En Sinaloa, cada diputado le cuesta al erario de los ciudadanos un monto de 9.03 millones de pesos al año, dinero que se va en dietas, fondos sociales y pago de personal, pero esta cantidad no se refleja en el trabajo legislativo que el Congreso del Estado tiene por obligación constitucional atender, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.
El Informe Legislativo 2023 del IMCO sobre los 31 congresos estatales del país, indica que el Congreso de Sinaloa se encuentra a mitad de la tabla en cuanto a uso de recursos, con 525.85 millones de pesos aprobados para este año en el que se incluye a la Auditoría Superior del Estado.
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Sin embargo, en los casi ocho meses del 2023, el Poder Legislativo no ha realizado ninguna reforma de gran calado en materia de salud, seguridad pública, combate a la pobreza o el rezago educativo, salvo la aprobación en febrero pasado de la Ley de Educación Superior, la cual se encuentra frenada en los tribunales por el pleito jurídico con la Universidad Autónoma de Sinaloa.
De los 181 decretos publicados de enero a la fecha, votados en el Pleno -una forma de medir el trabajo final de los diputados-, un total de 124 fueron de pensiones por jubilación o por muerte a familiares, y nada más 20 decretos tienen relación con reformas a leyes, códigos y artículos a la constitución local.
Ninguna reforma, por cierto, fue en materia de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. En la revisión de los decretos aprobados por la mayoría, se encuentran reformas al código familiar, al penal, a leyes en favor de las mujeres y la infancia, y otras a favor de los derechos humanos, como la Ley de prevención de la tortura.
Por el contrario, las reasignaciones de recursos en materia educativa (200 millones) no se han ejercido hacia el tercer trimestre del año, menos el presupuesto de los 20 millones del llamado Triángulo del Bienestar, los cuales supuestamente se gastarán en gallinas ponedoras y árboles de aguacate.
Pero el presupuesto se ejerce
Según el IMCO, Sinaloa está en el sitio 17 de los congresos que más presupuesto se asigna, ya que los más caros del país son Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Jalisco. De los 525.85 millones para 2023 en Sinaloa, el 68.9 por ciento lo ejerce la estructura del Legislativo y el 31 por ciento la ASE.
Esta cantidad representa el 0.82 por ciento del presupuesto estatal para este año fiscal en todo el estado, de acuerdo con el estudio, el cual apunta que un verdadero equilibrio presupuestal sería que el órgano fiscalizador tuviera cerca del 50 por ciento del dinero.
El IMCO concluye que el Poder Legislativo, incluyendo la ASE, tiene un costo de 163.4 pesos por cada habitante en el estado, tomando en cuenta que un promedio de 3 millones de personas, según las estadísticas del INEGI.
El Congreso sinaloense aparece en el estudio con un total de 267 trabajadores, repartidos entre diputados, asesores, personal de base o contratado por honorarios, incluyendo a la seguridad, y la estructura del órgano de fiscalización.
Obra monumental
Desde la legislatura pasada, también controlada por Morena, el Congreso inició una serie de remodelaciones, a los casi 100 millones de pesos que lleva gastados en un nuevo edificio para oficinas, ubicado a espaldas del Palacio Legislativo, este 2023 se sumó una nueva licitación con un monto de 20 millones de pesos.
A esto se suman encontronazos entre las bancadas, en especial Morena y el PAS, así como escándalos como el robo de cheques que concluyó con la vinculación a proceso de un ex trabajador administrativo.
Sin embargo, la propaganda política del líder de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, es que la 64 Legislatura realiza un incansable trabajo humano, de diálogo e inclusión, que no se refleja en reformas de gran calado al ir sobre su segundo año.
