Culiacán, Sin.- Los feminicidios en menores de edad, es el extremo máximo de lo que puede pasar en la sociedad y, hasta el momento, no se ha visto una respuesta contundente de la autoridad, los organismos de la defensa de mujeres se ven muy débiles y sin una propuesta y preocupación real, afirmó el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHES), Leonel Aguirre Meza, al cuestionársele acerca del caso Pimentel.
Tras las declaraciones de la procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF de Culiacán, Liliana Pimentel Villalobos, colectivas feministas y la comunidad LGBT expresaron su indignación por los comentarios de revictimización, misoginia y homofobia de la funcionaria, trayendo a tela de juicio la capacitación de Pimentel para el cargo, incluso exigiendo su destitución o renuncia.
“Ninguna autoridad estaba al nivel de lo que está pasando, en cuanto a las expresiones de que tenía problemas familiares, esas no son las argumentaciones válidas para ponerse a la altura de algo que ocupa no nada más preocupación sino atención” afirmó Aguirre Meza.
Pimentel Viallobos mencionó en entrevista, que las jóvenes víctimas de feminicidio que fueron encontradas aun ardiendo en llamas al costado del Canal San Lorenzo en la sindicatura de Costa Rica, eran niñas ‘ingobernables’ ya que no contaban con una supervisión de sus padres, excusando su declaración en que la madre de una de ellas era adicta y que provenían de familias con padres separados o disfuncionales.
El presidente de la CDDHES, comentó que ninguna autoridad está al nivel adecuado de atender este tipo de casos de violencia haciendo referencia a que ni Cepavif, ISMujeres, DIF e,incluso, la Fiscalía de investigar adecuadamente y prevenir los delitos, en este caso los feminicidios de menores de edad, sin embargo no aprobó las declaraciones de la procuradora.
“Toda la autoridad está sujeta a procedimientos, si tiene una expresión inadecuada, que discrimina, que no atiende igual a una persona, es delito” dijo Aguirre.
Respecto a la forma en que los casos de desapariciones forzadas son tomados por las autoridades, Leonel Aguirre mencionó que se necesitan investigadores especializados, ya que no puede mandar a alguien de homicidios a un caso de ese tipo.
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“A mí me molesta mucho que cuando vamos a ver un asunto de un desaparecido lo primero que preguntan es ‘¿a qué se dedicaba el muchacho?’, comienzan a criminalizar a la persona desaparecida y a los familiares” comentó.
Para finalizar señaló que aunque el protocolo marca que la denuncia debe realizarse inmediatamente luego de la desaparición a veces se tardan hasta 3 días en hacerla para ver si la persona aparece detenida o muerta, aseguró que la autoridad no está al nivel para atender casos con la debida diligencia.
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