Culiacán, Sin.- A más de 72 horas del operativo de seguridad realizado en la colonia Miguel Hidalgo, al este de Culiacán, el gobierno de Sinaloa no ha ofrecido a poyo a familiares de don Isidoro Medina Zazueta, quien muró presuntamente durante el despliegue militar y policial.
El gobernador Rubén Rocha Moya aseguró en la conferencia de prensa semanera del 9 de enero que darán apoyo a las familias y víctimas de los hechos violentos ocurridos en los últimos días, entre ellos Isidoro, de 83 años; sin embargo, no especificó que serán ellos quienes se acercarán a las víctimas o son las familias quienes deben solicitar el apoyo.
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“¿Por qué los tengo que buscar yo? Si ellos son lo que hicieron todo. Que se hagan responsable de todos los gastos, ellos son los que tienen que venir, mínimo a dar las condolencias”, expresó Sonia Medina, hija de Don Isidoro.
Fue el pasado sábado 7 de enero, dos días después del segundo Culiacanazo, cuando autoridades estatales en coordinación con elementos federales ejecutaron un operativo de seguridad en la colonia Miguel Hidalgo, donde catearon varias viviendas sobre la calle Mariano Escobedo.
Una de las viviendas era donde habitaba Don Isidoro Medina Zazueta, quien recibió un impacto de bala, presuntamente por elementos de seguridad, quienes lo llevaron a un hospital y minutos más tarde perdió la vida.
Osvaldo Medina, el mayor de los hijos de Isidoro, relató que los elementos de seguridad irrumpieron en la vivienda sin una orden de cateo, violentando los derechos humanos y destrozando todo a su paso.
“El portón lo rompieron, entraron a la fuerza, destrozaron todo como si se tratara de un criminal”, expresó.
Los daños materiales en la vivienda y los gastos económicos del funeral ascienden a cientos de miles de pesos, cantidad que la familia de Don Isidoro no tiene para cubrir y han adquirido créditos para sobrepasar la situación.
“Nada más firmando, en la funeraria, en la San Martín, ¿cómo le hicimos? Firmando: responsable Isabel”, explicó la hija de Isidoro.
Hasta el día de hoy a las 10:00 de la mañana un grupo de peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar de los hechos, a tomar fotografías y tomar el reporte de los daños.
Al interior de la vivienda todavía se encuentran charcos de sangre, huellas de bota tipo militar, muebles y figuras decorativas destrozadas y la marca del forcejeo en las puertas de las recámaras.
A las 12:00 horas de este día los familiares no habían recibido la visita de autoridades de Gobierno del Estado, de atención a víctimas de la violencia y derechos humanos.
