La Universidad Autónoma de Sinaloa continúa en su estrategia legal de frenar la aplicación de la Ley de Educación Superior de Sinaloa al interponer un amparo, en esta ocasión como institución educativa.
Se trata del amparo número 262/2023 que fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito con sede en la capital del estado.
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Fue el pasado 17 de marzo cuando el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, promovió la demanda de garantías como representante legal de la institución educativa.
El juez Primero solicitó al interesado acreditar que tenía la representación legal de la Universidad, por lo que días después se dio por admitido el trámite de demanda.
Este lunes 27 el juzgado informó en su lista de estrados que ya rindieron sus informes la Secretaría General de Gobierno, ya que fue la que emitió el Periódico Oficial del Estado de la Ley impugnada, y también la Mesa Directiva del Congreso, cuya representación recae en el priista Ricardo Madrid, envió sus informes.
Hasta el momento no se determina la fecha de la audiencia incidental ni de la constitucional para avanzar en el juicio de amparo.
Este nuevo litigio surge ahora que la UAS canceló la concentración masiva de este martes 28 de marzo, luego de intensas negociaciones entre el gobernador Rubén Rocha Moya y los representantes de la Universidad.
Fue el pasado viernes después de la reunión entre Héctor Melesio Cuén Ojeda, Rocha Moya y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el rector Jesús Madueña anunció la suspensión de la marcha, bajo el argumento que la estrategia sería jurídica y a través del diálogo.
