Culiacán, Sin.- Toda muerte violenta de niña, adolescente o mujer debe investigarse como feminicidio, argumentó Priscila Salas, líder del colectivo feminista No te metas con Nuestras Hijas para exigir que la muerte de María Luisa N, sea investigada de la misma forma.
La activista señaló que durante el proceso penal de María Luisa se violentaron sus derechos humanos y el debido proceso, acusó que la Fiscalía General del Estado y el poder judicial fueron omisos e ignoraron la salud mental de la mujer Tarahumara.
También puedes leer: Continúan hospitalizados cinco niños, hijos de jornaleros de Juan José Ríos
“Aunque ellos quieran hacerlo pasar por un suicidio, la ley dice que toda muerte violenta de una niña, adolescente o mujer debe de ser investigada como feminicidio y con perspectiva de género”, explicó Priscila Salas.
“La Fiscalía le está dando mucho por el homicidio de mujeres, hay que poner atención en eso, porque María Luisa no estaba en su casa, ella estaba bajo la custodia del Estado, y ahí hay varias omisiones que hay que investigar, porque a las personas que están en la cárcel se les protege para que no vayan a cometer un suicidio”.
María Luisa se encontraba en prisión preventiva en el penal de Angostura por su presunta responsabilidad en la muerte de su hija de 4 años, y el día de ayer fue encontrada sin vida por los custodios del penal alrededor de las 7:00 horas en el pase de lista matutino.
Priscila Salas cuestionó el actuar de las autoridades ante el evidente estado de salud mental de María Luisa y la omisión al evitar que pusiera en riesgo su vida, ante estas inconsistencias la activista señaló que este hecho debe investigarse como feminicidio.
“Porqué a María Luisa si estaba en un estado de quebranto de salud mental, ¿por qué se le dejaba a ella implementos que pudieran haber sido peligrosos para ella? eso es una omisión del Estado”, señaló la activista.
“Muchas veces el Estado y las autoridades de todos los niveles quieren lavarse las manos y decir que es un suicidio, María Luisa no tuvo un debido proceso, el estado de Sinaloa le quedó a deber todo”.
