Imelda Castro es senadora de la República por Morena
Desde 1953, cuando fue reconocido el derecho al voto de las mujeres, México emprendió su camino hacia la paridad de género. En esa ruta, 2020 será el año de mayores logros legislativos, por lo que se sentarán las bases formales para que se concrete de manera integral, transversal, la paridad total.
Reducir, urgentemente, la brecha de desigualdad, fue uno de los grandes compromisos derivados de la reforma constitucional en materia de paridad sustantiva publicada el 6 de junio de este año en el Diario Oficial de la Federación.
La reforma consagra la “paridad de género como eje rector para la integración de los órganos del Estado”, además, el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios políticos en condiciones de igualdad con los hombres. Para ello, “establece la obligatoriedad constitucional de observar dicho principio en la integración de los Poderes de la Unión, así como paridad en los tres poderes de todas las entidades federativas y los municipios, así como en los organismos autónomos”.
Para ser más precisos, citemos el texto de la reforma: “La ley determinará las formas y modalidades que correspondan, para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los organismos autónomos se observará el mismo principio”.
En este caso, el derecho transicional mandata un plazo improrrogable de un año a partir de la entrada en vigor de dicho decreto, a realizar las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en la Constitución.
Es decir, “las cámaras legislativas federales tienen la obligación, legal y moral, de continuar con el trabajo para materializar la paridad sustantiva”.
En 2018 las mexicanas y mexicanos lograron conformar con su voto las legislaturas de la paridad a nivel federal, lo que es un gran avance en el combate a la desigualdad entre géneros, sin embargo, ello no basta, ya que el mandato de las urnas fue mucho más profundo. De ahí que la llamada Reforma del 19 debe concretarse en las leyes secundarias del país, antes del mes de junio del próximo año.
No podemos ya desconocer los avances, pero el desafío de materializar la paridad en todos los espacios públicos es muy grande. Por ejemplo, el estudio Mujeres y Hombres en México 2018, realizado por el Inegi, indica que la distribución por sexo de las y los funcionarios en puestos de alta dirección en la organización principal de la Administración Pública Federal (centralizada y paraestatal) está altamente masculinizada; la titularidad de los puestos de dirección en las diferentes instituciones y dependencias es ocupada en una gran proporción por hombres (83.3% contra 16.7% de mujeres). La mayor participación femenina se da en el puesto de oficial mayor, en el que, por cada 100 titulares, 20 son mujeres; así como en otros cargos, en las cuales 19 de cada 100 plazas son encabezadas por mujeres.
En los demás puestos de mando superior, la proporción de varones es más alta: 85.2% en las secretarías de Estado y 87.7% en las subsecretarías.
Vale la pena hacer un nuevo estudio para saber el avance que se ha logrado en el nuevo gobierno. Es notable que en los mandos superiores hay paridad, lo que aún no sabemos es si la anterior brecha de género se ha abatido en los mandos medios y bajos del gobierno.
Es claro pues, que debemos seguir legislando en materia de paridad hasta que la igualdad se vuelva norma y costumbre.
El compromiso legislativo para el primer medio año de 2020 es de más de 40 disposiciones en materia secundaria. Por ello están en los hornos legislativos la elaboración y cocción de iniciativas desde todas las fuerzas políticas y desde las diferentes áreas del Gobierno federal. Solo en este mes de diciembre ha llegado al Senado una minuta en materia de violencia política y paridad de género de la Cámara de Diputados, que implica reformar siete leyes secundarias que buscan vincular diferentes instrumentos para establecer acciones y mecanismos institucionales para brindar a las mujeres garantías para una participación política activa y libre de coacción, aplicable y obligatoria en todo el territorio nacional y para los tres niveles de gobierno, así como para las autoridades responsables de aplicar las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de las mujeres, en absoluto respeto a la concurrencia legislativa, que permita a las entidades federativas tomar las acciones necesarias.
También en materia de paridad de género en las designaciones públicas de órganos autónomos se han presentado iniciativas que serán analizadas, discutidas y, en su caso, aprobadas en los primeros meses del próximo año. Sobre ello estaremos escribiendo en las siguientes entregas.
