En los últimos días, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, ha venido anunciando insistentemente que promoverá una amplia reforma administrativa, para desaparecer más programas de gobierno y eliminar diversas dependencias creadas por legislación y un conjunto de organismos constitucionalmente autónomos.
Por lo visto, el presidente de la república seguiría adelante con su proyecto de destrucción institucional y desmantelamiento del estado mexicano. Con su draconiana y salvaje política de austeridad y su estrategia de achicamiento del estado, López Obrador hace suyas las recetas de la más pura ortodoxia neoliberal, que todos los días fustiga en su púlpito mañanero.
Los argumentos son los únicos que tiene el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación: la austeridad y el combate a la corrupción. El presidente de la república ha dicho que los órganos autónomos no son imprescindibles, “consumen mucho presupuesto” y es necesario evitar duplicidades y lograr ahorros para destinar más recursos a los programas sociales y a la compra de vacunas y medicinas.
¿Pero qué no informó Andrés Manuel López Obrador que, con todo y pandemia del COVID-19, se elevaron los ingresos del gobierno federal? El presidente de la república señaló, además, que gracias al combate a la corrupción y a la “austeridad republicana” su gobierno ha ahorrado 1.5 billones de pesos.
Vale la pena recordar, que según el compromiso de López Obrador, desde el 1 de diciembre del año pasado México tiene ya un sistema de salud con la misma calidad que el de Dinamarca, y que los medicamentos “como la coca-cola llegarán a todos lados” y que se cuenta con presupuesto suficiente para comprar vacunas.
Si esto no es verdad, si hace falta dinero para salud y los programas sociales, por qué ir por los centavos y no por los pesos. El presupuesto asignado el 2021 al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es de solo 905 millones de pesos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) recibirá mil 510 millones de pesos. ¿Con estos recursos piensa el presidente de la república resolver el problema de la pobreza y garantizar la vacuna contra el coronavirus para todos los mexicanos?
Agregando los presupuestos de otros organismos que están en mira de la guillotina presidencial, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (138 millones), Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Comisión Reguladora de Energía (253 millones), Instituto Nacional Electoral (26 mil 819 millones), Comisión Nacional de Derechos Humanos (905 millones de pesos), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (361 millones), Comisión Nacional de Hidrocarburos (797 millones), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (7 mil 746 millones), Comisión Federal de Competencia Económica (598 millones), estamos hablando en total de aproximadamente 40 mil millones de pesos, de los cuales el 66% corresponde al INE, en un año electoral.
Los presupuestos de todos estos organismos son limitados, por lo que el argumento del gasto excesivo no se sostiene. Pero si el gobierno federal tiene problemas de recursos, si no hay dinero para la continuidad de los programas sociales y la adquisición de vacunas contra el COVID-19, ¿por qué el presidente de la república no detiene, temporalmente, algunos de sus proyectos faraónicos? Para el 2021 la refinería de Dos Bocas tiene un presupuesto de 45 mil millones de pesos, el Aeropuerto de Santa Lucía de 21 mil millones y el Tren Maya 36 mil millones de pesos. Aquí hay mucha tela de donde cortar.
Realmente, el problema no es financiero, sino político. Andrés Manuel López Obrador aborrece a los organismos autónomos, porque en su opinión surgieron durante la larga y oscura noche del período neoliberal y además “cuestan mucho y no sirven, no benefician al pueblo”, ya que fueron creados para la simulación y el uso faccioso, “como alcahuetes y tapaderas de ilícitos”.
Cuanta ignorancia, falsedad y mala fe hay en tales afirmaciones. Si bien es cierto que estas instituciones y organismos no han tenido un funcionamiento impecable, y deben mejorar sus resultados, no se puede poner en duda su gran aporte para garantizar el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales. Y esto es lo que se pone en riesgo con la propuesta de la 4T, que de concretarse implicaría una gravísima regresión antidemocrática.
En su estrecha visión, el presidente de la república considera que las funciones que hoy ejercen los órganos constitucionalmente autónomos, pueden ser asumidas por dependencias del poder ejecutivo. Con ello, López Obrador demuestra que no quiere contrapesos reales y efectivos. Ya ha colonizado y coptado varias instituciones y ahora pretende desaparecer a otras que le resultan incomodas.
Cada vez va quedando más claro que el proyecto de la Cuarta Transformación lo que busca es concentrar el poder y restaurar la vieja presidencia imperial; autoritaria, antidemocrática, opaca, sin límites ni controles, sin transparencia ni rendición de cuentas.
