Culiacán, Sin. -La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas entregó durante 2022 4 millones 715 mil 226 pesos en apoyos a víctimas del delito, de los cuales, del importe de 1 millón 842 mil 928 pesos auditados por la Auditoría Superior del Estado, 355 mil no cuentan con documentación comprobatoria suficiente para la entrega del apoyo.
De acuerdo con el Informe de Cuenta Pública de Fiscalización de la Auditoria Superior del Estado sobre el gasto de la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas, entre los apoyos no comprobados se encuentran ayudas para gastos funerarios, gastos hospitalarios, pagos de edictos, revisión de expedientes, compra de silla de ruedas y más.
También puedes leer: Unipol contrató servicios para impartir cursos y capacitaciones de forma irregular
Los resultados obtenidos por la ASE, indican que la comisión de atención a víctimas no cuenta con un reglamento interior que regule la estructura, organización y funcionamiento de la dependencia.
Su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el ejercicio fiscal 2022, no se encuentra debidamente elaborado y publicado y además no cuenta con la figura de órgano de Control Interno, área gubernamental que realiza funciones de fiscalización y vigilancia del organismo.
La Comisión no registra los pagos por concepto de nómina realizados a los trabajadores y no cumple con su obligación de trasparentar información de índole público de acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Todo lo anterior se encuentra observado por la Auditoría Superior del Estado como posible daño o perjuicio al patrimonio de la Comisión. Sin embargo, la titular de la dependencia, Gloria Armida Uriarte Uriarte, afirma que las arcas del organismo son sanas y transparentes, pero por cuestiones de protección y priorización de las víctimas, la comprobación de apoyos a través de facturas se vuelve complicado y tedioso, dejando a la Comisión en el riesgo permanente de ser observada como la ASE lo ha hecho en esta ocasión.
Conceptos de ayudas no comprobadas
En el listado de apoyos que no fueron comprobados, al interior del Informe Individual de la Cuenta Pública se encuentran 2 reembolso o pagos servicios funerarios por un concepto de 16 mil y 17 mil pesos, tres pagos por servicios hospitalarios de 55 mil 214 pesos y 50 mil pesos al mismo nombre de una beneficiaria y otro más de 24 mil para un beneficiario diferente.
Se contempla un apoyo para compra de silla con valor de 11 mil 213 pesos y un pago de edictos por un monto de 17 mil 540 pesos. El resto del listado se compone de apoyos por concepto de “ayudas sociales” por diversos montos, entre los cuales destaca uno a nombre de María Soledad Pérez Garmendia por 20 mil pesos, quien laboraba al interior de la Comisión de Atención a Víctimas y actualmente forma parte del equipo de la diputada federal y precandidata interna de Morena a la alcaldía de Culiacán, Merary Villegas.
Todo está aclarado
Al ser consultada sobre la situación fiscal de la Comisión de Atención Integral a Víctimas, la Comisionada, Gloria Uriarte, expuso que en muchas ocasiones, resulta complicado comprobar con facturas y a cómo lo pide la ASE en términos administrativos, cada uno de los apoyos que se otorgan, puesto que el solicitar facturas a las víctimas y exceso de documentación, motiva la revictimización mientras que el objetivo de la dependencia es priorizar apoyar a las víctimas.
La comisionada comentó que el proceso administrativo de comprobación de gastos resulta complicado cuando se trata de apoyar a víctimas, puesto que algunas veces las personas no cuentan con identificación oficial o por ejemplo, en el caso de apoyos a gastos funerarios, las empresas en ocasiones no acceden a facturar el servicio posterior a la fecha del servicio.
“Nosotros acreditamos a la ASE de la cantidad observada yo personalmente solicité una cita con la ASE y donde le hice ver que realmente las observaciones son de aportaciones a apoyos que les hemos dado a víctimas y nosotros tenemos la obligación de apoyarlas en el marco de la ley que nos rige y la ASE tiene otra forma de ver las cosas, ellas lo ven desde un punto administrativo”, expuso.
Respecto al caso de erogación de apoyos social a nombre de la excolaboradora de la Comisón, María Soledad Pérez Garmendia, Uriarte Uriarte explicó que este concepto se trata de una entrega de apoyo que se le dio a familiares de personas desaparecidas para las actividades de revisión de expedientes con la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.
Se trata un apoyo de 200 a 250 pesos por persona para la compra de alimentación durante la jornada de revisión de expedientes y para poder erogar el recurso se expide un cheque a nombre de un colaborador de la institución, quien lo cambia y se hace responsable de hacer entrega del dinero a cada una de las personas participantes en la actividad.
Aclaró que muchas veces esta es la única forma de poder comprobar la erogación de un gasto puesto que pedirle facturas a cada una de las familiares de personas desaparecidas, resulta despectivo y un acto de revictimización para las mismas.
Con ello, la comisionada resaltó que sería importante que la Auditoría Superior del Estado considerara el trabajo realizado por en Atención a Víctimas para de esta forma, evitar la exposición de supuesto malos manejos de recursos, cuando estos están debidamente transparentados.
