Culiacán, Sin.- La diputación permanente dio primera lectura y dispensó la segunda a seis iniciativas de reforma, adiciones y creaciones de nuevas leyes entre ellas la “iniciativa preferente” que presentó el Grupo Parlamentario de Morena para reformar la Constitución Política del Estado de Sinaloa.
El objeto es que en la primera semana de cada Período Ordinario de Sesiones el Gobernador podrá presentar hasta dos iniciativas de carácter preferente, las que serán votadas por el Pleno del Congreso durante el período ordinario en que se presenten.
No podrán tener el carácter preferente las iniciativas que el Ejecutivo estatal presente en materia presupuestal, al sistema electoral y de partidos ni reformas constitucionales.
Si bien es cierto que en Sinaloa desde el 2012 se modificó la Constitución Política del Estado de Sinaloa en ésta materia, pero se dan diez días de plazo para votarlas, mientras que en otros estados contemplan todo el periodo ordinario.
“Sinaloa escapa a esta tendencia con un increíble plazo de diez días naturales, lo que plantea serias consecuencias para la división de poderes, la actividad parlamentaria y, sobre todo, para la sociedad sinaloense”, se especifica en la iniciativa.
Señalan que el plazo de diez días resulta antiparlamentario, anticonstitucional y consagra la peor versión de la perniciosa práctica de legislar al vapor.
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“Si de por sí este plazo suena absurdo, el requisito de la votación empeora a diferencia de todos los estados que contemplan el mecanismo y de la Constitución general en Sinaloa las iniciativas preferentes requieren de una mayoría calificada no para aprobarlas sino para rechazarlas o siquiera modificarlas”, se establece.
Por ello el grupo parlamentario de Morena propone que en la primera semana de cada periodo ordinario de sesiones el gobernador podrá presentar hasta dos iniciativas de carácter preferente las que serán votadas por el pleno del congreso durante el periodo ordinario en que se presenten y no podrán tener el carácter preferente las iniciativas del Ejecutivo estatal presente en materia presupuestal, al sistema electoral y de partidos, ni reformas constitucionales.
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