 2019 la cantidad de 2 millones 377 mil 667.93 pesos a la Comisión de Vivienda de la cuenta Bancomer 0112755939, para que con esta cantidad se adquirieran terrenos en Guamúchil y Guasave.
Pero las compras de reservas han quedado en tierra baldía, en solares que se niegan a darle una esperanza a los desplazados de la violencia, que peregrinan de una a otra instancia en busca de un apoyo que ahora, por Ley, les debería llegar.
En Culiacán, ni siquiera se ha autorizado ningún proyecto para las víctimas de la sierra de Badiraguato y de la zona de Tepuche, expulsados por la violencia apenas en junio pasado.
Diputado pide aplicar Ley
Desde la Tribuna del Congreso, el diputado José Rosario Romero Moreno advirtió que para el grupo parlamentario de Morena, es urgente que se atienda a personas desplazadas de cientos de comunidades que por cualquier causa no han retornado a sus comunidades de origen, pese a que el pasado 21 de agosto pasado se publicó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento forzado interno
Dijo que el gobierno del estado y ayuntamientos deben de disponer de todos los mecanismos al alcance para facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas, mediante acciones específicas de corto, mediano y largo plazo como lo previene la ley para desarrollar en las comunidades expulsoras o potencialmente expulsoras, proyectos productivos y microempresas en lo particular y ampliar las oportunidades de empleos, además asegurar las condiciones para el retorno y así prevenir la repetición de hechos.
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El diputado de Morena demandó al gobernador para que en su próximo informe detalle la aplicación de los 40 millones de pesos etiquetados al Programa Especial de Atención en Viviendas a Personas Desplazadas por la Violencia y, considerando los antecedentes de las discusiones presupuestales de 2019 y 2020, prevea en su iniciativa de presupuesto para el 2021.
Dijo que es necesario que se dé cumplimiento a la ley de atención a personas desplazadas con las partidas que aseguren el desarrollo de proyectos productivos y microempresas en las comunidades de los altos de Sinaloa con el propósito de facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas.
Fuente de información: Irene Medrano Villanueva
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