Culiacán, Sin.- Aquel 17 de noviembre de 2013, Alberto Román Soto Vázquez, ejecutivo de una empresa refresquera, fue perseguido por tres elementos de la Policía Municipal de Ahome, que lo interceptaron en las inmediaciones del poblado de Mochicahui, municipio de El Fuerte.
El joven viajaba en una camionega GMC, modelo 2007. Según las investigaciones del ministerio público, hubo testigos que vieron cuando Alberto Román fue subido a la patrulla oficial 2077, la cual se dirigió hacia Los Mochis... pero el joven nunca llegó, fue desaparecido en el camino.
Por este caso, los policías Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe Huicho Puente y Jorge Martínez Santos fueron sentenciados a 29 años de prisión. Aunque los elementos nunca quisieron decir dónde dejaron a Soto Vázquez, la justicia comprobó su participación directa en los hechos y por primera vez en Sinaloa policías fueron enjuiciados por este delito.
Pero no son los únicos involucrados en la desaparición de civiles. La Comisión Estatal de Derechos Humanos reveló en una Recomendación General que en los últimos 11 años, existen por lo menos 143 casos en donde elementos de corporaciones municipales, estatales y fuerzas armadas han participado en la desaparición de personas en Sinaloa.
Por primera vez, un documento evidencia que las mismas autoridades encargadas de buscar personas, las desaparece. Las elimina, las borra.
LA INVESTIGACIÓN
Derivado del análisis de estos 143 expedientes, desde el año 2008 hasta junio de 2019, la CEDH detectó serias omisiones por parte de las autoridades competentes “en la prevención, atención de las familias y la investigación del delito o delitos cometidos en materia de desaparición forzada.”
En estos 11 años, que coincide con la “guerra contra el narco”, lanzada por primera vez en el sexenio de Felipe Calderón, en algunos casos persiste la sospecha, pero en otros se ha logrado demostrar ante los jueces la participación directa de los elementos del Estado mexicano.
En 2012 fue el año donde más casos se reportaron en la desaparición de civiles, siendo 25 expedientes, de los cuales 11 pertenecen a la Policía Ministerial del Estado, siete de la Policía Municipal de Ahome y uno de la municipal de El Fuerte; otro de la Policía Estatal Preventiva; uno más de la Unidad del Ministerio Publico; dos de la Policía Federal y dos del Ejército Mexicano.
En este mismo año, fue cuando se iniciaron esfuerzos en la entidad para generar un protocolo de actuación por parte de las autoridades competentes en la investigación de las personas desaparecidas. En el documento de la recomendación general de la CEDH, se lee que:
“De los casos estudiados resulta evidente que no hay una investigación planeada y estructurada por parte de la Fiscalía General del Estado, que la ausencia de orden en las investigaciones iniciadas es palpable y preocupante”.
Una Recomendación General, tiene por objeto generar una cultura de respeto a los derechos humanos en la entidad, señalando las principales violaciones a los derechos humanos detectadas y buscando proponer a las diversas autoridades del estado y los municipios en el ámbito de sus competencias, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas.
El visitador Miguel Ángel Calderón Espinoza, informó que los ayuntamientos de Culiacán, Concordia, Ahome y el Congreso del Estado de Sinaloa; son los organismos que han dado respuesta a esta recomendación, pese a que está en derecho de no contestar nada.
Las instituciones señaladas en la recomendación tienen el derecho de contestar o no y de hacer saber qué es lo que harán para tomar cartas en el asunto.
Calderón Espinoza
NUMERALIA
En 2008, se iniciaron un total de 24 casos sospechosos de desaparecer a personas en Sinaloa: cinco contra elementos del Ejército Mexicano, uno contra la Secretaría de Marina, siete de la Policía Federal, tres de la Agencia Federal de Investigaciones, tres de la Policía Ministerial del Estado, dos de la Unidad Especializada de Aprehensiones y uno de la policía estatal preventiva.
En 2009 la CEDH solo tiene el registro de dos: uno de la Policía federal y uno del Ejército Mexicano.
En 2010 fueron 12 expedientes; la corporación con más inmiscuidos fue la Unidad de Ministerio Publico, con cuatro. Dentro de las instituciones que en ese año participaron en el delito se encuentran: Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Agencia Federal de Investigaciones, Policía Federal Ejercito Mexicano y la Secretaría de Marina; y la Procuraduría General de la República.
En el año 2011 también se señalaron a 12 expedientes, cuatro de la Policía Ministerial del Estado y cuatro más del Ministerio Público. El resto fueron dos del Ejército Mexicano, uno de la Procuraduría General de la Republica y uno más de la Policía Estatal Preventiva.
En 2013 la CEDH encontró en más expedientes analizados: la Policía Municipal de Ahome tiene a nueve casos y la de Mazatlán dos. La Policía Ministerial del Estado a seis; dos el Ministerio Publico, uno el Ejercito Mexicano y otro más de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sumando 21 casos en los que desaparecieron a civiles.
En 2014 fueron siete: dos de la Procuraduría General de la Republica, uno de la Policía Ministerial, uno de la estatal preventiva, otro de la Policía Municipal de Ahome y uno más de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Otros 13 casos se sumaron en 2015 donde cuatro corresponden a la Policía Ministerial del Estado, dos de la Policía Municipal de Ahome. También se señaló a uno municipal de Mazatlán y otro de Culiacán, e incluso la Secretaría de Educación Pública y Cultura tiene abierto un archivo. Elementos de la marina, ejército y de la Policía Federal; también.
2016 sumó 14 casos: tres de la Policía Municipal de Guasave, dos de Ahome, uno de El Fuerte y otro de Mazatlán. Así como cuatro de la Policía Ministerial del Estado, uno del ejército y otro más de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Los años 2017 y 2018 tuvieron siete y seis casos donde hay implicados. En estos dos años se señala a la policía municipal de Culiacán y Mazatlán; a la Policía Estatal Preventiva, la marina y Fiscalía General del Estado.
Finalmente en 2019, solo tres casos abiertos a la policía municipal de Culiacán y estatal preventiva.
AHOME, FOCO ROJO
En este municipio algunos policías municipales han sido investigados por el delito de desaparición forzada de ciudadanos.
143
Son los expedientes en los que aparecen nombres de policías municipales, estatales y elementos del Ejército y la Marina.
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