/ lunes 24 de octubre de 2022

Ganan 87 mil pesos al mes, pero no dan resultados; así opera el Sistema Anticorrupción

Cobran altos sueldos por simular que combaten la corrupción, son 11 funcionarios a los que se les paga supuestamente para evitar el mal uso del erario

En Sinaloa el combate a la corrupción no sólo se hace de manera sesgada, también es simulada con un Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción “cooptado”, que no presenta resultados de fondo para abatir los malos manejos del erario. Eso sí, quienes lo integran cobran jugosos salarios que suman en total un monto de 642 mil 192 pesos cada mes por concepto de sueldos.

Todos ganan un cheque nada despreciable, pero nadie como el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, Francisco Javier Lizárraga Valdez, quien junto con el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Avendaño Coronel, se llevan los mejores emolumentos: 87 mil 270 pesos y 75 mil pesos mensuales.

También puedes leer: Congreso reprueba cuentas públicas de Navolato y Elota

Avendaño Coronel, además, fue descubierto en julio pasado litigando como abogado particular del ex funcionario de la SEDATU, Rosendo Luque Camacho, denunciado por la FGR por presuntamente desviar 151 mil 505 pesos del Fonden.

Esta situación originó una polémica que terminó en nada, ni sanciones ni exhortos para quien desde lo institucional debería combatir la corrupción, a pesar de que el gobernador Rubén Rocha Moya consideró que sí había conflicto de interés del abogado.

Cotizados

La Secretaría Ejecutiva es todo un elefante burocrático de cargos públicos. En total, según el organigrama consultado en su portal, tiene 11 plazas. Fue creada en 2017 por el Congreso para darle certeza al combate a la corrupción en Sinaloa, pero en estos cinco años, en lugar de verse fortalecido, el SEMAES se ha visto disminuido.

Las integrantes de Iniciativa Sinaloa han denunciado la ineficacia y cooptación del Sistema Anticorrupción. Foto: Cortesía | Iniciativa Sinaloa

En total el Sistema eroga 7 millones 706 mil 304 pesos en pagar una estructura ineficiente, burocrática y cuyos resultados en emitir exhortos o denuncias por mal manejo de recursos a funcionarios o entes públicos, no se ven por ningún lado.

Es decir, el Sistema se gasta la mitad de su presupuesto anual, que este 2022 se aprobó en 16 millones 728 mil 028 pesos, en pagar salarios.

Además, el ente público eroga un millón 740 mil pesos en concepto de renta de oficinas a la empresa Promotora Sinaloense de Negocios SA de CV, ubicada en el edificio 1221 de la avenida Insurgentes, en la colonia Centro Sinaloa de Culiacán.

El contrato dice que concluyó el año pasado, pero las oficinas no se han movido del edificio Las Américas de Insurgentes Sur.

Deficiente

Una de las personas más críticas del Sistema Anticorrupción ha sido Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, quien en entrevista con El Sol de Sinaloa, describe al SEMAES como un órgano que ha caído en el desprestigio y la inoperatividad,

“Nos preocupa que no dé los resultados esperados, que el Comité de Participación Ciudadana no sea un verdadero contrapeso”, indicó León Fontes.

El Congreso del Estado lleva todo el 2022 sin nombrar a tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Foto: Cortesía | Congreso


En estos momentos, dentro del Comité, existen tres vacantes cuyo proceso para ocuparse debió comenzar en enero pasado, pero el Congreso no le apostó a apuntar al Sistema.

Por el contrario, todo lo que se ve es el uso de una justicia selectiva en combate a la corrupción.

“Vemos una justicia selectiva, no un combate a la corrupción de manera sistémica, el caso de Jesús Estrada Ferreiro, sea responsable o no de lo que se le imputa, no salió del Sistema ni del Comité. Ahora no sabemos qué pase con el caso de Mazatlán, pero es donde deberían estar las instituciones involucradas, no se ven por ningún lado”, comentó la activista en materia de transparencia.

De hecho, la denuncia contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, por presunto daño al erario por el monto de 60 millones de pesos, en el marco del contrato con la empresa de luminarias Azteca Lighting, fue una decisión política de parte del Congreso y la Auditoría Superior del Estado, no un trabajo de fondo del Sistema.

León Fontes también recordó que ahora hay señalamientos en contra de la administración de Quirino Ordaz Coppel, la cual entregó contratos sin licitar por casi 500 millones de pesos en obra pública, aprovechando la pandemia.

“Es lo mismo, el gobernador Rubén Rocha ya habló del tema, la sociedad civil y medios denuncian, deberían actuar también”, apuntó Marlene León.

“Vemos que el Sistema no hace exhortos”, sentenció. Al revisar el portal de transparencia, no se encontraron, lo que sí fueron Recomendaciones No Vinculantes, las cuales han sido menos en 2022, y además, los municipios ni gobiernos las aceptan. Y como su nombre lo indican, no son vinculantes.

Lo que Iniciativa Sinaloa ve es un Sistema Anticorrupción “cooptado”, pero eso sí, sus integrantes cobran puntualmente sus sueldos, bonos y compensaciones desde el cuarto piso del edificio Las Américas.

En Sinaloa el combate a la corrupción no sólo se hace de manera sesgada, también es simulada con un Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción “cooptado”, que no presenta resultados de fondo para abatir los malos manejos del erario. Eso sí, quienes lo integran cobran jugosos salarios que suman en total un monto de 642 mil 192 pesos cada mes por concepto de sueldos.

Todos ganan un cheque nada despreciable, pero nadie como el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, Francisco Javier Lizárraga Valdez, quien junto con el presidente del Comité de Participación Ciudadana, Sergio Avendaño Coronel, se llevan los mejores emolumentos: 87 mil 270 pesos y 75 mil pesos mensuales.

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Avendaño Coronel, además, fue descubierto en julio pasado litigando como abogado particular del ex funcionario de la SEDATU, Rosendo Luque Camacho, denunciado por la FGR por presuntamente desviar 151 mil 505 pesos del Fonden.

Esta situación originó una polémica que terminó en nada, ni sanciones ni exhortos para quien desde lo institucional debería combatir la corrupción, a pesar de que el gobernador Rubén Rocha Moya consideró que sí había conflicto de interés del abogado.

Cotizados

La Secretaría Ejecutiva es todo un elefante burocrático de cargos públicos. En total, según el organigrama consultado en su portal, tiene 11 plazas. Fue creada en 2017 por el Congreso para darle certeza al combate a la corrupción en Sinaloa, pero en estos cinco años, en lugar de verse fortalecido, el SEMAES se ha visto disminuido.

Las integrantes de Iniciativa Sinaloa han denunciado la ineficacia y cooptación del Sistema Anticorrupción. Foto: Cortesía | Iniciativa Sinaloa

En total el Sistema eroga 7 millones 706 mil 304 pesos en pagar una estructura ineficiente, burocrática y cuyos resultados en emitir exhortos o denuncias por mal manejo de recursos a funcionarios o entes públicos, no se ven por ningún lado.

Es decir, el Sistema se gasta la mitad de su presupuesto anual, que este 2022 se aprobó en 16 millones 728 mil 028 pesos, en pagar salarios.

Además, el ente público eroga un millón 740 mil pesos en concepto de renta de oficinas a la empresa Promotora Sinaloense de Negocios SA de CV, ubicada en el edificio 1221 de la avenida Insurgentes, en la colonia Centro Sinaloa de Culiacán.

El contrato dice que concluyó el año pasado, pero las oficinas no se han movido del edificio Las Américas de Insurgentes Sur.

Deficiente

Una de las personas más críticas del Sistema Anticorrupción ha sido Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, quien en entrevista con El Sol de Sinaloa, describe al SEMAES como un órgano que ha caído en el desprestigio y la inoperatividad,

“Nos preocupa que no dé los resultados esperados, que el Comité de Participación Ciudadana no sea un verdadero contrapeso”, indicó León Fontes.

El Congreso del Estado lleva todo el 2022 sin nombrar a tres integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Foto: Cortesía | Congreso


En estos momentos, dentro del Comité, existen tres vacantes cuyo proceso para ocuparse debió comenzar en enero pasado, pero el Congreso no le apostó a apuntar al Sistema.

Por el contrario, todo lo que se ve es el uso de una justicia selectiva en combate a la corrupción.

“Vemos una justicia selectiva, no un combate a la corrupción de manera sistémica, el caso de Jesús Estrada Ferreiro, sea responsable o no de lo que se le imputa, no salió del Sistema ni del Comité. Ahora no sabemos qué pase con el caso de Mazatlán, pero es donde deberían estar las instituciones involucradas, no se ven por ningún lado”, comentó la activista en materia de transparencia.

De hecho, la denuncia contra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, “El Químico”, por presunto daño al erario por el monto de 60 millones de pesos, en el marco del contrato con la empresa de luminarias Azteca Lighting, fue una decisión política de parte del Congreso y la Auditoría Superior del Estado, no un trabajo de fondo del Sistema.

León Fontes también recordó que ahora hay señalamientos en contra de la administración de Quirino Ordaz Coppel, la cual entregó contratos sin licitar por casi 500 millones de pesos en obra pública, aprovechando la pandemia.

“Es lo mismo, el gobernador Rubén Rocha ya habló del tema, la sociedad civil y medios denuncian, deberían actuar también”, apuntó Marlene León.

“Vemos que el Sistema no hace exhortos”, sentenció. Al revisar el portal de transparencia, no se encontraron, lo que sí fueron Recomendaciones No Vinculantes, las cuales han sido menos en 2022, y además, los municipios ni gobiernos las aceptan. Y como su nombre lo indican, no son vinculantes.

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