Culiacán, Sin.- Durante la comparecencia de María Guadalupe Ramírez Zepeda, titular de la Secretaría de Transparencia, la funcionaria destacó que en 2023 se abrieron 128 carpetas de investigación contra funcionarios del poder Ejecutivo, de las cuales han culminado 31.
La secretaria indicó que cada indagatoria tiene tiempos indefinidos para su conclusión y que cada caso cuenta con condiciones distintas, por lo que no es extraño que algunas tarden más en concluir.
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"No hay tiempo perentorio para que digan que en cierto tiempo se debe concluir la investigación, luego la sustanciación y, por último, la resolución. Muchos de los expedientes tenemos que darlos por concluidos por la falta de evidencias que aporten datos que contribuyan a las resoluciones", añadió.
Además, Ramírez Zepeda abordó el tema de las sanciones durante su comparecencia ante los legisladores. Sobre esto, comentó que se dictaron 5 sanciones administrativas, en 2 de ellas se impusieron multas por 865 mil 980 pesos y 215 mil 088
En este mismo aspecto, resaltó una sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde a un ex servidor público se le aplicó la sanción de inhabilitación por 10 años y se le condenó al pago de la indemnización por daños causados a la hacienda pública del estado por 12 millones 704 mil 440 pesos.
Más detalles
En el informe proporcionado, se detalla que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinó el uso de 10,864 millones de pesos, identificando irregularidades en solo el 0.29 por ciento de ese monto. La Secretaría de la Función Pública (SFP) auditó 1,641 millones de pesos sin encontrar observaciones. En cuanto a la Auditoría Superior del Estado (ASE), se señalaron observaciones por 82 millones de pesos, pero se logró solventar 72 millones, dejando solo 9.9 millones pendientes de aclarar, representando el 0.05% de la muestra auditada.
Estas cifras, según Guadalupe Ramírez, evidencian una reducción de los montos observados de la Cuenta Pública 2021 a 2022, pasando del 0.12 por ciento al 0.01 por ciento, gracias a los esfuerzos en control interno.
Destacó el mantenimiento de la acreditación de pruebas de calidad de obra pública, 356 inspecciones en tiempo real y 196 pruebas de laboratorio para garantizar especificaciones contratadas. Referente a la participación ciudadana, el 2023 concluyó con la vigilancia en licitaciones por 2,246 millones de pesos para garantizar el uso adecuado de recursos.
