Fue en 2011 cuando Michelle Bachelet, siendo directora ejecutiva de ONU mujeres, inmortalizara la frase de la abogada y política argentina Florentina Gómez Miranda, que sostiene qué “si una mujer entra a la política, cambia la mujer y sí, muchas mujeres entran a la política, la que cambia es la política”. Desde entonces la frase es recurrente cuando hablamos del reto de la inclusión de las mujeres, desnudando la necesidad y alta expectativa de un cambio en el modelo de hacer política.
Y es que apenas hace unos días, el 6 de junio, para ser exactos, conmemoramos el día de la paridad, reflexionamos sobre el “peregrinar” que ha resultado garantizar los derechos humanos de las mujeres, y especialmente los político-electorales de todas ellas.
Es que suena difícil de creer para las nuevas generaciones quizá, pero tan sólo han pasado 69 años desde del decreto del presidente Ruiz Cortines, en el que superamos los obstáculos legislativos, y así, reconocernos como ciudadanas. Han transcurrido 67 años en el que, por primera vez, se pudo ejercer esa plenitud de ciudadanía en lo federal, 43 años de haber tenido a una mujer como gobernadora de un Estado, ocho años desde la aprobación del principio constitucional de la paridad y apenas tres desde la serie de reformas conocidas como la “paridad en todo”.
Ahora, entender el principio de paridad pasa por varios aspectos centrales que tienen objetivos distintos buscando transformar lo político y social: Los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, por supuesto en términos de ciencia política la garantía democrática de la representación descriptiva (numérica, es decía igual o mayor número de mujeres), simbólica (esto es, mujeres en los espacios de poder, sentadas y con nombramiento en las mesas de poder) y la sustantiva (mujeres tomando decisiones, impactando en la agenda y transformando a la política), es esta última la que me lleva a la reflexión de hoy, ¿están las mujeres transformando a la política?
Ante las y los críticos del sistema paritario, la lentitud de la transformación política ha resultado en una victoria momentánea de la razón, sin embargo, sobra decir de las barreras de acceso que enfrentan las mujeres en los espacios públicos siguen cayendo a cuenta gotas, especialmente cuando hablamos de la administración pública municipal, y hace apenas unas semanas instalamos un observatorio de violencia política desde el colectivo 50+1 en Sinaloa para señalar y denunciar este desacato constitucional normativo que vulnera y niega el acceso a mujeres a sumarse en el servicio público de su municipio.
Lo que encontramos tiene un nombre, es violencia institucional por parte del Estado, como ente y a través del desacato de la norma por parte de las y los funcionarios, que se traduce en reglamentos municipales no armonizados sobre la garantía de la paridad en el texto y el modelo de inclusión, el etiquetado de los espacios de primer nivel, la presentación de los gabinetes y plantilla de primer nivel en sus portales resultando en un obstáculo en el acceso a la información y la penosa realidad de constatar que, no se supera ni el 40 por ciento de los espacios en los ayuntamientos de Sinaloa.
Hay que decirlo fuerte y claro también: no lo hace tampoco gobierno del Estado, aunque sea por menos, y aún las declaraciones dichas por el propio gobernador en las que reconoce la falta y que nos genera la expectativa de que pronto se subsanará, me pregunto ¿nos faltará seguir insistiendo y exigir más para que se cumpla la ley?
Claro que todo esto es posible ante la existencia de un conveniente “vacío legal” de responsabilidades administrativas y penales a quienes incumplan e incurran en estas omisiones y retrasos en la actualización de la reglamentación y sustantivación de la ley en los espacios, lo decepcionante es reconocer que entre quienes se encuentran en desacato están sí muchos varones, pero también presidentas, síndicas y regidoras, en ello reconocemos el obstáculo: cuerpo de mujer no es sinónimo a conciencia de género, esto nos adelanta el reto que de ya, tenemos en formación, capacitación y en valores como la sororidad.
No se trata en ser verdugo de nosotras mismas, ni de esperar cambios mágicos, tan solo es un acto de congruencia, aclarando que, no se trata de colocar solo mujeres, o de privilegiar políticas, programas o atención exclusiva a mujeres, y dejar de la mano los otros problemas o a la población de varones o las alianzas y trabajo en conjunto, hablamos de una forma de hacer política más humana, transparente, y de resultados, como la exigimos a todos los gobernantes, eso sí con un sello: reconociendo las desigualdades, la discriminación y el potencial humano de las personas.
Sé que la critica que hacemos desde fuera no se acerca a entender las barreras tanto en el acceso como en la permanencia de los cargos a los que enfrentan las mujeres, ¿llegan lo suficientemente preparadas? ¿tienen equipos de confianza que incluyan al menos igual número de mujeres? ¿cómo innovar, deconstruir y rehacer para pertenecer a un espacio y ejecutar decisiones desde un lugar donde las mujeres solo tienen el espacio, más no así el poder?
Sé algo: el mundo, especialmente el político, cambio y costo siempre van de la mano, me quedo reflexionando ¿quién o quiénes asumirán el costo de transformar la política y no solo a la mujer en todos los ámbitos y esferas?
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