Culiacán, Sin.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria, le notificó un adeudo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por un monto de 2 mil 35 millones de pesos, derivados de retenciones del Impuesto sobre la Renta (ISR), realizadas a trabajadores durante 2015 y 2016 que no se notificaron a las autoridades hacendarias.
Durante su Conferencia Semanera, el mandatario estatal explicó que la existencia de este requerimiento del SAT es por mil 172 millones de pesos de retenciones del ISR no enteradas, más una cantidad de 862 millones de pesos adicionales bajo el concepto de “accesorios”, pero que se trata de recargos moratorios por dicha omisión, totalizando los 2 mil 35 millones de pesos que están ahora en calidad de “crédito fiscal”.
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El gobernador lamentó que las autoridades que encabezaban la UAS en el período 2015/2016 hayan caído en esa omisión, al utilizar seguramente esos recursos para incorporarlos al gasto del flujo, sin embargo, dijo que ahora buscará junto con el rector Jesús Madueña Molina, la manera de cubrir este adeudo.
Rocha Moya señaló que el procedimiento habitual es que Hacienda regresa el 75 por ciento de las retenciones del ISR, y considerando que se trata de una deuda de 2 mil millones de pesos, se avizora la necesidad de pagar 500 millones de pesos.
Recordó que este tema en particular lo abordó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le recomendó buscar una alternativa para cubrir este adeudo en apoyo a la universidad, la cual es subsidiaria tanto del Gobierno de Estado como de la Federación por su calidad de universidad pública.
Por ello, el siguiente paso es gestionar un convenio de pago con el SAT para evitar la eventualidad de embargos o de retenciones de participaciones hacia la UAS, escenario que se pretende evitar.
“¿Qué riesgos se corren?, que tome la decisión el SAT de turnarlo a Hacienda y decirle, ya no se manden las participaciones a la universidad, hay que pagar lo que debe, si no se hace un convenio en donde se pueda ver”, explicó.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, coincidió que esa es una posibilidad, porque Hacienda busca los mecanismos para que los entes públicos, y la universidad es un ente público, cumplan con sus obligaciones.
“Ha habido yo creo que más que probada comprensión por parte de la autoridad federal para encontrar las vías y mecanismos, el propio gobernador ha mencionado la posibilidad de que el gobierno intervenga para que este mecanismo permita a la universidad cumplir con esa obligación que ha desatendido por muchos años, pero finalmente la autoridad fiscal tiene sus propios mecanismos una vez que ha agotado todas las posibilidades de diálogo o de alternativas, digamos, conciliadas para efecto de cumplir con ellas”, concluyó.
