Culiacán. Sin-. El grupo parlamentario del PAS presentó una iniciativa de Ley para regular los aspectos que algunas veces han sido temas centrales de debates, como son los derechos humanos y videovigilancia, especialmente los que se refiere a los límites físicos que deben de cubrir las cámaras para respetar la intimidad y la privacidad de las personas.
Así mismo, los límites que deben observar a su vez los particulares y las empresas al instalar videovigilancia, los derechos que tienen las personas que son vigiladas por medio de estos sistemas y cuando son grabadas con fines de investigación, en especial el derecho a ser notificados, acceder a las grabaciones para contar con una defensa adecuada, y el derecho de que las grabaciones sean destruidas cuando no se justifique su conservación o cuando sus contenidos se hayan obtenido ilegalmente.
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En la propuesta de la ley que regula la videovigilancia en el estado de Sinaloa y que se le dio primera lectura, se establece que en relación con las personas que son videograbadas en la vía pública, se busca establecer el régimen legal para el respeto de los derechos humanos en el uso de sistemas públicos de videovigilancia y manejo de la información que se obtenga de los mismos.
Además, se busca crear un marco jurídico que brinde certeza sobre el manejo de la información que se capte a través de la videovigilancia, además, establecer las bases legales en caso de que se vulneren los derechos de las personas, así como para sancionar el mal uso de la información obtenida por medio del material visual de vigilancia y en su caso, la reparación del daño.
Se establece que el Estado de Sinaloa, cuenta con un programa de videovigilancia, por lo que su objetivo es de contar con puntos de observación y vigilancia en las áreas estratégicas, como medida de prevención y auxilio a la ciudadanía. Tal y como lo registra el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, que al 31 de diciembre del año 2020 contabilizaba mil 694 instaladas en todo Sinaloa.
Dicha información se encuentra clasificada en el Censo, como infraestructura en las Administraciones Públicas Estatales para el ejercicio de la función de seguridad pública por entidad federativa.
Así, las políticas públicas prioritarias que se implementen en el Estado, deben atender el rubro de la seguridad pública, en el cual debe considerarse el uso de tecnologías como una herramienta de combate hacia el crimen y bajo el marco del respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución General y los Tratados Internaciones ratificados por el Estado Mexicano.
