Uno a uno, los jueces federales comienzan a fallar a favor de decenas de familias en Sinaloa que buscan un amparo para evitar que sus desaparecidos sean borrados del nuevo censo que realiza el gobierno federal por encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Los datos pueden encontrarse en los estrados de los juzgados de Culiacán, los cuales han notificado suspensiones de plano, para que las autoridades de los tres niveles se aboquen a buscar y localizar a las personas desaparecidas.
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Por otro lado, también se ha concedido suspensiones provisionales para que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, no altere el censo de desaparecidos y deje los archivos en el estado en que se encuentran, ya que en diciembre pasado López Obrador dio a conocer que censaron de nuevo los casos, bajo el argumento de que muchas personas reportadas como desaparecidas, volvieron a sus casas sin que se hayan retirado las denuncias.
El caso de Reynalda
Pero no fue el caso de Reynalda Lourdes Millán, quien desde noviembre de 2015 busca a su hijo Jorge Daniel Armenta Millán, de 25 años, del cual ya no volvió a saberse cuando salió de su casa en la colonia Infonavit Solidaridad y ya no regresó.
El Juez Cuarto de Distrito le concedió las dos suspensiones “toda vez que se reclama la desaparición forzada, se requiere a las corporaciones policiacas y de reclusión de esta ciudad para que informen en un plazo de 12 horas sobre el paradero de esta persona”.
El viacrucis de Reynalda Lourdes ha sido intenso estos años, se volvió activista por la causas de las familias de desaparecidos, en 2016 le informaron que su hijo había sido incinerado en las viejas instalaciones de la Feria Ganadera contigua a la Canaco, al norte de la capital, ella y sus hijas acudieron a rastrear un puñado de cenizas, pero la autoridad nunca concluyó nada, un año después, la antigua plaza de toros fue destruida para construir en su lugar la moderna Plaza Sendero.
Hoy, ella trata de ampararse para que el nombre de su hijo, lo único que le queda de él, no esté fuera del censo que realiza el gobierno federal, pues diversas organizaciones de familias han denunciado que López Obrador busca rasurar el padrón para bajar los números de desaparecidos en el país.
El juez Cuarto ya otorgó la suspensión provisional para que el censo realizado por la Comisión Nacional de Búsqueda no sea modificado en tanto se revuelve el fondo del asunto.
De ganar los amparos, las familias confirmarían si su nombres siguen en la lista oficial. Para ello, los jueces requerirán a la Presidencia de la República a la Secretaría de Gobernación el padrón para analizarlo y verificar que aquellos que un día fueron, no sean borrados de la memoria del Estado.
Estrategia legal
El pasado 15 de enero, la asociación Sabuesos Guerreros presentó ante el Poder Judicial un compendio de 22 recursos de amparos en contra de la estrategia nacional de búsqueda en vida, ejecutada por el gobierno federal durante 2023.
La misma estrategia dio como resultado la eliminación de cerca de 800 personas desaparecidas del Registro Nacional bajo el argumento de que se encontraban con vida; sin embargo, ninguna de ellas ha sido localizada.
En marzo del 2023, el gobierno federal arrancó la Estrategia Nacional de Búsqueda en coordinación con la Secretaría del Bienestar, la cual, consistió en buscar personas con visitas a domicilios, donde se supone las personas desaparecidas podrían estar viviendo.
También se realizaron cruces de información con diversas dependencias de gobierno y el Registro Nacional de Desaparecidos a fin de encontrar personas que después de su desaparición hayan hecho algún trámite burocrático o ha sido atendido por alguna dependencia de Salud pública y más.