Al tiempo que el presidente nos regalaba otra de sus mañaneras, los encapuchados de Ayotzinapa le daban portazo por la entrada trasera de Palacio Nacional. El huracán que alguna vez desató el propio López Obrador a partir de lo sucedido con los 43 normalistas de Iguala en 2014, y que uso como una de sus promesas de campaña para llegar a ser presidente, hoy se ha vuelto contra él. ¿Qué hay detrás de todo ese entramado, que ha convertido a López Obrador en rehén de una bronca que viene del sexenio de Peña Nieto?
Corría el año de 2015. En una de sus giras por Guerrero, el entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, exigía a voz en cuello que Peña Nieto diera a conocer qué había ocurrido en realidad la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, cuando fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Y ya entrado en calor, López Obrador se descoció; dijo que lo sucedido permanecería en la memoria de los mexicanos durante muchos años, pues era algo que no se podría olvidar. Cuánta razón tenía.
En su momento, López Obrador se apropió socarronamente de la narrativa de Ayotzinapa y lucró con ella; usó esa narrativa tanto para arremeter contra el gobierno de Peña Nieto, como para que formara parte estelar de sus promesas de campaña. Digamos que la noche de Iguala le cayó como anillo al dedo. Quién mejor que él, el luchador incansable de la izquierda, para representar la causa de 43 estudiantes pobres. Y, peor aun, secuestrados. Pero un día López Obrador dejaría de ser el eterno candidato opositor, para convertirse en presidente de la República. Y entonces se vio obligado a responder por lo que tanto había criticado. No había más remedio que pasar del discurso a la acción. Después de todo, era una promesa de campaña. Fue en ese momento cuando la implacable realidad mostró los colmillos.
Las buenas intenciones
Al inicio de este sexenio Alejandro Encinas, un veterano político surgido de la rancia izquierda mexicana, fue nombrado por el presidente como Subsecretario de Derechos Humanos, con la consigna de transparentar el entuerto de Ayotzinapa.
Aunque era espiado por el Ejército, Encinas se puso a investigar con rigor. Y no sólo él, sino que también intervino el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), invitado por el gobierno de López Obrador. Había buenas intenciones y un compromiso. Bueno, eso hasta que la gente del GIEI confirmó lo que ya sabía desde que comenzó sus investigaciones del caso Ayotzinapa durante el gobierno de Peña Nieto. Y es que el Ejército siempre estuvo al tanto de lo que sucedió aquella trágica noche y no metió las manos por los estudiantes. Los dejó a su suerte.
Responsabilidades
El Ejército supo de las detenciones y traslados de los normalistas, así como de lugares y nombres. Oportuno y preciso, informó minuto a minuto a los altos mandos de la Ciudad de México. Y la orden al parecer siempre fue la misma: no intervenir. Sin embargo, no sólo por omisiones se podría señalar al Ejército, sino también de que a lo largo del tiempo ha hecho todo lo posible, según el último informe del GIEI de 2023, por esconder la información con la que cuenta y por manipular la versión de los hechos. Ya echado para adelante, Alejandro Encinas sostuvo en su informe sobre el caso de los 43 normalistas, que varios elementos del Ejército le vendían armas y municiones a Guerreros Unidos, los mañosos, que se supone, llevaron a cabo el levantón.
Visto así, la única forma de entender por qué López Obrador mostró tanta energía y decisión, al inicio de su mandato, para entrarle al caso Ayotzinapa, es porque ignoraba hasta qué punto estaba involucrado el Ejército. Ese mismo Ejército que a la postre, él mismo convertiría en el socio comercial de su sexenio. Cuando eso pasó, las promesas de campaña y la justicia social se fueron al demonio. Ahora había que cuidarle la espalda al nuevo socio. Todavía y, a modo de desquite, unos días antes de renunciar como Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas entregó documentos de inteligencia militar a las familias de los 43 estudiantes. Pero ya no había mucho qué hacer. La voluntad presidencial por llegar a la verdad se había agotado.
Franquicia de impunidad
Lo cierto es que a lo largo de todos estos años, la desaparición de los 43 se ha convertido en una especie de franquicia de la impunidad, en la que los estudiantes de Ayotzinapa, a cambio de no recibir justicia, tienen carta blanca del gobierno para secuestrar autobuses y casetas en las carreteras de Guerrero o, de plano, para atracar cualquier gasolinera que se crucen en su camino. Pero la bomba reventó hace unos días, cuando cuatro normalistas de Ayotzinapa que iban a bordo de una camioneta con reporte de robo, se toparon con un retén policíaco. Según la versión del gobierno de Guerrero, al ordenarles que se detuvieran, los normalistas dispararon desde la camioneta contra los policías que ahí se encontraban. Los agentes respondieron los plomazos.
Al final del zafarrancho uno de los normalistas murió ahí mismo. Ya con el agua hasta el cuello, el presidente hizo un mártir del normalista asesinado, al tiempo que anunció que había habido abuso de autoridad. En gira por Morelia, Claudia Sheinbaum no tuvo más remedio que prometer que, en caso de ser presidenta, continuará con las investigaciones del caso Ayotzinapa. ¿Y qué hará cuando sus investigaciones se vuelvan a topar de frente con el Ejército? ¿Le va a dar largas al asunto igual que su predecesor? Tal vez funcione al principio, pero ya se está viendo que, al paso del tiempo, el destino siempre nos alcanza. Esta vez sólo fue el portazo y la zozobra que ocasionó en la mañanera de Palacio Nacional. ¿Pero quién asegura que en el próximo portazo uno de los infiltrados no esté armado? Prometer no empobrece, lo que mata es tener que cumplir lo que se prometió. Y esa es una dura lección que el presidente ha tenido que aprender de la peor forma.
