Culiacán, Sin. -En sesión ordinaria, el Congreso del Estado aprobó diversas modificaciones al Código Penal con el objetivo de combatir actos ilícitos cometidos por servidores públicos.
Una de las reformas busca sancionar a policías y otros funcionarios de seguridad que, estando presentes en el momento de cometerse un delito, omitan cumplir con sus obligaciones legales de intervenir. Se les impondrán entre dos y seis años de cárcel.
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Otra reforma apunta a castigar a trabajadores del sector salud que apliquen vacunas contra enfermedades contagiosas sin respetar los derechos de preferencia definidos por las autoridades sanitarias.
También se volvieron imprescriptibles delitos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado y otros, cuando el servidor público obtenga beneficios económicos para sí o sus familiares.
Asimismo, se prohíbe designar a parientes hasta el cuarto grado para cargos públicos o darles contratos gubernamentales, imponiendo cárcel de uno a tres años por estos actos de nepotismo.
Se castigará igualmente la difusión de imágenes o información que vulneren la dignidad de víctimas de delitos cometidos por funcionarios públicos.
La obstrucción a la revisión del uso de recursos públicos también se considerará ahora una forma de abuso de autoridad en las reformas al código penal sinaloense.
