Poco consientes somos del impacto social, económico y político, así como la organización que requiere el hecho de que los seres humanos seamos sujetos de cuidado, sí, en nuestro ciclo de vida habrá etapas de mayor atención que otras como lo son la infancia y la vejez, así como lo son ciertas condiciones y circunstancias: enfermedades crónicas, la discapacidad u otros, pero ¿quiénes han asumido esta responsabilidad social?
El modelo de división sexual del trabajo aún sigue vigente; en nuestras instituciones, leyes, en nuestros hogares, aún persisten los roles de actividades de acuerdo al sexo. Esta división que encasilla a mujeres al hogar y hombres a lo público, ha generado un modelo de organización social que ha sido nudo de las desigualdades, especialmente para las mujeres, quienes han asumido la carga del cuidado y el trabajo doméstico no remunerado.
Hoy podemos decir que están siendo desafiados ante la mayor integración de las mujeres al mercado laboral y el cambio cultural a través de las garantías legales, fue apenas el 18 de noviembre de 2020, que fue aprobado en la Cámara de Diputados el dictamen de la Comisión de puntos constitucionales para establecer la garantía de que toda persona tiene derecho al cuidado y a cuidar, especialmente las personas que requieran cuidados por enfermedad, discapacidad, las niñas y niños, adultos mayores, y a quienes, de manera no remunerada.
Estas actividades se han clasificado ahora como actividades de interés público y por lo que el Estado asume su responsabilidad y la promoción en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, pero el estudio sobre el impacto presupuestal, realizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, determinó que esto generaría un impacto presupuestario que no es factible estimar, en virtud de que instruye a la implementación del Sistema Público Nacional de Cuidados, que aún no existe, así que falta algo más que leyes para hacerlo posible.
Haciendo un resumen de la agenda pendiente; en lo que respecta a las licencias de maternidad, las normas de la OIT establecen un periodo mínimo de maternidad de 14 semanas y recomiendan aumentarlo hasta al menos 18 semanas para garantizar que la madre disponga de tiempo suficiente para su descanso y recuperación, sin embargo, la ley contempla 12 semanas. La legislación nacional también establece un permiso por licencia de paternidad de 5 días, mientras que en otros días, como Ecuador, la licencia es de diez días. Entonces, parece que no se a avanzado mucho en la materia, al menos regionalmente, nuestro país no sobresale.
Pero ¿qué ha sucedido recientemente al interior del país?, ya se mencionó que en la Cámara de Diputados, en la legislatura pasada, se aprobó un dictamen para la Creación del Sistema Nacional de Cuidados y que está pendiente de su aprobación en el Senado pero que más.
La modificación en la operación del Programa de Estancias Infantiles, promoviendo la entrega de apoyos directos a los padres, ha desprotegido a la red de estancias infantiles, garantizando el apoyo, pero no el servicio que otorgaban las estancias.
La modificación de las escuelas de tiempo completo implicaría serios ajustes en el estado de Sinaloa, ya que es la cuarta entidad federativa con más alumnos atendidos (132,214 alumnos), sólo después de Ciudad de México, Estado de México y Guerrero. Siendo Sinaloa la cuarta entidad con mayores recursos reportados como ejercidos en 2019 con un total de 497.0 millones de pesos los cuales representaron el 5.2% con relación al total.
La injusta organización social del cuidado es el nudo de las desigualdad que castiga a las mujeres, y entre ellas, especialmente a las de menores recursos o con mayor discriminación, promover un México y Sinaloa más igualitario es darle prioridad en la agenda…y por supuesto, en el presupuesto.
