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Culiacán, Sin.- “Culiacán está sitiado de manera irregular otra vez por los ‘retenes’, pero ahora con alta presencia militar, mismos que no tienen fundamento, sino por el contrario violentan los artículos 11, 16 y 21 de la Constitución Política de México, acusó la Asociación Política de Abogados de Sinaloa.
El presidente de esta asociación, Daniel Cebreros Ordoñez, puntualizo que con los “retenes” se violenta la garantía constitucional de libre tránsito por el país, lo cual genera molestias a las personas y en particular a las familias que son detenidas para revisarlas.
La Carta Magna, agregó, establece con mucha claridad que la autoridad encargada de la persecución del delito es el Ministerio Público, y que éste tendrá bajo su mando a la policía ministerial y demás policías.
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Sin embargo, advirtió, quienes están al mando de esos retenes son los militares y con ello asumen la función que corresponde al Ministerio Público.
Cebreros Ordóñez comentó que de acuerdo a lo que se ha informado, se ha desplegado un operativo de seis retenes, entre fijos y móviles.
Pero lo cierto, igual que ha sucedido en otros años en que se han implementado los retenes, es que hasta el momento no ha habido resultados importantes.
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Los resultados que por lo regular se tienen en esos retenes, dijo, son detenciones de vehículos por falta de placas o por falta de licencias.
La cuestión, resaltó, es que estos hechos no son delitos, sino simplemente infracciones al Bando de Policía y Gobierno. Es decir, son faltas simplemente administrativas.
Lo mismo, puntualizó el presidente de la Asociación Política de Abogados de Sinaloa, ha ocurrido en años anteriores en que se ha implementado la misma estrategia.
Es más el gasto y el costo económico y político que los resultados que se obtienen, son más las molestias que los resultados, son más graves las violaciones a las garantías individuales que los resultados que se obtienen.
Daniel Cebreros Ordoñez
Por lo menos, dijo, en los retenes debería haber un agente del ministerio público, para guardar el respeto a la Constitución, o en su caso representantes de organismos defensores de derechos humanos.
