Culiacán, Sin.- El presidente de la Comisión de Fiscalización, Marco Antonio Zazueta condenó que la Auditoría Superior del Estado, haya reculado en acusación contra el ex secretario de Administración y Finanzas de la administración malovista, Armando Villarreal.
“Las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo de Morena no vamos permitir, que se siga cayendo en el paternalismo del Estado en estar perdonando, condonando o parcializando el reintegro de los recursos públicos que fueron desviados por el actuar intencionado de servidores públicos, ocasionando daño al patrimonio de la hacienda pública”, dijo.
Recordó que la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa durante el ejercicio 2017, llevó a cabo la revisión y fiscalización de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, correspondiente al Segundo Semestre de 2016, determinando el pliego de observaciones 355/2017, en el cual se señala que se han ocasionado daños y perjuicios a los recursos federales.
Entre esos perjuicios, dijo que son: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (por su siglas FASP) y Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (por su siglas FAEB), por monto inicial observado de 290 millones 14 mil 430 pesos por concepto de autorización indebidamente traspasos de cuentas bancarias donde se manejan recursos para fines a cuentas de Ingresos Propios, así como por llevar a cabo las transferencias, desconociéndose el uso y destino de dichos recursos.
“Actualmente y debido a que ha habido solventación por 29 millones 76 mil 848 pesos, así lo señala la Auditoría Superior del Estado en sus informes de seguimiento, su saldo por recuperar es por 260 millones 937 mil 582 millones de pesos”, detalló.
Dijo que éste congreso siempre estará a la defensa del ejercicio y la aplicación de la Ley en todas sus modalidades, y sobre todo tratándose del manejo y control de los recursos públicos, ya que por mandato constitucional se le está encomendado.
“Y aplaude con sentido de responsabilidad y respeto a las instituciones del sistema judicial federal por el encausamiento del debido proceso de la audiencia pública del día viernes 13 de noviembre del presente año, en donde la juez Sara Bruna Quiñónez rechazó validar un documento con el que la defensa de uno de los tres funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas, acusados de desviar 260 millones de pesos, pretendía obtener el perdón por unos de los delitos que se le acusa”, indicó.
El diputado de Morena señaló que el documento fue emitido como una estrategia argumentativa por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, Órgano Técnico de Fiscalización de este Congreso del Estado de Sinaloa, que fue promovido por otros dos coacusados, en el ex titular de la Secretaria de Administración y Finanzas en el sexenio de Mario López Valdez y el ex Tesorero, con el buscaban quitarse la acusación por el delito de desempeño irregular de la función pública.
En este sentido, advirtió, vemos que se vulnero principalmente el principio de objetividad del Código de ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Auditoría Superior del Estado, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” el 26 de marzo del 2012.
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Señaló que la ASE debió evaluar constantemente la confiabilidad de las evidencias documentales utilizadas en respaldo de sus hallazgos, comprobando con fuentes externas, cuando hubiera habido dudas respecto a la corrección del documento que conserva la entidad fiscalizada. Podría decirse desde el inicio de la determinación del hallazgo.
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