Culiacán, Sin.- Abortar en Sinaloa sigue la ruta de imponer trabas a las mujeres, como Andrea que cuando acudió hace unos meses a practicarse un aborto, luego de enterarse de haber quedado embarazada, los especialistas que consultó le aseguraron que no podían por “motivos religiosos”.
“En cuanto supe que estaba embarazada realicé una investigación de distintos ginecólogos que me pudieran atender, acudí a tres, y dos de ellos me contestaron que no podían por la religión que profesaban”, explica la joven, quien pidió cambio de identidad.
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El tercer ginecólogo sí la atendió, y le recetó misoprostol, lo que devino en síntomas como sangrado, náuseas, vómito y fiebre, los cuales pasaron al tercer día de haber tomado la pastilla.
Para Andrea, su experiencia con los servicios de salud no fue nada agradable, pero es una situación que mantiene en riesgo a las mujeres que desean interrumpir la gestación, bajo el marco legal aprobado el pasado 8 de marzo en el Congreso del Estado y en vigor luego de publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Niegan el servicio
En Sinaloa, las mujeres siguen enfrentando un viacrusis para practicarse un aborto, pues las instituciones de salud imponen una serie de trabas que solo redundan en la violación a sus derechos humanos.
"En Guasave, los están negando (los abortos), en Mochis también, en Mazatlán no han hecho ninguno", detalla Priscila Salas Espinoza, líder de la colectiva “No se metan con nuestras hijas”.
La colectiva que representa Salas ha documentado casos de mujeres que acuden a hospitales y les dicen que no hay nadie que pueda hacerse cargo, o de plano, les han dicho que deben llevar papeles firmados por sus padres, aun siendo mayores de edad las usuarias.
“Falta una verdadera política pública integral que concentre planes, programas y presupuestos adecuados que atienda la problemática y garantice la Interrupción legal del embarazo en Sinaloa”, señala Salas Espinoza.
Critica que a cuatro meses de aprobarse el aborto legal en el estado, todavía existe poca disposición de los servicios de salud para brindar un servicio adecuado que no ponga en riesgo la salud de las personas gestantes.
“El personal es personal que no está capacitado en derechos humanos, es personal que está acostumbrado a violentar a las mujeres, a cometer violencia institucional, a revictimizar, a no garantizar sus derechos reproductivos y sexuales, para ellos es muy fácil anteponer sus creencias personales a los derechos de las chicas", detalla.
"Les niegan el servicio, les dicen que vuelvan, les dicen que no tienen personal. A una chica, en Guasave, la regresaron porque no llevaba a su mamá, pero era mayor de edad".
Ni insumos ni medicamentos.... ni médicos
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la combinación de los medicamentos mifepristona y misoprostol son el método recomendado para un aborto médico seguro, la recomendación es consumir una dosis de 200 mg de mifepristona, siempre debe administrarse por vía oral, seguido de misoprostol de 1 a 2 días más tarde, sin embargo, su consumo siempre debe ser asesorado por un especialista, pues las dosis y las vías en las que deben administrarse varían según las semanas de gestación.
En la actualidad, las instituciones de salud pública en Sinaloa no cuentan con dichos insumos, explica Priscila Salas, no se apegan al protocolo de la OMS y tampoco disponen de los especialistas necesarios para atender la demanda.
"¿Cómo está cumpliendo el servicio gratuito, si yo voy a comprar el medicamento, si yo voy a hacer todo?", cuestiona la feminista.
Estadística vs. realidad
"Es muy curioso que los servicios de salud han hecho 86 abortos por voluntad desde el 12 de marzo a la fecha, cuando casi cada acompañante en el estado atiende en promedio de 2 a 5 servicios por semana", cuenta Salas Espinoza.
Dice que el problema radica no en que las chicas consigan el servicio, sino en que el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar el servicio y el acceso pleno tanto de una vida libre de violencia cómo a un aborto por voluntad, gratuito y seguro.
En Sinaloa han pasado cuatro meses de la aprobación legislativa, con el visto bueno del Ejecutivo, pero ahora los puntos a abatir se encuentran enquistado en los servicios de salud que siguen violentando el derecho de las personas gestantes para acceder a la interrupción del embarazo.
