Con la bandera de México, pancartas con mensajes dirigidos al Gobernador y al grito de ¡Viva México! y ¡Respeto a la Constitución!, el domingo 5 de febrero en punto de las 9:00 de la mañana cientos de personas marcharon de La Lomita a Catedral en protesta por incumplimiento del artículo 4to constitucional.
“Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”, señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto, sin embargo la organización civil Coordinadora Estatal de los Derechos Humanos por la Vivienda y Reservas Territoriales, asegura que en Sinaloa hay cerca de 180 mil familias sin acceso a la vivienda, en situación de calle o que viven en terrenos invadidos o casas de cartón.
También puedes leer: En plena celebración de la Constitución, sinaloenses exigen tener acceso a la vivienda
Para el año 2022 el Congreso del Estado aprobó un recurso de 60 millones de pesos a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable para atender a los desplazados, y específicamente “para asuntos relacionados con la vivienda”. Sin embargo, este recurso no alcanzó para la construcción de una sola vivienda, como evidencian documentos obtenidos vía acceso a la información.
Por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, El Sol de Sinaloa le solicitó a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable los documentos, facturas, transferencias, talones de cheques, contratos, licitaciones y adquisición de bienes y servicios en los que se gastó el recurso de 60 millones de pesos dirigido a los desplazados durante el 2022.
La Sebides, dirigida por María Inés Pérez Corral desde mayo del 2022, declaró que más de la mitad del recurso lo ejecutó la Secretaría de Obras Públicas en el acondicionamiento de las reservas territoriales adquiridas por el Gobierno del Estado en años anteriores.
De manera general la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable declaró que se gastaron 40 millones de pesos en dotar de servicios como red de agua potable, drenaje y alcantarillado a unos terrenos ubicados en Guasave, Sinaloa, y el sur del estado, mismos que próximamente serán “loteados” y entregados a las familias de desplazados.
En ese orden la Sebides declaró que realizó una transferencia por 10 millones de pesos a la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, quien informó que ese dinero se usó para la compra de 6.1 hectáreas de reservas territoriales al sur de Mazatlán en El Castillo 2.
Cvive presentó las escrituras del terreno, la transferencia de pago y todos los documentos requeridos. Mientras que los 10 millones de pesos restantes del presupuesto anual para desplazados fue ejercido por la Sebides por concepto de Apoyos y Operación.
No comprueban gastos
A través de la solicitud con folio 250483100001823 El Sol de Sinaloa le pidió a la Secretaría de Obras Públicas los documentos del ejercicio de los 40 millones de pesos para desplazados, al no proporcionar ningún documento se presentó un recurso de revisión.
La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable presentó información parcial que solo comprueba poco más de un millón de pesos de los 10 millones que ejerció por concepto de apoyos y operación.
En su respuesta adjuntó una factura de 290 mil pesos por 500 catres, 251 mil 430 pesos por 500 colchonetas, 466 mil 253 pesos por concepto de escrituras y servicios notariales por la adquisición de los terrenos en El Castillo 2, dos facturas de 27 mil pesos cada una por la compra de 140 chalecos rotulados para trabajadores del departamento de desplazados, 9 mil 700 pesos por comida para 40 asistentes a la reunión con la ANUR y 4 mil 573 pesos por concepto de cofe break.
También se presentó recurso de revisión.
No es un derecho prioritario
Para el presidente de la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, Leonel Aguirre, las autoridades tanto municipales, como estatales y federales no consideran el derecho a la vivienda digna y decorosa de orden prioritario, es por ello que no inventen en la construcción de viviendas y no hay un verdadero compromiso con los desplazados por la violencia.
“Los derechos humanos de carácter social como la salud, la educación, la vivienda digna, el trabajo digno y el salario digno es evidente que no se están cumpliendo porque no se consideran como derechos prioritarios”, expresó el activista y luchador social al terminar la marcha del 5 de febrero, a propósito del 106 aniversario de la Constitución.
El desplazamiento forzado por la violencia es un problema social que en Sinaloa cobró fuerza durante la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por la guerra contra el narco, misma que se vió reflejada particularmente en la sierra del estado, en Concordia y Sinaloa municipio, de donde se tiene el registro del mayor número de desplazados.
En Culiacán hay decenas de colonias y asentamientos irregulares habitados por desplazados por la violencia. Ampliación 5 de Febrero, Palos Blancos, Lomas de Imala, Las Coloradas, Urbivillas, Bicentenario, Renato Vega, Progreso y Rincón del Parque son algunas de ellas.
Los desplazados no quieren casa
Al cuestionar a María Inés Pérez Corral sobre el ejercicio del recurso para desplazados durante el 2022 y que éste no alcanzó para la construcción de una sola vivienda, la Secretaria respondió que durante el año anterior se abocaron a la adquisición y acondicionamiento de terrenos puesto que los desplazados “no quieren casa”.
“Ese fue el acuerdo (entregarle un terreno a los desplazados) hay una mesa intersecretarial, hay un comité de validación, nosotros empezamos a escuchar a los desplazados y ellos decían que se les diera un terrenito con servicios, y ellos construían como fuera para evitarse las rentas, estamos escuchando a la gente, no estamos inventando la manera de gobernar, es en base a necesidades”, expresó la titular de Sebides.
Pérez Corral declaró que es posible que el presupuesto de este año también vaya dirigido a la compra y habilitación de terrenos únicamente, dejando de lado la obligación del Gobierno de garantizarle a las familias el acceso a una vivienda digna y decorosa.
Esta vez vamos a probar también con la mesa intersecretarial, ya que lleguen los acuerdos al comité de validación dirá por donde vamos, ahorita yo no le puedo decir ni como secretaria ni como persona lo que vamos hacer porque se aprueba en conjunto.
Nosotros empezamos a escuchar a los desplazados y ellos decían que se les diera un terrenito con servicios, y ellos construían como fuera
María Inés Pérez Corral, Titular de SEBIDES
Gasto del fondo de 60 MDP
- Obras públicas: 40 millones de pesos (por comprobar)
- Comisión de Vivienda: 10 millones en un predio en Mazatlán.
- Secretaría de Bienestar: 10 millones en apoyos.
Catres y chalecos
La SEBIDES también compró 500 catres de jarcia por 290 mil pesos, compró 500 colchonetas, 140 chalecos para trabajadores y pagó comidas para dos reuniones con la ANUR.
