Con apenas 31 atenciones a periodistas y defensores en un lapso de 8 meses, así como una erogación mensual de 110 mil pesos en ayudas a personas de estos gremios, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, gasta más de la mitad de su presupuesto anual en nómina y servicios.
En este mes de junio, en que se celebra el Día de la Libertad de Expresión (día 7) y el primer año de creación formal de este órgano autónomo, las estadísticas muestran que las agresiones se han mantenido, nada más durante mayo integrantes del colectivo Sabuesos Guerreras denunciaron acechanzas criminales e intimidaciones, y por otro lado, la justicia no ha sido completa en los asesinatos de Luis Enrique Ramírez y Javier Valdez.
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En los informes del Instituto, se observa que son las amenazas y el despojo de equipo la agresión más constante, de hecho esta última situación se focalizó en el Culiacanazo del 5 de enero del 2023, en donde incluso una persona tuvo que salir del estado de manera temporal.
Para paliar el daño patrimonial, esa vez el órgano entregó apoyos a los periodistas afectados.
La nómina sangra a la protección
En agosto de 2022, integrantes del Consejo Consultivo denunciaron que la directora Jenny Bernal y su equipo buscaban destinar más recursos a la contratación de personal que a las medidas, se levantó la polémica que llevó al gobernador Rubén Rocha Moya a criticar a la “burocracia dorada” de los organismos autónomos.
Ahora, en una revisión a los estados financieros, se confirma que el Instituto gasta en concepto de nómina y servicios un monto mensual de 578 mil 131.9 pesos, el cual contrasta con los apenas 110 mil 370 en ayudas sociales a defensores y periodistas.
Según un reporte del órgano, hasta el 30 de abril se estaban atendiendo a 2 periodistas desplazados, se pagaban 2 rentas de vivienda, una alimentación y se aportó para atención médica grave de 2 personas más.
En el caso de los periodistas desplazados, se derogaron 40 mil pesos al mes hasta mayo, y a partir de junio la Dirección decidió, debido a unos estatutos aprobados por el Consejo, ya no continuar con esta atención.
Sin embargo, la nómina de sus 12 integrantes se conserva íntegra a pesar de los pocos casos extraordinarios de atención. Por ejemplo, según copia de los pagos a la estructura del Instituto, la directora Jenny Bernal gana 63 mil 112 pesos mensuales.
La secretaria técnica, Flor Leticia Castaños tiene sueldo quincenal de 17 mil 687 pesos; el coordinador de medidas, Juan Luis Quiñones Moreno, gana 20 mil 235 pesos, el titular de Transparencia, 12 mil 669 pesos.
La coordinadora Jurídica, María de los Ángeles Valdez Inzunza, sueldo de 20 mil 235 pesos quincenales, el coordinador administrativo, Cristian Alberto Acosta Padilla también 20 mil 235 pesos.
El resto del personal contratado, que suman otras 7 personas, sus sueldos quincenales van de los 12 mil hasta los 15 mil pesos mensuales.
Los estados financieros señalan que nada más en pagarles a ellos se van 421 mil 723 pesos al mes. Además, pagaron otros 50 mil pesos en un trimestre a “personal de carácter transitorio”.
Una atención deficiente
Cuando el Instituto aprobó el presupuesto en 2022, consejeros consultivos como Rosina Ávila y Alberto Morones, criticaron que la dirección encabezada por Bernal Arellano le dedicara más dinero a pagar empleados que en destinar a medidas de protección.
Consultado al respecto, uno de los usuarios del Instituto, el activista en favor de los derechos LGBT+, Tiago Ventura, indicó que fue decepcionante la forma en que se le dio seguridad a él, después de denunciar intimidaciones en febrero pasado.
“Ellos (del Instituto) sí me hablaron en lo inmediato, pero los policías se comunicaron 22 días después, no tienen buena comunicación, es decepcionante que se gaste tanto dinero y no haya coordinación para protegernos”, mencionó en entrevista con El Sol de Sinaloa.
Refirió que fue en febrero que denunció intimidaciones, personal del Instituto se comunicó por celular, pero no pasó de ahí, de “atención por llamadas”.
“Si eso es todo lo que van a hacer, mejor que cierren la oficina, pongan un portal para nosotros generar nuestro oficio y pedirle a las autoridades que nos den la protección”, apuntó.
Otro tema que causó polémica es que la directora Jenny Bernal le extendió medidas de protección a la diputada de Morena, Almendra Negrete.
“Además, ¿cómo el Instituto le da protección a mi agresora? Eso es muy decepcionante, es un elefante blanco”, comentó Ventura.
Sin réplica
Cuando se le cuestionó a la directora Jenny Bernal cuánto gastaba el Instituto en las medidas de manera mensual, enlazó a su secretaria técnica, quien remitió vía mensaje el informe de agosto a abril de las 31 atenciones dadas por el Instituto a periodistas y defensores de derechos humanos.
Sobre los gastos, no proporcionó ningún documento. El Sol de Sinaloa obtuvo información de nómina y gastos en marzo pasado mediante una petición de acceso a la información.
El resto de la información financiera se consultó en el portal https://institutodhypsinaloa.mx/, en el apartado de transparencia.
El consejero asesor
El 22 de junio de 2022, el Congreso del Estado eligió a los seis consejeros integrantes del Consejo Consultivo, así como a la directora Jenny Bernal Arellano.
Con esto se dio el primer paso para la conformación de este órgano que se encargaría de vigilar y hacer cumplir la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Entre los consejeros elegidos estuvo el periodista Mario Martini Rivera, director de portal Paralelo 21, pero a su vez asesor de la diputada de Movimiento Ciudadano, Celia Jáuregui, por lo que Martini goza de un sueldo por honorarios de 40 mil pesos al mes pagados por el Poder Legislativo.
En su currículum presentado para participar en la terna, Martini omitió ser asesor de Jáuregui desde que inició la 64 Legislatura.
Cuando se le preguntó a la legisladora si lo votó en el pleno, replicó que ella no fue quien propuso a su asesor como consejero para 5 años.
“Vieras que no fui yo quien lo propuso, fue el Grupo Parlamentario del PRI, yo no puse a consideración absolutamente a ninguno, sino que lo vimos en Jucopo y para mi sorpresa fue el coordinador del grupo del PRI”, comentó.
Dijo que ella no ve conflicto, ni ha tenido ningún contratiempo por su trabajo, ya que en el Consejo no cobra un sueldo, es un cargo honorífico.
Por otro lado, Celia Jáuregui minimizó que el Instituto gaste más en sueldos que en medidas, y refirió que debe ir fortaleciéndose con mejores herramientas para la atención de los gremios.
Bolsa de trabajo de Jenny
Dos periodistas desplazados a quienes el Instituto autorizó apoyo económico por un lapso de 6 meses, al solicitar la extensión de las medidas paliativas al encontrarse fuera de Sinaloa, bajo protección por amenazas, la Dirección del Instituto les informó que ya no podían ampliar el plazo, debido a que lineamientos que la misma Dirección aprobó, establecen que ya no se puede.
En un documento remitido a los desplazados, uno de ellos con amenazas inminentes, investigadas por la FGR, la directora les mandó una bolsa de trabajo para que se empleen en la ciudad donde se encuentran bajo resguardo.
La petición fue en virtud de que el Instituto no tiene carga económica de más beneficiarios en su condición, y además, el Instituto aprobó 2.4 millones de pesos para tal fin, por lo que todavía queda 2 millones para este fin.
“Hicimos una petición respetuosa de extender porque no hay más casos que requieran la ayuda, pero ella nos manda una bolsa de trabajo”, inquirió uno de ellos.
Primer trimestre 2023
- 1 millón 496 mil 731.87 en nómina y servicios.
- 331 mil 110 pesos en ayudas, repartidas en 16 transferencias.
- 379,220.21 mil pesos en muebles de oficina y equipo de cómputo.
- 123 mil 050.11 pesos en materiales y suministros.
Atenciones
De agosto de 2022 a abril de 2023, se dieron 31 atenciones, la mayoría por amenazas. En abril nada más se otorgaron 7 medidas por desplazamiento,
Con información de: Josemiguel Souza y Manuela Bustamante
