La vacunación masiva a los adultos mayores, a partir de esta semana, con la llegada de un millón 370 000 dosis de la vacuna anti-Covid-19 que serán aplicadas primero en municipios marginados y del medio rural, es una nueva muestra del compromiso con este grupo etario. La meta es inmunizar a 15.6 millones de personas mayores de 60 años, que representan el 12 por ciento de la población, más tardar a mediados de abril.
En el camino por construir un estado de bienestar en México queda claro que el componente moral, ético y filosófico de la opción preferencial por los pobres, tiene en los adultos mayores su núcleo doblemente preferente. En solo dos años son evidentes los avances en el abatimiento del abandono, la exclusión, discriminación y maltrato de las personas adultas mayores, victimizadas por un modelo económico en el que desarrollaron su ciclo productivo sin derechos laborales y sin seguridad social y que llegados a la última etapa de sus vidas, los definieron como una carga injusta para las finanzas públicas.
Atender hoy a este grupo social no solo es un deber de justicia sino una política que debe convertirse pronto en una estrategia integral para hacer frente a los retos del futuro. El proceso de envejecimiento demográfico del país avanza más rápido de lo previsto por algunos. Las estadísticas son irrefutables: en el año 2000, la edad promedio del país era de 22 años y celebrábamos entonces las promesas del llamado “bono demográfico”; diez años después, en 2010, promediamos 26 años de edad y hoy que el censo de población 2020 nos informa que la edad media de los mexicanos es de 29 años, debemos escuchar las señales de alerta y los llamados de un futuro cercano en el que empezaremos a ser un país de viejos.
Nadie debe ignorar lo que significa que en tan solo 20 años los adultos mayores de 60 años hayan pasado de representar el 7 al 12 por ciento de la población total, cerca de duplicar la cifra. Las proyecciones de Conapo son que en el 2050 el porcentaje de adultos mayores de 65 años de edad como proporción de la población total será de 17 por ciento. En esta materia, el futuro es incierto y desafiante.
Con este panorama a la vista, en la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores hemos impulsado reformas de gran importancia que impactan en la población adulta ubicada en este rango de edad. Legislamos en materia de bienestar, de accesibilidad a las TIC, de salud, de calidad de vida y de criterios de política social; sin embargo, la reforma de mayor alcance, de gran calado, es la reforma que promovimos al artículo 4° de la Constitución Política de México en materia de bienestar, que eleva a rango constitucional los programas sociales, entre los que la pensión a adultos mayores de 68 años de edad (y de 65 en zonas indígenas) es un programa insignia de este gobierno. Representa los cimientos de un robusto estado de bienestar en México.
En el corazón de esta reforma está nuestra convicción, como hemos dicho, de que por el bien de todos, primero los pobres. En muchos casos, nuestros ancianos son los pobres entre los pobres, pues según el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento del Inegi, el 43.2% de nuestros mayores están en condición de pobreza por carecer de al menos uno de los servicios básicos, no goza efectivamente de derechos sociales y no tiene ingresos suficientes para asegurar acceso a la alimentación.
Con las reformas legislativas en marcha, buscamos hacer justicia para quienes en el pasado laboraron para el país y las familias, y aun así, quedaron en el desamparo. Construimos también una gestión estatal más humana, solidaria y comprometida integralmente. Todos los derechos, todas las personas.
